Chihuahua: Mejor un “gobierno mediático que un gobierno para la comunidad”

El estado de Chihuahua reserva la información sobre el desglose del gasto en publicidad oficial a pesar de gastarse cientos de millones de pesos en publicidad oficial. Es decir, el ciudadano no puede saber a quién el Poder Ejecutivo le otorga publicidad oficial y tampoco puede conocer los montos de los contratos. La red Libre Periodismo nos comparte una alarmante opinión sobre el uso de la publicidad oficial en su estado.

Publicidad Oficial (PO): ¿Qué opina usted de los resultados del índice para su estado? ¿Refleja lo que ya conocía sobre el uso de la publicidad oficial?

Red Libre Periodismo (RLP): Es un logro conocer cifras concretas de publicidad oficial, porque la opacidad ha sido la característica de la actual administración. Las cifras no nos extrañan, ya que hemos visto cómo ha crecido el número de medios de comunicación los últimos años, y que tienen publicidad oficial, la mayoría sólo vive de ese tipo de publicidad.

Las cifras reflejan lo que las autoridades pueden comprobar dentro del presupuesto destinado a medios de comunicación, pero no reflejan las partidas que ofrecen y dan a los directivos y dueños de los principales medios de comunicación, quienes han hecho crecer su patrimonio de manera importante y evidente.

La información se convirtió casi en su totalidad en Chihuahua, en una moneda de cambio para gobierno del Estado. Preocupa que la consigna es no informar sobre violencia ni víctimas, minimizar los efectos de la inseguridad. El gobierno prefiere gastar en publicidad a fin de dar una imagen de buen gobierno. Los números que arrojó el índice al gasto en publicidad son exorbitantes. En esta administración, el gasto en publicidad se ha sobrepasado en un 202 por ciento, ya que les interesa más un gobierno mediático, que un gobierno para la comunidad.

Con el caso de la violencia, el incremento de desapariciones y algunos delitos de alto impacto, el gobierno prefiere «comprar» los servicios de los medios para informar parcialmente de sus acciones, sólo lo que ellos quieren que se sepa, el resto forma parte de la censura que existe. Se privilegia a ciertos medios y como bien asienta el informe, no existe la transparencia necesaria para conocer la asignación de los recursos.

PO: ¿Conoce algún caso de presión a los medios a través de la asignación, retiro, negación o discriminación de pauta publicitaria en su estado?

RLP: Prácticamente en todos los medios. La mayoría de los directivos y dueños no pone mucha resistencia a la censura, es un acuerdo sobreentendido, publicar o no publicar lo que al gobierno así le convenga. La mayor presión es contra los reporteros que desean hacer su trabajo y dar a conocer la realidad que vive Chihuahua. Ejemplos hay muchos, en cada medio hay por lo menos una historia de censura y frustración periodística.

En El Diario de Juárez, que venía haciendo un periodismo social, de investigación, a partir de la actual administración, los directivos han cerrado el margen de cobertura periodística. Hay excelentes reporteros de investigación pero ya no tienen toda la libertad que tenían.

El Heraldo de Chihuahua privilegia la agenda oficial y es evidente. Portales digitales como omnia.com.mx y laopcion.com.mx, comenzaron a permitir un periodismo social y cobertura de víctimas, lo que sirvió a los dueños para negociar sus convenios oficiales y una vez obtenidos, para no evidenciar el doble discurso de libertad de expresión contra censura, presionaron al equipo de reporteros hasta desarticularlo y “renunciar” a la mayoría.

Otro digital al que se le retiró la publicidad por parte de Gobierno del Estado, fue El Pueblo. Al dueño no le convenía el monto del convenio y comenzó a publicar en su contra, le retiraron toda la publicidad hasta que negociaron. Hoy es otro medio oficialista más.

En el estado es evidente, en caso de que algún medio publique algo en contra o negativo del gobierno, se ve expuesto a perder su contrato de publicidad o convenio. Convenios que se firman en lo oscurito y no con una tarifa unitaria, sino a merced de los beneficios que el Estado pueda obtener. Los directivos de los medios tampoco están exentos, ya que ellos negocian las ganancias de la publicidad.

PO: ¿Sabe cuál es la práctica del gobierno de su estado para asignar la publicidad oficial?

RLP: Negocia en la opacidad. Hay directivos de medios ya posicionados , con quienes negocia de manera directa. No conocemos los montos asignados a cada medio, pero sabemos cuáles reciben convenios más grandes por filtraciones que se dan desde gobierno. No hay un estándar para cada uno ni parámetros profesionales, todos son de acuerdo con los compadrazgos, nivel de presión o extorsión del medio o de la facilidad para negociar por parte de los interesados. Lo demás es simulación.

PO: ¿Existen diferencias con los gobiernos anteriores?

RLP: Lo que administraciones pasadas trabajaron para controlar medios, esta administración lo aprovechó y con una advertencia autoritaria, asumió el control casi total.

El objetivo del actual gobernador es construir su propia buena imagen y lo dijo desde que llegó: mano dura y el poder es para poder. La advertencia que es de dominio público, es que César Duarte trabaja para su candidatura hacia la presidencia de la República.

Contra todo, hasta contra la realidad, quiere demostrar y pasar a la historia como el gobernador que acabó con la violencia en Chihuahua, con una política de “mano dura”, a pesar de las víctimas, de las violaciones a los derechos humanos y de la realidad.

Ahora, desde el Poder ejecutivo se decide a cuáles medios y cuánto se les asigna publicidad oficial de los tres poderes, de las universidades autónomas de Chihuahua y Juárez, del instituto de transparencia y del Instituto Estatal Electoral. La publicidad se les otorga a cambio del manejo de información que convenga al gobierno, al gobernador que está empeñado en ser el próximo presidente de la República.

Como nunca, han contratado un gran número de comunicadores para todas las dependencias gubernamentales. Cada “jefe” de comunicación social de cada secretaría y dirección, tiene a su cargo otros reporteros y fotógrafos.

Con esa plantilla de comunicación, mantienen monitoreadas las redes sociales, principalmente los perfiles de los reporteros. Cuando alguno opina o muestra una tendencia de crítica contra el gobierno, desde el gobierno llaman la atención a los directivos y jefes de información para que obliguen al reportero a dejar de escribir de esa manera. Hay casos en los que han corrido reporteros de medios, los han presionado para que se vayan y en prácticamente todos los medios, los tienen advertidos sobre lo que se puede o no publicar en el medio y en las redes.

A los comunicadores empleados de gobierno, los han capacitado para el uso eficaz de redes sociales y creación de blogs. Como la mayoría tiene experiencia en el periodismo, les piden un número determinado de reportajes, notas, entrevistas de fondo (todo con contenido favorable para gobierno, claro), y hasta fragmentos para columnas políticas que posicionan sin problema en todos los medios porque como ellos pagan, ellos mandan, así se ha naturalizado la situación.

Con ese panorama, el gremio está cada vez más frustrado. La violencia se ha intensificado. Obviamente el gobierno promueve la baja de homicidios en Juárez, que ha sido el principal foco de atención, y no es para menos, en los últimos años. Pero no hablan del incremento importante de personas desaparecidas, no sólo en Juárez sino en todo el estado. Tampoco dicen que la violencia y homicidios aumentaron en otras partes del estado, como en la sierra y la zona centro sur. Trabajan sobre la percepción y con los medios comprados, se complica la cobertura para la mayoría.