Sinaloa: información incompleta, sesgada y depurada

Sinaloa es uno de los estados más transparentes en materia de gastos en publicidad oficial. Sin embargo el periodista José Alfredo Beltrán de Iniciativa Sinaloa nos comparte su escepticismo sobre la calidad de la información oficial.

Publicidad Oficial: ¿Qué opina usted de los resultados del índice para su estado? ¿refleja lo que ya conocía sobre el uso de la publicidad oficial?

José Alfredo Beltrán: En el caso de Sinaloa la experiencia con las cifras que se proporcionan vía Ley de Acceso a la Información Pública del Estado desde siempre nos han generado dudas, suspicacias y baja credibilidad hacia las mismas. En el pasado hemos documentado –no en pocas ocasiones—cómo la información que se obtiene a través de la ley está incompleta, sesgada, depurada o simplemente, no se ajusta a la realidad.

En el caso particular el investigador ha tenido acceso a versiones de primera mano que revelan que hay gastos publicitarios oficiales que no se documentan, y hay transacciones que no son incluidas, formalmente, en los presupuestos oficiales, que terminan “cuadrándose”, para evitar cuestionamientos o señalamientos en este rubro sensible, que conecta al poder público con los poderes fácticos: los medios de difusión.

Ahora bien, si damos por auténticas las cifras, es importante resaltar que éstas entrañan una opacidad por la forma como son presentadas, ya que el concepto genérico de “difusión de acciones de Gobierno”, impide conocer el detalle del ejercicio del gasto público, y evaluar, asimismo, los contenidos de los mensajes que se financian con cargo al erario. La sociedad tiene derecho a saber no sólo cuánto, sino cómo se eroga el presupuesto oficial en materia publicitaria. Si se pagó una gacetilla –lo cual es contrario a la ética periodística–, si se financió un elogio, si se compró la portada de un medio de difusión, y en concreto, cómo se gasta el recurso. Y eso en Sinaloa, hasta ahora, ha sido imposible saberlo.

PO: ¿Conoce algún caso de presión a los medios a través de la asignación, retiro, negación o discriminación de pauta publicitaria en su estado?

JAL: En el actual sexenio que encabeza Mario López Valdez el semanario Riodoce ha denunciado un veto publicitario, debido a su línea crítica. Es el caso más sonado, hasta ahora. En el pasado, periódicos como Noroeste han denunciado la discrecionalidad con que en Sinaloa se asigna la publicidad gubernamental, beneficiando a diarios afines a los gobernadores en turno.

PO: ¿Sabe cuál es la práctica del gobierno de su estado para asignar la publicidad oficial? ¿existen diferencias con los gobiernos anteriores?

JAL: La publicidad oficial se asigna con base en criterios subjetivos, caprichosos, del gobernante en turno, a su total discreción. Impera aún la vieja máxima del sistema autoritario “No pago para que me pegues”. No existe una ley que con base en criterios objetivos determine en qué medios se anuncia el gobierno. En este sentido, no hay diferencias respecto a gobiernos anteriores.

PO: ¿Existen iniciativas de ley para regular la publicidad oficial en su estado?

JAL: Actualmente no, porque es un tema que no está en la agenda pública. Y salvo coyunturas específicas, algunos medios como Noroeste han puesto el tema en la palestra, sin que haya actores sociales o masa crítica que empujen una legislación en la materia. En las dos anteriores Legislatura, los diputados del PRD propusieron una iniciativa sobre transparencia publicitaria, que en la actual, la 60, no fue ratificada. Algunos periodistas activistas hemos realizado foros al respecto, pero sin un interés de la clase política local por abrigar el tema, fundamental en la construcción de un Estado de Derecho.

PO: Tiene algún comentario que considera que vale la pena agregar en este análisis

JAL: Sí. Debemos analizar con reserva los números, fríos, que nos proporcionan los gobiernos estatales en este rubro. No hay que dejar de lado que a diferencia de la federación, en los estados del país sigue existiendo un fuerte control político de los gobernadores, que convierten en feudos sus estados, y determinan discrecionalmente presupuestos públicos, y controlan las instituciones. Ello aunado a que hay dueños de medios de difusión que a la vez son propietarios de otros negocios, vía por la cual pueden acceder a más recursos públicos.