Fundar interpone amparo contra propaganda en el marco de los informes de gobierno

El Poder Judicial admitió un amparo en contra del artículo 242 de la nueva ley electoral que viola el derecho a la información.
Este artículo permite prácticas propagandísticas en el marco de la publicidad de los informes de gobierno a pesar de la prohibición constitucional.

A dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y a pesar de las promesas presidenciales y las obligaciones legislativas de regular y reformar las prácticas de abuso de la publicidad oficial, no existe ninguna señal de cambio. En México, la publicidad oficial se ejerce con opacidad, sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios. Estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país y sobre la calidad de la democracia.

Frente a este panorama poco alentador, el Poder Judicial tiene la oportunidad de pronunciarse sobre este tema de relevancia. El 21 de julio de 2014, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal admitió un amparo indirecto promovido por Fundar, Centro de Análisis e Investigación en contra del párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) publicada el 23 de mayo pasado. Este artículo deja intacta una excepción preocupante que existía en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (COFIPE).

En el marco de la presentación de los informes de gobierno, la LEGIPE establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe. Esto es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Por considerar que la entrada en vigor de la norma secundaria viola el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial y oportuna, fomenta la tergiversación del debate público y transforma la publicidad de los informes en momentos de promoción de la imagen de los funcionarios a cargo del erario público, Fundar presentó un amparo indirecto en donde el Poder Judicial podrá avanzar en la interpretación del derecho a la libertad de expresión e información y los alcances del “interés legitimo” para acudir al amparo. Cabe resaltar que uno de nuestros principales argumentos para vencer la improcedencia del amparo contra normas electorales, consiste en que el artículo 242 párrafo 5 de la LEGIPE no es de naturaleza electoral toda vez que la difusión de los informes de labores puede llevarse a cabo sin impactar en los procesos electorales.

La disposición legal que se ha impugnado ha dado lugar a muchos abusos por parte de nuestros gobernantes; basta con recordar las más recientes polémicas. En febrero de 2012, el gobernador de Puebla, gastó en un mes la mitad de su presupuesto en comunicación social, 56 millones de pesos, para dar a conocer su primer informe anual. En diciembre de 2013, el gobernador de Chiapas (uno de los estados más pobres de México) figuró en una publicidad que apareció en todo el país y despertó una crítica generalizada en los medios. En el Distrito Federal, a inicio de año, varios ciudadanos solicitaron a la Asamblea Legislativa del D.F. realizar una auditoría para conocer los montos destinados a la promoción de imagen de los 16 jefes delegacionales y los 66 diputados locales.

A pesar de la parálisis de nuestros políticos y representantes frente a este problema estructural que afecta la calidad de nuestra democracia, es fundamental contribuir a la generación de un contexto de exigencia de transparencia y rendición de cuentas sobre la asignación del gasto en publicidad oficial y garantizar que éste se rija por criterios claros que tomen en cuenta el interés general.

Con este objetivo, Fundar decidió ampararse en contra de este uso desviado de la publicidad oficial. Nuestros gobernantes deben usar esta herramienta para comunicar información valiosa como lo recomendó en 2011 la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios para regular la Publicidad Oficial. El punto 2 de dichos principios enfatiza la importancia de los “objetivos legítimos de la publicidad oficial. Deben basarse en la inclusión de información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.

Fundar lleva años documentando los abusos en materia de publicidad oficial. En varias ocasiones, hemos proporcionado estos insumos tanto al Poder Legislativo como Ejecutivo llamándoles a cambiar estas prácticas, sin los resultados esperados. Hoy, está en mano del Poder Judicial propiciar el debate sobre este asunto y resolver el amparo tomando en cuenta los más altos estándares en la materia así como nuestra Constitución.

Documentos relacionados:
(26 de agosto de 2014)
El informe de gobierno: cúspide de la propaganda de Estado
(19 de agosto de 2014)
Consulta la ficha informativa «Amparo Publicidad Oficial»

Salidas en medios:
(19 de agosto de 2014)
Poder Judicial admite amparo contra propaganda oficial en informes de gobierno

 

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Para mayor información

Ana Isabel Fuentes
ana@fundar.org.mx
55 54 30-01 ext. 136

Itzi Salgado
itzi@fundar.org.mx
55 54 30-01 ext. 151

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La Comisión de Transparencia en Puebla, al servicio del gobierno

Por: Ernesto Aroche Aguilar (@earoche)

En Puebla el órgano garante de transparencia, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), está más interesada en proteger al gobierno del estado que a los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información. A esta conclusión se llega no sólo con mirar las estadísticas de resoluciones, sino también al revisar la actitud que han tomado en torno a las sentencias que han dictado juzgados federales al resolver los amparos que se iniciaron en contra del organismo estatal.

En el caso más reciente, una solicitud de información sobre el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social, pensiones y jubilaciones, y servicios generales, la Comisión alargó el proceso jurídico para que se incumplieran los tiempos y la solicitud no procediera. Pidió la revisión de la sentencia que dictó en su contra el juzgado Sexto de Distrito ordenándole reabriera un expediente que había desechado con un argumento técnico, con lo cual no se cumplió con el procedimiento.

Pero no es el único caso. De hecho, tres de los cuatro juicios de amparos que ha enfrentado la Comisión en el último año son para tratar de eliminar jurídicamente una estrategia que se sigue desde el gobierno del estado con el aval del organismo.

Y la cosa es así: los sujetos obligados relacionados con el gobierno del estado cambian sin razón justificada la modalidad de entrega, el solicitante se inconforma y la Comisión desecha el expediente con el argumento de que se debe esperar 15 días antes de poder iniciar queja alguna. Al iniciar la queja antes de que concluya dicho plazo el órgano garante decide que está fuera de la normativa y desecha la queja.

De esos tres juicios, en los tres casos los juzgados federales han resuelto que la Comisión carece de razón y han ordenado se repongan los procesos; sólo en uno de los casos el órgano garante ha aceptado la sentencia, los otros dos están en revisión en tribunales colegiados.

Al respecto, el presidente del organismo, Javier Fregoso Sánchez, afirmó hace unos días que el pedir la revisión de la sentencia que le ordenaba reabrir el caso por dicha decisión, cuestionada por la organización Artículo 19, fortalece al organismo.

“Estamos ejerciendo un derecho, lo sometimos a consideración y fue una decisión por pleno, y eso a final de cuentas también fortalecería la posición de la Comisión. Y en este caso, si se vuelve a refrendar, atenderemos al juez”.

Tras conocerse el comunicado de Artículo 19 en donde se emplaza al organismo, “especialmente a su presidente, José Luis Javier Fregoso Sánchez” a que explique por qué decidió alargar el proceso pidiendo a los tribunales colegiados revisar la sentencia del Juzgado Sexto de distrito, cuando sólo se busca “informar a la sociedad sobre el gasto del gobierno del estado”, la comisión guardó silencio. No hubo, hasta el momento, respuesta alguna al respecto.

Artículo 19 también pidió a la Comisión explicara por qué en su actuación, lejos de “ceñirse a la garantía última de los derechos fundamentales y los principios  de la transparencia y el acceso a la información, como el de máxima publicidad” está intentando “a través de recursos jurídicos, la no aplicación de las obligaciones constitucionales”.

Artículo 19 también plantea que “Puebla se ha destacado por implementar  prácticas intimidatorias y dilatorias para dar acceso a la información a sus ciudadanos, convirtiéndose en el campeón de la opacidad en lo que refiere al Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas”.

La organización también sostiene que no se “ha dudado en señalar, a través del INOGDAI, la capacidad de la CAIP para hacer bien las cosas”, pero “la actuación de esta institución en últimas fechas denota un retroceso en la garantía del derecho para el que fue creada. Casos como éste evidencian una deconstrucción institucional que no es menor y merece un análisis detenido. En este caso, la Comisión tuvo la oportunidad clara de volverse garante del derecho y acatar lo indicado en la sentencia determinando la entrega de la información sobre el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social; pensiones y jubilaciones; y servicios generales tal como le encomienda la Constitución”.

Defendiendo al gobierno de Moreno Valle

El arranque de la administración del primer gobernador panista en Puebla, Rafael Moreno Valle, coincidió con la renovación de uno de los tres asientos con los que se conforma el pleno de la Comisión. Y en ese cambio el elegido para integrarse al organismo garante de la transparencia fue un hombre cercano al mandatario: Javier Fregoso Sánchez.

El economista de profesión sin experiencia en la materia, como lo reconoció él mismo tras ser elegido por el Congreso (esto fue lo que dijo a medios: “tenemos experiencia, sino en el área de información y transparencia sí la tenemos en el aspecto de lo que es el quehacer del derecho, la ciudadanía y la economía”), acompañó y asesoró a la esposa de Moreno Valle durante la campaña de 2010.

Dos años después, en 2013, tocó el turno renovar nuevamente un espacio en la Comisión, para esta ocasión el Congreso del estado eligió a Federico González Magaña, un hombre que fue asesor de campaña de la coalición de partidos Compromiso por Puebla, el conglomerado de medios que llevó a Moreno Valle al triunfo en 2010.

Y con la llegada de González Magaña se cerró la pinza en la Comisión. De tres votos posibles dos ya estaban en el bolsillo del gobernador del estado, dejando muy poco margen de maniobra para Blanca Lilia Ibarra Cadena, la comisionada incómoda pues fue quién apostó más a la transparencia.

Una revisión de resoluciones de los tres comisionados realizada en el portal Lado B entre el 1 enero y el 30 de septiembre mostró que de 69 quejas en contra del gobierno morenovallista por no entregar la información solicitada, en 11 casos se resolvió ordenar al gobierno se transparentara la información solicitada; de esas resoluciones una fue propuesta por González Magaña, dos por Fregoso Sánchez, y ocho por Ibarra Cadena.

El desgaste y la confrontación lo mismo al interior del organismo y con las dependencias del gobierno del estado llevaron finalmente a que Ibarra Cadena presentara su renuncia hace poco más de un mes, cuando aún faltaba medio año para que concluyera su periodo.

 

*Ernesto Aroche es periodista y director del portal digital Lado B
Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/07/02/la-comision-de-transparencia-en-puebla-al-servicio-del-gobierno/#ixzz36orNZobu
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Publicidad, no comunicación


28 de junio de 2014
Edicion Jalisco, Jalisco

Lo más grave de que el gasto de comunicación oficial se reparta sin establecer reglas, es que no responde a las necesidades de la sociedad sino al afán propagandístico de los gobernantes, se convierte en un sistema de premios y castigos para los medios e inhibe la libertad de expresión, advierten especialistas en el tema. En el caso de Jalisco, llaman la atención hacia la opacidad y la “asociación corrupta” de autoridades y particulares que generan esas prácticas.

De 2007 a 2012 el gasto del gobierno del estado en publicidad ha crecido considerablemente. Según la organización no gubernamental Artículo 19 –que toma su nombre del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión–, en ese periodo ese incremento fue de 171.44% y cada año aumenta por lo menos en 17.4%.

La oficial del Programa de Derecho a la Información de esa organización, Ana Cristina Ruelas Serna, dice que esa publicidad se asigna en forma discrecional porque no hay reglas claras pese a que se realiza con recursos públicos. El informe de 2012 de Artículo 19 señala que en 2007 el gasto en publicidad oficial fue de casi 100 millones de pesos, y para 2012 ascendía a poco más de 274 millones de pesos.

Si bien entre 2009 y 2010 se registró un descenso en ese tipo de gasto, de 172 a 124 millones, en 2011 y 2012 repuntó con 265 y 274 millones. Ese periodo coincidió con la cercanía de las elecciones para renovar municipios, estados y la Presidencia de México. En el estado se recuerda cómo el entonces gobernador, el panista Emilio González Márquez, obsequió dinero a empresarios y televisoras con tal de volverse presidenciable.

Y aunque el periodo electoral terminó hace dos años, el gasto en publicidad no disminuye, sino aumenta. Este semanario documentó en su edición 500 que durante 2013 y parte de 2014 la administración de Aristóteles Sandoval ha destinado más de 360 millones de pesos a la compra de espacios en los medios de comunicación, sobregirando en más de 500% la partida presupuestal de “comunicación social y difusión”.

Ruelas Serna precisa que, como en otros estados, en Jalisco el medio favorito del gobierno es la televisión, ya que en 2012 le destinó 76% y en 2010 un 87.1% de su presupuesto de comunicación.

“Una de las cosas que destacó en el caso de Jalisco, en 2012, es que 76% de gasto destinado a publicidad oficial fue para televisión, 14% fue para la radio y 2% para prensa escrita, lo cual es bastante preocupante y habla de esta discrecionalidad de la que hablo, porque pues no se puede saber con certeza por qué la televisión es el medio más beneficiado”, señala.

Califica de grave que no haya reglas claras para la asignación de publicidad:

“Una de las cosas que documentamos en uno de los informes es que la publicidad oficial ha sido utilizada como un mecanismo de premios y castigos para los medios. La frase ‘no te pago para que me pegues’, del presidente López Portillo, sigue vigente en todos los estados y lo documentamos en trabajo de campo.”

Y relata: “Muchos periodistas y directores de medios en algunos estados nos decían que la publicidad oficial era como una tarjeta de crédito: si hacías bien las cosas tu crédito incrementaba, y si no, disminuía. Señalaban que el concepto de gasto realmente no estaba más que a la condición de los gobiernos en turno, y esto es muy preocupante porque éstos pueden cambiar los mecanismos de censura que se ejercen sobre los medios, pero no el resultado”.

Ruelas Serna recuerda la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en favor de este semanario, castigado con el retiro de publicidad oficial durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Dice que algunos medios han tenido que llegar al extremo de recurrir a estas instancias o entablar juicios porque los gobiernos gastan a su libre albedrío y la ciudadanía paga las consecuencias, porque no reciben información real.

Por eso, agrega, hace semanas Artículo 19 inició una demanda contra el Congreso de la Unión por no cumplir su obligación de legislar sobre la publicidad oficial como parte de la reforma política–electoral.

“Es importante mencionar que, cuando el presidente asumió el cargo, una de sus propuestas fue regular la publicidad oficial junto con la Ley de Transparencia y la Reforma Anticorrupción. La única que no se ha impulsado es la de publicidad oficial y llama la atención que la iniciativa que presentó el PRI, el partido del presidente de la República, fue la que contenía conceptos más vagos y mantenía las prácticas actuales”, recalca.

“Asociación corrupta”

Ruelas Serna indica que el gasto en publicidad se dispara siempre en la semana previa a los informes de los gobernantes, pues aunque el artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personal, el Código Federal de Procedimientos Electorales hace una excepción y dispone que la imagen de los gobernantes puede aparecer una semana antes de su informe de labores.

A fin de cuentas, dice Ruelas, el gasto en publicidad tampoco responde a las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades de informar y difundir sus programas de gobierno, sino que es sólo propaganda política:

“La publicidad oficial debe fungir como un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, para informarles a éstos de sus derechos y sus obligaciones, así como la manera en la que pueden propiciar su desarrollo y calidad de vida. El problema es que la publicidad oficial ha sido utilizada como un mecanismo de ensalzamiento de los funcionarios públicos.

“Esto genera que los ciudadanos tengan información que no es verídica. Leen lo que el gobierno quiere que lean y se informan con lo que el gobierno quiere que se informen, lo cual es preocupante porque no fomenta una sociedad realmente democrática que tome decisiones mejores.”

–¿Qué lugar ocupa Jalisco entre los estados que más gastan en ese rubro? –se le pregunta a la activista.

–Es el quinto lugar en términos reales; es decir, si comparamos el monto exacto, pero en términos del gasto per cápita Jalisco es el 15, con 37.30 pesos.

–¿Qué entidades lo superan?

–En términos reales, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Yucatán. En gasto per cápita, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Chihuahua, Nayarit, Morelos, Durango, Quintana Roo, Baja California Sur, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes y Colima.

Ruelas Serna dice que por falta de reglas claras para la asignación de publicidad oficial, los medios críticos se ven limitados por intentos de censura. Como ejemplos, aparte de Proceso, menciona al Diario de Juárez, El Diario de Yucatán, la emisora comunitaria oaxaqueña Radio Nnandia y la revista Contralínea, caso este último que ameritó una recomendación de la CNDH, en la cual se subrayaba la ausencia de criterios oficiales.

La asignación de publicidad oficial ha sido tan burda que en el estado de Puebla se han documentado pagos a empresas sin razón social. “Nos encontramos en el caso de Puebla no solamente con gacetillas –señala Ruelas Serna–, sino con papel bond impreso que recibía publicidad oficial o, en el caso de Yucatán, con muchísimos medios fantasmas que estaban recibiendo publicidad oficial sin tener siquiera una razón social inscrita en el Registro Público”.

Refiere que también es muy notorio que un medio de comunicación que ha sido privilegiado durante un gobierno, en el siguiente sexenio se convierta en un medio crítico si el partido en turno no le favorece económicamente. Explica que el fenómeno de la publicidad a modo no es exclusivo de México, sino existe en todos los países en vías de desarrollo, como Argentina, Colombia y las naciones centroamericanas.

Aun así, comenta la integrante de Artículo 19, el gasto en Jalisco es irrisorio si se compara con los aproximadamente 10 mil millones de pesos que destinó a la publicidad oficial el presidente Enrique Peña Nieto desde que llegó a Los Pinos. “Es más del dinero que pueden tener dos municipios juntos”, advierte.

Y también en ese caso la televisión es el medio favorito: Peña Nieto ha favorecido a Televisa y TV Azteca con 33% de la propaganda, mientras que a la radio le da 14% y 18% a la prensa, así como 12% a medios complementarios, 13% a la producción de los mensajes y 3% al internet.

Y aunque el gasto es menor en los gobiernos estatales, la desproporción entre medios se acentúa: “A nivel estatal, en 2012 se gastaron en total 5 mil 376 millones de pesos, de los cuales en promedio 44% fue a televisión, 24% a prensa y 17% a la radio”.

En mayo pasado Artículo 19 presentó un informe que elaboró con la Asociación Mundial de Periódicos y estableció de manera más contundente que la asignación de publicidad oficial se realiza con criterios partidistas, pues muchos medios adaptan su cobertura para obtener contratos más ventajosos. De hecho, establece que “algunos propietarios de medios se asocian con políticos en una relación basada en la corrupción, donde prevalece la propaganda sobre la transmisión de información oportuna y exacta”.

Medios de gobierno

Sofía Paláu Cardona, coordinadora del Observatorio de Medios Quid, del Instituto Tecnológico y de Estudios Supriores de Occidente (ITESO), hace notar que, días antes de que se difundan los nombres de los integrantes del nuevo Consejo Consultivo y del defensor de las audiencias del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRT), éste es un medio al servicio del gobierno estatal.

Con el más reciente análisis realizado por Quid a los contenidos de Noticias de verdad, el noticiario nocturno de C7, “tenemos información de que existe una marcada línea en el tratamiento de algunos temas y se sacan del aire asuntos que afectan algunos intereses. Eso nos habla de que no hay libertad de expresión y de que prevalece el control de la información difundida en el SJRT”.

La entrevistada destaca que con la conformación de las nuevas figuras (el consejo consultivo y el defensor de las audiencias) se espera que haya cambios profundos: “No sabemos a quién van a designar, conocemos a algunos candidatos, pero no se garantiza la pluralidad en el manejo de voces y de las ideas en ese medio, como existe y se refleja en la sociedad jalisciense”.

También objeta que no se conoce el proyecto para desarrollar el SJRT en programación y contenidos. “Nada de eso se maneja de manera pública, no se dice qué se quiere para los siguientes años”, explica Paláu Cardona.

Por lo pronto, el sistema anuncia en sus espacios a presentadores de información de la iniciativa privada, vendedores de publicidad y funcionarios que también se ostentan como periodistas. Por lo tanto, apunta, “la labor de un defensor de las audiencias en las actuales condiciones del SJRT es un gran reto y dependerá de quien sea nombrado y cuales sean sus propósitos”.

Sin embargo, advierte, “primero tenemos que ver si el defensor tiene la intención de recibir la crítica, escucharla y promoverla a favor de las audiencias; e igual con el consejo consultivo: ese organismo tiene la tarea y el reto de acompañar todos los nuevos procesos”.

Por eso cuestiona los cambios de la administración que encabeza Sergio Ramírez Robles y el diseño de la llamada Multiplataforma C 7.

“Lo que se programa en radio es igual a lo que se ve en la tele y con ello se pierden espacios de comunicación al servicio de la sociedad. Teníamos dos estaciones de radio, cada una con su programación, y un canal de televisión; todos eran independientes”, destaca, pero los fundieron en un solo concepto.

“Antes era SJRT y ahora todo es C7… Hay cambio de nombre y una nueva plataforma, (pero) las modificaciones de programación dejan de manifiesto que no se ven las necesidades de la sociedad jalisciense sino se termina por responder a las necesidades del gobierno.”

http://www.proceso.com.mx/?p=375879

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Más por México Trampolín mediático


28 de junio de 2014
Edicion Jalisco, Jalisco

Tras difundirse el millonario monto que gastó Alberto Lamas Flores en propaganda e imagen de Aristóteles Sandoval, un productor independiente revela que desde que Aristóteles era presidente municipal de Guadalajara, su equipo exigía “moches” por los contratos publicitarios para nutrir el proyecto Más Por Jalisco, que lo llevó a la gubernatura. Añade que ahora el mandatario y su padre, el magistrado Leonel Sandoval, persisten en esas prácticas para alimentar Más por México, una plataforma para proyectar a su retoño hasta la presidencia del país.

El jefe de gabinete y encargado de los negocios publicitarios del gobierno del estado con los medios de comunicación, Alberto Lamas Flores, es el hombre clave en el proyecto de recaudar millones de pesos para financiar la aspiración presidencial del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para 2018.

El plan, ya en desarrollo, está a cargo de la organización Más por México, que encabeza el magistrado Leonel Sandoval, padre del mandatario jalisciense. En el proyecto aparece como figura central Lamas Flores, como encargado de organizar la vaquita electoral con cuatro años de anticipación.

Sólo así se explica que el jefe de gabinete maneje directamente 360 millones de pesos para la contratación de campañas publicitarias, plataforma de difusión e imagen que supera en más de 70% los recursos asignados a la Secretaría de Turismo, que para este año tiene un presupuesto de 97 millones de pesos.

Conocedor de las estrategias de Lamas Flores para promover los negocios con los medios, Mauricio Navarro Guzmán, comunicador con más de 25 años de experiencia y hasta hace meses broker de un programa que se transmitía por Radio Fórmula, afirma que los más cercanos colaboradores de Sandoval Díaz ya están enterados de que se puso en marcha Más por México, pues si el priista quiere ser presidenciable necesita el aporte de un amplio equipo.

En esencia es el mismo esquema utilizado en 2012, cuando Sandoval Díaz, entonces presidente municipal de Guadalajara, se hizo un proyecto a su medida denominado Más por Jalisco, como señalan, además de Navarro Guzmán, otros productores de programas radiofónicos que trabajaban como brokers para distintos medios, los cuales después les cerraron los espacios o les negaron la posibilidad de contratar publicidad por su cuenta, como ocurrió con la cadena Radio Fórmula en Jalisco.

Navarro Guzmán recuerda la forma de operar de Lamas Flores como jefe de Comunicación en el ayuntamiento de Guadalajara (2009-2012), ya que fue uno de los que pagaron los “moches” que se exigían a quienes recibían contratos de publicidad.

“Todo mundo reconocía que había que entrarle con 25% de lo que lograbas de contrato; la cara visible de ese amarre era (Ramiro) Lomelí, un hombre delgadito que trabajaba con Lamas. Lo que ahora publica Proceso Jalisco en la edición 500 es igual a lo que ocurría en el ayuntamiento.”

Sobre el control que dicho funcionario tiene del presupuesto para medios, comenta: “Tú vas a Comunicación Social y sabes que a final de cuentas con quien te tienes que arreglar en todos los negocios es con Alberto Lamas, porque el director del área, Gonzalo Sánchez, está pintado”.

Recuerda el esquema que armó Lamas desde que trabajaba en el municipio: “El aporte de 25% se entregaba en efectivo y quien recibía el dinero era una secretaria, cuyo nombre no recuerdo; una mujer muy guapa que nos recibía en las oficinas de Comunicación Social del ayuntamiento de Guadalajara. Con ella teníamos que dejar el sobrecito. Por ejemplo, de una contratación de 260 mil pesos, nos tocaba aportar al menos 50 mil o 60 mil pesos, si querías trabajar con ellos”.

–¿Tienen la certeza de que ese dinero iba a parar directamente a manos de Alberto Lamas? –se le plantea.

–Dejando el sobre con el dinero ya no sabíamos si eso iba para Lamas o no, pero después de ese asunto yo no hice ningún negocio con ellos, porque era dejarles tu dinero, tu nombre y hasta tu prestigio… Era darles todo.

Al parecer los Sandoval acomodaron todas sus piezas para el proyecto. Navarro Guzmán dice que al llegar Aristóteles a la gubernatura, al director de Comunicación Social, Gonzalo Sánchez García, “sonaba fuerte (que) iban a removerlo de su cargo en Comunicación Social del gobierno del estado y a mandarlo al área de prensa del Consejo de la Judicatura, un espacio que finalmente fue cubierto por su hermano Iván Sánchez”.

En efecto, éste es el jefe del Departamento de Difusión Social del Consejo de la Judicatura y gana más de 57 mil pesos al mes; también fue cercano colaborador de Sandoval Díaz en el ayuntamiento.

“Cuando estaba el PAN (en el poder) nunca di nada, nadie me pidió nada por el programa de radio ni por la edición impresa, lo más que ocurría era que se tardaban los pagos, pero nunca me moché con nadie”, enfatiza Navarro Guzmán.

En la administración priista, por supuesto, la cuota no se puede comprobar: “Cuando nosotros entregábamos ese aporte se nos pedía que lo hiciéramos en efectivo, sin ningún documento de por medio”. El sigilo era necesario, dice, pues Más por Jalisco fue el proyecto para financiar la campaña de Sandoval Díaz por la gubernatura en 2012 y ahora su equipo repite la estrategia con Más por México rumbo a la elección presidencial de 2018.

 

Saldos del sueño presidencial

Para Navarro Guzmán, la información que publicó Proceso Jalisco en su edición 500 sobre los desproporcionados gastos del gobierno estatal en publicidad es una situación real que a todo el mundo le molesta pero que ningún productor independiente se atrevía a denunciar:

“Si dices algo te señalan, te fichan y ya no tienes posibilidad de estar en ninguna estación, menos te ofrecen algún contrato publicitario. Ahora hay muchos brokers que se dedican a la elaboración de revistas familiares o de la farándula para atención al público de las amas de casa y prefieren ya no hablar de política.”

Y recalca que, al menos en el caso de Radio Fórmula, los empresarios se benefician del trabajo independiente de los brokers para ganar contratos del gobierno del estado, pero a éstos les prohíben obtener otros trabajos de ese tipo por su cuenta.

Añade que, por el oscuro manejo de los contratos publicitarios por el gobierno de Jalisco y de los nuevos representantes de Radio Fórmula, al menos 10 brokers que antes compraban tiempo en ese grupo radiofónico han tenido que dejar sus espacios al aire. Además, indica, se les quiere obligar ilegalmente a pagar por doble partida sus tiempos.

Relata que hace meses Fernando Quiroz llegó a manejar Fórmula Guadalajara, quien dejó al frente de la empresa a su hijo Juan Pablo Quiroz, que se ostentaba como director sin ningún nombramiento oficial.

Posteriormente apareció Nelson Rubio, reconocido como gerente de ventas pero quien también se ostenta como director y que ahora pretende exprimir a los brokers con la elaboración de dobles facturas, lo que en breve se traducirá en demandas contra Radio Fórmula ante las autoridades laborales y el Poder Judicial.

A otros productores independientes los amenazaron e intimidaron para que reconocieran supuestos adeudos. A uno de ellos –dice Navarro Guzmán–, a Francisco Bayker, los directivos lo obligaron a firmar una carta tras una encerrona en las oficinas del grupo radiofónico, por lo que ya promueve su denuncia por actos de difamación.

A decir de Navarro, Lamas Flores también pretende acabar con los programas independientes “porque a final de cuentas él piensa que no se puede controlar a tanto broker que esté hablando mal del gobierno. Por desgracia, ningún broker en ninguna de las estaciones que venden tiempo en Jalisco esperábamos ese trato excluyente de la administración estatal”.

Abunda: “Todos pensábamos que se iba a trabajar de manera libre y sin presiones, como siempre había sido, cada quien con la posibilidad de contratar municipios o donde se pudiera. Ahora se impone el criterio de control de todo y quien trabaja con Lamas está bien, de lo contrario se le cierran los espacios y la única alternativa que se abre es internet; ese es camino para hacer televisión o radio ante la cerrazón que se vive en Jalisco y la falta de apoyo a espacios independientes”.

Sostiene que muchos periodistas hacen fama en algunos de los principales medios para “venderla” después al gobierno por jugosos contratos, por lo que “no hay solidaridad entre los periodistas que trabajamos bajo esta modalidad”.

Para el líder de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés, ese monto propagandístico “insultante” debería destinarse a las necesidades más apremiantes de los jaliscienses. Por ejemplo, dice, desde hace años los empleados del Poder Judicial demandan una homologación de sueldos que requiere de una partida de 7 millones de pesos, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo la han aprobado.

Por eso, añade el líder, la tentación presidencial de Sandoval Díaz conlleva un grave riesgo: “Todos están recabando dinero para la campaña, igual que lo hicieron en el ayuntamiento de Guadalajara. Quebraron la alcaldía para brincar a la gubernatura. Ahora viene otra nueva aventura: alcanzar la presidencia de la República y pueden dejar tronado todo el estado. Lo que me angustia es el manejo de los recursos de Pensiones del Estado, en donde están los fondos de los trabajadores”.

http://www.proceso.com.mx/?p=375884

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El gasto publicitario del GDF (2011-14). La Jornada recibe la mitad de lo que se destinó a la radio

16 de junio, 2014
Irasema Rodríguez/la redacción

· Columnistas obtienen más que muchos medios

· El Chamuco: un millón 720 mil pesos/Letras Libres: 208 mil pesos

Una revisión del gasto publicitario del Gobierno del Distrito Federal en los últimos tres años y medio exhibe tanto el derroche propagandístico con cargo al erario como la falta de criterios para asignar esos recursos, por lo que, sin reglas ni criterios, varios medios reciben enormes cantidades de dinero sin importar su cobertura o sus contenidos. Por ejemplo:

De 2011 a abril de 2014, La Jornada captó poco más de la mitad de lo que se destinó a todas las empresas de radio durante ese mismo lapso; El Chamuco recibió un millón 720 mil pesos mientras que Letras Libres 208 mil pesos; incluso en este berenjenal varios columnistas obtuvieron más por ese concepto que otras publicaciones.

Cuando decimos derroche, de esto estamos hablando:

2011: 307 millones 232 mil 438.14

2012: 276 millones 852 mil 613.50

2013: 308 millones 32 mil 603.74

2014: 138 millones 824 mil 468.44

O sea, de mil 30 millones 942 mil 123 pesos erogados en tres años y cuatro meses.

Con base en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, etcétera obtuvo información sobre el gasto que, por concepto de publicidad, ha realizado el Gobierno del DF en el periodo señalado. (La información no incluye el gasto de propaganda en panorámicos de la ciudad.)

La fiesta de las cifras y la discrecionalidad

Además, una revisión precisa de los datos permite ver diferencias notables en la orientación del gasto entre las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Mientras que en la gestión de Ebrard se concentró la publicidad en pocos medios, en la de Mancera se constata una redistribución de los recursos aunque se han mantenido muchos privilegios y generado otros, e incluso el padrón de medios aumentó al considerarse diversos portales de dudosa cobertura a nombre de personas físicas o columnistas.

La revista Contenido, por ejemplo, es de los medios privilegiados por la administración de Ebrard, ya que en 2012 obtuvo un millón 200 mil pesos y en Internet 3 millones 700 mil pesos, lo que significa 952 mil pesos más de lo facturado por todas las revistas juntas, no obstante que ese fue un buen año para Proceso que, en 2013, es decir, en la administración de Mancera, solo facturó 300 mil pesos y hasta abril de este año nada más 200 mil.

También resulta interesante constatar que, en tres años y cuatro meses, una revista de caricaturas, El Chamuco, facturara un millón 720 mil pesos mientras que Letras Libres nada más 208 mil pesos en ese mismo lapso. En este caso como en todos los que aquí reseñamos no existen criterios formales para la asignación de los recursos; no sabemos porqué tal o cual medio recibió “x” cantidad económica.

Con el actual jefe de gobierno aún no se puede sacar conclusiones pero sí hay tendencias que llaman la atención: este año el periódico El Día duplicó su facturación hasta quedar cerca de otros diarios como Milenio, La Razón y Crónica, entre los que reina La Jornada, incluso a pesar de que ha facturado menos recientemente.

Para dar idea de lo que esto significa: de 2011 a lo que va de 2014 La Jornada ha facturado 76 millones 990 mil 789 pesos, lo que equivale al 51% del total erogado para la publicidad en radio. Otra forma de resaltarlo es decir que la facturación de La Jornada supera los recursos destinados a toda la prensa escrita en tres de estos cuatro años.

Televisa, el otro gran anunciante en la radiodifusión, ha facturado menos con el actual jefe de Gobierno del DF. Nada más en 2011 la empresa captó más de un tercio de la facturación total. Los datos están en los recuadros.

Otro aspecto muy llamativo es que ambas gestiones no promocionaron sus acciones en los medios públicos. [ver más]

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Gasto en publicidad oficial del primer año del Presidente Peña Nieto

El video cuenta sobre los montos ejercidos por el gobierno federal en publicidad oficial en 2013, el primer año de la administración del presidente ¡ Enrique Peña Nieto. Los recursos gastados alcanzaron más de 4,000 millones de pesos.

Gasto en Publicidad Oficial en el primer año de EPN from Article19 on Vimeo.

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Regulación de publicidad oficial queda fuera del debate sobre la reforma electoral

Boletín de prensa

Regulación de publicidad oficial queda fuera del debate sobre la reforma electoral

 

  • No existen señales de cambios ni en la práctica, ni en el marco normativo a pesar de los compromisos presidenciales y legislativos.
  • En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto reportó un gasto de $4,195 millones, monto 7.8% superior a los $3,890.4 millones recaudados en 2013 por el impuesto sobre los depósitos en efectivo.
  • Una transparencia deficiente, montos millonarios ejercidos y un alto grado de propagandismo del presidente, advierte el mismo patrón de uso indiscriminado que en los sexenios anteriores.
  • No se avanzará hacia un modelo de comunicación política más democrático y garante de la equidad en la contienda electoral si no se considera limitar y regular el uso de la publicidad oficial.

 

México D.F. a 13 de mayo de 2014.- Los legisladores fallaron a las promesas presidenciales y a sus obligaciones legislativas: dejaron la regulación del uso de la publicidad oficial fuera del pre-dictamen de la reforma electoral que se presentará para su aprobación esta semana en sesiones extraordinarias. En julio del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió regular la publicidad oficial. Asimismo, según el tercero transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, el Congreso tenía hasta el 30 de abril para emitir la legislación y no lo hizo. No existen señales serias de cambios, ni en el marco normativo del uso de la publicidad oficial ni en las prácticas.

 

El análisis Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013 realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ARTICLE 19, a través de los datos publicados en el Sistema de Comunicación Social (COMSOC), advierte el mismo patrón de gasto en publicidad oficial que en administraciones anteriores: una transparencia frágil, montos millonarios ejercidos sin reglas claramente definidas y contenidos propagandísticos que más que informar buscan persuadir a los ciudadanos sobre los alcances de las grandes reformas que implementa el gobierno.

En el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración pública centralizada y paraestatal se gastó $4,195 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial. El monto total es 7.8% superior a los $3,890.4 millones recaudados en 2013 por el impuesto sobre los depósitos en efectivo y equivale al 74% del monto que se planea recaudar en 2014 a través del impuesto sobre los alimentos no básicos con alta densidad calórica ($5,600 millones). Éste, si bien representa una disminución del 20% respecto al primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón (2006), dicha disminución no refleja un cambio estructural. Los gastos ejercidos por Enrique Peña Nieto han disminuido en el contexto particular de un primer año de gobierno aunado a una importante desaceleración de la economía.

En 2013, el ramo que más gasta por este concepto es Turismo con $1511.1 mdp, seguido por Hacienda con $846.52 mdp y Energía con $479.4 mdp. El gasto ejercido por estos últimos puede explicarse con las reformas estructurales del año pasado que estuvieron acompañadas de una importante propaganda oficial como la reforma educativa y la energética.

Por su parte, el análisis subraya la importancia de la Televisión en la distribución del gasto pues concentra 33% (equivalente a $1,392 mdp), seguido por la prensa escrita a la que se asigna el 18% ($736 mdp) y la Radio: 14% ($584 mdp). La inversión en Internet sigue siendo marginal: sólo el 5% se destina a este tipo de medio. Se destaca que el gobierno reparte la publicidad oficial bajo criterios diferentes a los que rigen el mercado publicitario en su conjunto, en donde el reparto se da de la siguiente manera: 61% en Televisión (televisión de paga y televisión abierta), 10% en prensa escrita y 9% en Radio. Es preocupante no conocer con detalle y claridad los criterios de distribución de la publicidad oficial.

 

Las deficiencias en el uso y la asignación de la publicidad oficial fomentan la opacidad, la corrupción y la censura sutil. Se trata de problemas estructurales que sólo se pueden resolver al mejorar el marco normativo, la rendición de cuentas y al garantizar la implementación efectiva de estos cambios. Se necesita una ley general que impulse la transparencia, el uso racional de los recursos públicos y el combate a la corrupción.

Por lo anterior, Fundar y ARTICLE 19 exigimos que, ante la discusión de las leyes secundarias de la reforma política electoral dentro del período extraordinario, se discuta y apruebe la ley de publicidad oficial para garantizar en todo momento la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad informativa.

Acceder al documento completo:  

Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013

 

 

*Sobre las iniciativas para regular la publicidad oficial, acceder al posicionamiento que se difundió en abril http://fundar.org.mx/mexico/?p=13118

 

*Para más información sobre este informe, ponerse en contacto con Juan Carlos Lavin, coordinador de comunicación en Fundar: +52 (55) 5554-3001, ext. 136 y/o al correo electrónico jclavin@fundar.org.mx o Lucía Vergara, Oficial Adjunta de comunicación y contenidos digitales de ARTICLE 19: +52 (55) 1054-6500, ext. 110 y/o al correo electrónico lucia@article19.org.

 

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Publicidad oficial : ¿cómo lograr una regulación eficaz?

Después de más de siete años, los legisladores están por regular el uso y asignación de la publicidad oficial en el marco de l dictamen de las leyes segundarias en materia político-electoral.
Desde el 4 de abril, las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; Gobernación; Estudios Legislativos, Segunda; Justicia y de Reglamentos y PrácticasParlamentariasdel Senado se declararon en sesión permanente para presentaren estos días el dictamen al pleno. [ver más]
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Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013

Este documento presenta la tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas elaborado por ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El índice mide el acceso a la información del gasto en publicidad oficial con la intención de nutrir el debate sobre su asignación y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos en el país.

La publicidad oficial se refiere a los espacios en los medios de comunicación que compra el gobierno para informar a la ciudadanía. Debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. No debe promover –explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido ni del gobierno.

En un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la población y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades. Por esto, la publicidad oficial debe sustentarse bajo los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación. [ver más]

 

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La censura indirecta plantea peligros significativos para la libertad de prensa en México

La libertad de prensa en México enfrenta amenazas generalizadas y crecientes de “censura indirecta”, que incluye el uso gubernamental de incentivos financieros y sanciones a los medios para presionar, castigar reportajes críticos y recompensar coberturas favorables, según un nuevo informe publicado hoy por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Mientras que los periodistas mexicanos son frecuentemente el blanco de ataques físicos, la censura indirecta es otro peligro más sutil y muy importante para la libertad de prensa, advierte el informe.

“Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” demuestra cómo los gobiernos federal y estatales de México usan su poder financiero para presionar a los medios de comunicación y penalizar la información crítica. El informe fue elaborado por WAN-IFRA y elCentro Internacional de asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA), en colaboración con la organización de derechos humanos mexicana Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la oficina de México y Centroamérica de ARTICLE 19.

“Aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas en México, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser reconocida como la seria amenaza que supone para la independencia de los medios y la libertad de prensa, en México y en todo el mundo”, advirtió el director ejecutivo de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne. “A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de indignación internacional”.

El informe de México es el tercero de una serie de análisis que WAN-IFRA y sus socios, con el apoyo de Open Society Foundations y Open Society Justice Initiative, han puesto en marcha para investigar la práctica de la censura indirecta en todo el mundo. Los dos primeros informes sobre la censura indirecta, publicados en enero, se centraron en Hungría y Serbia.

La práctica de la censura indirecta, o censura gubernamental indirecta, incluye una serie de acciones destinadas a influir en los medios de comunicación, excluyendo cierres , encarcelamientos, censura directa de contenidos específicos, o ataques físicos a los medios de comunicación o periodistas. El informe revela que en México la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Sin reglas claras y precisas, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas. Investigaciones detalladas y extensas entrevistas exponen cómo los gobiernos federales y locales utilizan la publicidad oficial para influir líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente a medios de comunicación que apoyan a algunos funcionarios y sus políticas.

El informe aboga por reglas justas y transparentes para promover el desarrollo de un sector de medios de comunicación independientes. Sus nueve recomendaciones están diseñadas como punto de partida para las reformas más amplias que se necesitan urgentemente con el fin de ayudar a que la prensa mexicana cumpla su papel esencial en la promoción de la democracia, el pluralismo y la rendición de cuentas.

”México no puede llegar a un nivel de rendición de cuentas efectiva o tener éxito en la democratización de su panorama de los medios sin abordar la multimillonaria asignación arbitraria de la publicidad oficial que limita el pluralismo, la libertad de expresión y el acceso a la información”, según la investigadora principal de Fundar, Justine Dupuy. Para Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19: “La falta de criterios para la asignación de la publicidad oficial influye fuertemente en la información que los medios de mexicanos proporcionan) y distorsiona el debate público. Esto amenaza la libertad de expresión, y se añade silenciosamente pero con fuerza al escalofriante efecto de la impunidad de la violencia contra los periodistas”.

A pesar de los grandes retos que identifica, el informe ofrece algunas señales alentadoras. Unos pocos estados y algunos medios de comunicación están trabajando para infundir una nueva integridad en la práctica oficial y periodística. Y el presidente y los legisladores de México siguen estando oficialmente comprometidos con una promulgación de cambio. WAN-IFRA, con sedes en París (Francia) y Darmstadt (Alemania) y delegaciones en Singapur e India, es la asociación internacional de periódicos y editoras de prensa de todo el mundo. Agrupa más de 18.000 publicaciones, 15.000 sitios web y más de 3.000 empresas de 120 países diferentes. Entre sus principales valores destaca la defensa de la libertad de prensa, el periodismo de calidad y la integridad editorial, así como el trabajo en pos de la prosperidad del sector.

Para más información acerca de las actividades de libertad de prensa de WAN-IFRA, visitar: www.wan-ifra.org/pressfreedom
Para consultas, contactar a: Rodrigo Bonilla, Gerente Regional para América Latina, WAN-IFRA, 96 bis rue Beaubourg, 75003 París, Francia. Tel: +33 1 47 42 85 37. Fax: +33 1 47 42 49 48. E-mail: rodrigo.bonilla@wan-ifra.org.

Consulta el Informe aquí

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