Sinaloa es uno de los estados más transparentes en materia de gastos en publicidad oficial. Sin embargo el periodista José Alfredo Beltrán de Iniciativa Sinaloa nos comparte su escepticismo sobre la calidad de la información oficial.

Publicidad Oficial: ¿Qué opina usted de los resultados del índice para su estado? ¿refleja lo que ya conocía sobre el uso de la publicidad oficial?

José Alfredo Beltrán: En el caso de Sinaloa la experiencia con las cifras que se proporcionan vía Ley de Acceso a la Información Pública del Estado desde siempre nos han generado dudas, suspicacias y baja credibilidad hacia las mismas. En el pasado hemos documentado –no en pocas ocasiones—cómo la información que se obtiene a través de la ley está incompleta, sesgada, depurada o simplemente, no se ajusta a la realidad.

En el caso particular el investigador ha tenido acceso a versiones de primera mano que revelan que hay gastos publicitarios oficiales que no se documentan, y hay transacciones que no son incluidas, formalmente, en los presupuestos oficiales, que terminan “cuadrándose”, para evitar cuestionamientos o señalamientos en este rubro sensible, que conecta al poder público con los poderes fácticos: los medios de difusión.

Ahora bien, si damos por auténticas las cifras, es importante resaltar que éstas entrañan una opacidad por la forma como son presentadas, ya que el concepto genérico de “difusión de acciones de Gobierno”, impide conocer el detalle del ejercicio del gasto público, y evaluar, asimismo, los contenidos de los mensajes que se financian con cargo al erario. La sociedad tiene derecho a saber no sólo cuánto, sino cómo se eroga el presupuesto oficial en materia publicitaria. Si se pagó una gacetilla –lo cual es contrario a la ética periodística–, si se financió un elogio, si se compró la portada de un medio de difusión, y en concreto, cómo se gasta el recurso. Y eso en Sinaloa, hasta ahora, ha sido imposible saberlo.

PO: ¿Conoce algún caso de presión a los medios a través de la asignación, retiro, negación o discriminación de pauta publicitaria en su estado?

JAL: En el actual sexenio que encabeza Mario López Valdez el semanario Riodoce ha denunciado un veto publicitario, debido a su línea crítica. Es el caso más sonado, hasta ahora. En el pasado, periódicos como Noroeste han denunciado la discrecionalidad con que en Sinaloa se asigna la publicidad gubernamental, beneficiando a diarios afines a los gobernadores en turno.

PO: ¿Sabe cuál es la práctica del gobierno de su estado para asignar la publicidad oficial? ¿existen diferencias con los gobiernos anteriores?

JAL: La publicidad oficial se asigna con base en criterios subjetivos, caprichosos, del gobernante en turno, a su total discreción. Impera aún la vieja máxima del sistema autoritario “No pago para que me pegues”. No existe una ley que con base en criterios objetivos determine en qué medios se anuncia el gobierno. En este sentido, no hay diferencias respecto a gobiernos anteriores.

PO: ¿Existen iniciativas de ley para regular la publicidad oficial en su estado?

JAL: Actualmente no, porque es un tema que no está en la agenda pública. Y salvo coyunturas específicas, algunos medios como Noroeste han puesto el tema en la palestra, sin que haya actores sociales o masa crítica que empujen una legislación en la materia. En las dos anteriores Legislatura, los diputados del PRD propusieron una iniciativa sobre transparencia publicitaria, que en la actual, la 60, no fue ratificada. Algunos periodistas activistas hemos realizado foros al respecto, pero sin un interés de la clase política local por abrigar el tema, fundamental en la construcción de un Estado de Derecho.

PO: Tiene algún comentario que considera que vale la pena agregar en este análisis

JAL: Sí. Debemos analizar con reserva los números, fríos, que nos proporcionan los gobiernos estatales en este rubro. No hay que dejar de lado que a diferencia de la federación, en los estados del país sigue existiendo un fuerte control político de los gobernadores, que convierten en feudos sus estados, y determinan discrecionalmente presupuestos públicos, y controlan las instituciones. Ello aunado a que hay dueños de medios de difusión que a la vez son propietarios de otros negocios, vía por la cual pueden acceder a más recursos públicos.

El Estado de México es uno de los estados mejor evaluado en el Índice. Sin embargo el periodista mexiquense Enrique I. Gómez cuestiona la calidad de las cifras oficiales. Conoce su opinión:

Publicidad Oficial: ¿Qué opina usted de los resultados del índice para su estado?, ¿refleja lo que ya conocía sobre el uso de la publicidad oficial?

Enrique I. Gómez: El resultado confirma la discrepancia y falta de congruencia de las propias cifras oficiales. En 2011 el Presupuesto ejercido asciende a 140 millones, menor al de 2010, cuando alcanzó los 146.4 millones de pesos, lo cual representaría una disminución de poco más del 4 por ciento. A la luz de tales cifras podemos evaluar que existe una contención presupuestal en materia del gasto publicitario, lo cual derivaría de una adecuada instrumentación del Presupuesto del Estado de México.

Sin embargo, tal hipótesis es fácilmente cuestionable al comparar tales cifras con las acciones planteadas en el Presupuesto aprobado en 2011. En dicho documento, en el proyecto de “difusión y comunicación institucional”, que forma parte del gasto publicitario, se indicó que estaban programadas 73 acciones, mientras en 2010 se estimó realizar sólo 25, lo cual implicó un aumento del 192 por ciento.

Dicho proyecto tiene como objetivo mantener informada a la ciudadanía de las acciones relevantes del gobierno, mediante la difusión en los medios de comunicación, según indica el citado documento. En descargo de las cifras oficiales, que en materia de publicidad ofrece el gobierno estatal, se puede argumentar que estas acciones del proyecto de “difusión y comunicación institucional” no tienen relación con la contratación de espacios publicitarios.

Sin embargo, el propio Presupuesto estatal de 2011, con respecto al de 2010, mantuvo casi idénticas las acciones relacionadas con la contratación de medios de comunicación, como lo fue el diseño de 28 campañas de comunicación institucional y la divulgación de mil 610 obras y acciones en materia de desarrollo urbano. Además también se aprobó mantener el mismo nivel de inserciones en prensa, que ascendieron a 2 mil 780, y ordenar la propagación de 29 campañas en diversos medios.

El gobierno estatal también puede argumentar que durante el ejercicio presupuestal contuvo el gasto publicitario, pero destaca que durante los últimos años ha sido una constante que la administración mexiquense asegura disminuir o contener el gasto publicitario, mientras aumenta las acciones a desarrollar con dicho presupuesto.

Adicional a ello es del dominio común, que los años considerados en el análisis de Fundar, abarcan la administración del ahora Presidente Enrique Peña Nieto, donde fue evidente la exposición mediática del entonces Gobernador mexiquense.

Sin duda un complemento interesante del índice de gasto publicitario, sería el análisis del Presupuesto estatal por programa, revisando las metas en materia publicitaria, además de compararlas con las cifras finales en las respectivas Cuentas Públicas.

PO: ¿Conoce algún caso de presión a los medios a través de la asignación, retiro, negación o discriminación de pauta publicitaria en su estado?

EIG: Este tipo de situaciones se presentan como parte de la leyenda negra en toda administración estatal o municipal. La falta de pruebas contundentes impide hacer señalamientos directos, sin embargo, basta ver la homologación informativa de los periódicos locales y radiodifusoras regionales (con honrosas excepciones), para advertir que los convenios publicitarios con el gobierno marcan su línea editorial.

PO:¿Sabe cuál es la práctica del gobierno de su estado para asignar la publicidad oficial? ¿existen diferencias con los gobiernos anteriores?

EIG: Aunque el Código Administrativo establece las figuras de la adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública para ganar un contrato del gobierno estatal, las asignaciones publicitarias continúan siendo sin claridad.

De manera oficial se realizan adjudicaciones directas, pero sin fundamentar el acto jurídico. En otros casos se autorizan contratos abiertos, mediante los cuales se asignan cantidades millonarias (principalmente a medios de radio y televisión), con el fin de ejercer el gasto durante el ejercicio fiscal, con la posibilidad de variar las cifras de contratación. En realidad no existe mucha diferencia con administraciones anteriores, la única sería que ahora estarían obligados (por la Ley de Transparencia) a publicar dicha información, aunque no siempre lo hacen.

PO:¿Existen iniciativas de ley para regular la publicidad oficial en su estado?

EIG: Existe una iniciativa formulada por periodistas locales, editores de periódicos regionales, sin embargo, el interés de ellos era tener acceso al Presupuesto público, más que lograr una regulación en esta materia.

PO: Tiene algún comentario que considera que vale la pena agregar en este análisis.

EIG: Lo adelantaba en la primera pregunta. Son valiosos este tipo de índices de gasto publicitario, que podrían ser enriquecidos con el análisis del Presupuesto estatal y Cuenta Publica por programa.

Considero que ese elemento permitiría tener una luz más clara sobre lo que parece evidente, pero que las cifras oficiales se niegan a reconocer. Si de 2006 a 2011 disminuyó el gasto publicitario del gobierno mexiquense, entonces habría que medir el efecto e impacto en las acciones realizadas en la materia; lo lógico sería que existiera una disminución en las contrataciones, inserciones o campañas donde participaron medios de comunicación.

Si por el contrario existen incrementos constantes en esas acciones o un nivel sin cambio de ritmo, entonces estaríamos en la posibilidad de ubicar un desajuste entre el gasto informado y la acción realizada. Sin duda el gasto publicitario del Edomex ha despertado el interés de muchos actores políticos, y más aún después de lo ocurrido en los comicios presidenciales de 2012. Ahora es obligado hacernos de mayores elementos de análisis para desmenuzar esta problemática donde no basta con la simple justificación oficial.

Guerrero es uno de los campeones de la opacidad en cuanto al acceso al gasto en publicidad oficial. No se pudo acceder a ningún tipo de información sobre los recursos públicos que sirven a comprar espacios en los medios. Conoce la opinión de Uri Barreda, representante de México Infórmate en Guerrero.

Uri Barreda: La condición de transparencia en el estado de Guerrero es lamentable. A pesar de que se cuenta con una ley mucho más avanzada a la que inició el proceso para transparentar la información pública, los avances son mínimos. El compromiso institucional prácticamente es inexistente, y sólo existe en líneas discursivas, tanto en los sujetos obligados, como en el órgano garante.

La obligación de transparentar el gasto en comunicación social, está entre la información pública de oficio según el artículo 13, fracción IX de la Ley, que señala que esta información –y otras más—deberá estar disponible desde los tres últimos ejercicios fiscales, y concretamente señala: “los montos destinados a gastos de comunicación social”.

Prácticamente ninguno de los sujetos obligados cumple con la mínima información de oficio. Una rápida revisión a los portales electrónicos de las principales dependencias del estado –de los tres poderes— hace evidente que hay una intención por confundir la transparencia con el acceso a la información.

Entonces, la ausencia de información obligatoria conduce al ciudadano a solicitarla y sumergirse en el marasmo de la tramitología para conocer información que, ética y jurídicamente, tendría que ser pública. Si bien la nueva ley de transparencia en Guerrero vigente desde 2010, contiene enunciados mucho más avanzados que el marco jurídico anterior (como el hacer público el monto del gasto en comunicación social), ha sido evidente que para lograr un gobierno democrático en este estado, se necesita mucho más que una ley; se necesita un gobierno en el que prevalezca el compromiso con la sociedad, y el buen uso y destino de los dineros colectivos.

El estado de Chihuahua reserva la información sobre el desglose del gasto en publicidad oficial a pesar de gastarse cientos de millones de pesos en publicidad oficial. Es decir, el ciudadano no puede saber a quién el Poder Ejecutivo le otorga publicidad oficial y tampoco puede conocer los montos de los contratos. La red Libre Periodismo nos comparte una alarmante opinión sobre el uso de la publicidad oficial en su estado.

Publicidad Oficial (PO): ¿Qué opina usted de los resultados del índice para su estado? ¿Refleja lo que ya conocía sobre el uso de la publicidad oficial?

Red Libre Periodismo (RLP): Es un logro conocer cifras concretas de publicidad oficial, porque la opacidad ha sido la característica de la actual administración. Las cifras no nos extrañan, ya que hemos visto cómo ha crecido el número de medios de comunicación los últimos años, y que tienen publicidad oficial, la mayoría sólo vive de ese tipo de publicidad.

Las cifras reflejan lo que las autoridades pueden comprobar dentro del presupuesto destinado a medios de comunicación, pero no reflejan las partidas que ofrecen y dan a los directivos y dueños de los principales medios de comunicación, quienes han hecho crecer su patrimonio de manera importante y evidente.

La información se convirtió casi en su totalidad en Chihuahua, en una moneda de cambio para gobierno del Estado. Preocupa que la consigna es no informar sobre violencia ni víctimas, minimizar los efectos de la inseguridad. El gobierno prefiere gastar en publicidad a fin de dar una imagen de buen gobierno. Los números que arrojó el índice al gasto en publicidad son exorbitantes. En esta administración, el gasto en publicidad se ha sobrepasado en un 202 por ciento, ya que les interesa más un gobierno mediático, que un gobierno para la comunidad.

Con el caso de la violencia, el incremento de desapariciones y algunos delitos de alto impacto, el gobierno prefiere «comprar» los servicios de los medios para informar parcialmente de sus acciones, sólo lo que ellos quieren que se sepa, el resto forma parte de la censura que existe. Se privilegia a ciertos medios y como bien asienta el informe, no existe la transparencia necesaria para conocer la asignación de los recursos.

PO: ¿Conoce algún caso de presión a los medios a través de la asignación, retiro, negación o discriminación de pauta publicitaria en su estado?

RLP: Prácticamente en todos los medios. La mayoría de los directivos y dueños no pone mucha resistencia a la censura, es un acuerdo sobreentendido, publicar o no publicar lo que al gobierno así le convenga. La mayor presión es contra los reporteros que desean hacer su trabajo y dar a conocer la realidad que vive Chihuahua. Ejemplos hay muchos, en cada medio hay por lo menos una historia de censura y frustración periodística.

En El Diario de Juárez, que venía haciendo un periodismo social, de investigación, a partir de la actual administración, los directivos han cerrado el margen de cobertura periodística. Hay excelentes reporteros de investigación pero ya no tienen toda la libertad que tenían.

El Heraldo de Chihuahua privilegia la agenda oficial y es evidente. Portales digitales como omnia.com.mx y laopcion.com.mx, comenzaron a permitir un periodismo social y cobertura de víctimas, lo que sirvió a los dueños para negociar sus convenios oficiales y una vez obtenidos, para no evidenciar el doble discurso de libertad de expresión contra censura, presionaron al equipo de reporteros hasta desarticularlo y “renunciar” a la mayoría.

Otro digital al que se le retiró la publicidad por parte de Gobierno del Estado, fue El Pueblo. Al dueño no le convenía el monto del convenio y comenzó a publicar en su contra, le retiraron toda la publicidad hasta que negociaron. Hoy es otro medio oficialista más.

En el estado es evidente, en caso de que algún medio publique algo en contra o negativo del gobierno, se ve expuesto a perder su contrato de publicidad o convenio. Convenios que se firman en lo oscurito y no con una tarifa unitaria, sino a merced de los beneficios que el Estado pueda obtener. Los directivos de los medios tampoco están exentos, ya que ellos negocian las ganancias de la publicidad.

PO: ¿Sabe cuál es la práctica del gobierno de su estado para asignar la publicidad oficial?

RLP: Negocia en la opacidad. Hay directivos de medios ya posicionados , con quienes negocia de manera directa. No conocemos los montos asignados a cada medio, pero sabemos cuáles reciben convenios más grandes por filtraciones que se dan desde gobierno. No hay un estándar para cada uno ni parámetros profesionales, todos son de acuerdo con los compadrazgos, nivel de presión o extorsión del medio o de la facilidad para negociar por parte de los interesados. Lo demás es simulación.

PO: ¿Existen diferencias con los gobiernos anteriores?

RLP: Lo que administraciones pasadas trabajaron para controlar medios, esta administración lo aprovechó y con una advertencia autoritaria, asumió el control casi total.

El objetivo del actual gobernador es construir su propia buena imagen y lo dijo desde que llegó: mano dura y el poder es para poder. La advertencia que es de dominio público, es que César Duarte trabaja para su candidatura hacia la presidencia de la República.

Contra todo, hasta contra la realidad, quiere demostrar y pasar a la historia como el gobernador que acabó con la violencia en Chihuahua, con una política de “mano dura”, a pesar de las víctimas, de las violaciones a los derechos humanos y de la realidad.

Ahora, desde el Poder ejecutivo se decide a cuáles medios y cuánto se les asigna publicidad oficial de los tres poderes, de las universidades autónomas de Chihuahua y Juárez, del instituto de transparencia y del Instituto Estatal Electoral. La publicidad se les otorga a cambio del manejo de información que convenga al gobierno, al gobernador que está empeñado en ser el próximo presidente de la República.

Como nunca, han contratado un gran número de comunicadores para todas las dependencias gubernamentales. Cada “jefe” de comunicación social de cada secretaría y dirección, tiene a su cargo otros reporteros y fotógrafos.

Con esa plantilla de comunicación, mantienen monitoreadas las redes sociales, principalmente los perfiles de los reporteros. Cuando alguno opina o muestra una tendencia de crítica contra el gobierno, desde el gobierno llaman la atención a los directivos y jefes de información para que obliguen al reportero a dejar de escribir de esa manera. Hay casos en los que han corrido reporteros de medios, los han presionado para que se vayan y en prácticamente todos los medios, los tienen advertidos sobre lo que se puede o no publicar en el medio y en las redes.

A los comunicadores empleados de gobierno, los han capacitado para el uso eficaz de redes sociales y creación de blogs. Como la mayoría tiene experiencia en el periodismo, les piden un número determinado de reportajes, notas, entrevistas de fondo (todo con contenido favorable para gobierno, claro), y hasta fragmentos para columnas políticas que posicionan sin problema en todos los medios porque como ellos pagan, ellos mandan, así se ha naturalizado la situación.

Con ese panorama, el gremio está cada vez más frustrado. La violencia se ha intensificado. Obviamente el gobierno promueve la baja de homicidios en Juárez, que ha sido el principal foco de atención, y no es para menos, en los últimos años. Pero no hablan del incremento importante de personas desaparecidas, no sólo en Juárez sino en todo el estado. Tampoco dicen que la violencia y homicidios aumentaron en otras partes del estado, como en la sierra y la zona centro sur. Trabajan sobre la percepción y con los medios comprados, se complica la cobertura para la mayoría.