Ciudad de México, a 18 de abril de 2019. La política de comunicación social publicada el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, significa algunos avances importantes en la materia pero que no son suficientes para garantizar un mejor uso del gasto en publicidad oficial. Impulsar un cambio real en la relación entre medios y gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales.

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• El Colectivo #MediosLibres exige al Legislativo abrogar la #LeyChayote e invita a los diversos grupos parlamentarios a apoyar y respaldar la iniciativa ciudadana de ley general para regular la publicidad oficial.
• Es necesario que el Legislativo dé paso a un proceso plural de parlamento abierto que lleve a una ley que reconozca los más altos estándares internacionales en la materia.
• Para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad se requieren criterios claros, objetivos y transparentes sobre el uso y asignación de la publicidad oficial.

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018. El Colectivo #MediosLibres presenta una iniciativa ciudadana para abrogar la #LeyChayote y expedir la Ley General de Publicidad Oficial que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Desde la publicación de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como #LeyChayote, el pasado 11 de mayo, el colectivo #MediosLibres -integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos-, ha trabajado esta iniciativa ciudadana retomando los más altos estándares en materia de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión, incluidas las bases mínimas emitidas por este Colectivo y presentadas en febrero de este año al Congreso de la Unión y los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa tiene como objetivos eliminar el uso proselitista de la publicidad oficial, impulsar la democratización de los medios, fomentar el pluralismo y garantizar la libertad de expresión e información en nuestro país.

Luego entonces, la iniciativa:

1. Promueve la regulación de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades gubernamentales.
2. Obliga a autoridades, pero también a medios de comunicación y otras formas de difusión y promoción a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos de publicidad oficial.
3. Prohíbe y sanciona el uso propagandístico de la publicidad oficial.
4. Prohíbe y sanciona el uso de la publicidad oficial para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.
5. Establece criterios de asignación de la Publicidad Oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
6. Establece topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10% de lo aprobado).
7. Establece mecanismos e instrumentos de planeación y evaluación de las estrategias de comunicación social.
8. Elimina el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración y otorga al INEGI la facultad de llevar a cabo dichas mediciones.
9. Otorga facultades al INAI como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial.
10. Crea un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
11. Fortalece la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.

Esta ley es un punto de partida para abrir un debate plural y transparente.  Por esto, hacemos un llamado respetuoso a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para abrogar la Ley General de Comunicación Social y respaldar esta iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial. De esta manera, será necesario conformar, a la brevedad, un espacio de discusión plural, de mesas de trabajo en un proceso de parlamento abierto para aterrizar los puntos más apremiantes de esta propuesta de ley.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha señalado que reducirá en 50% del presupuesto aprobado el gasto en publicidad oficial, sin embargo, la reducción es insuficiente si no existen reglas claras para su asignación. En este sentido, es encomiable que el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada durante el presente periodo de sesiones.

En noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de publicidad oficial genera un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión y limita el derecho a la información de la sociedad. En este sentido, ordenó al Congreso de la Unión a regular el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política a más tardar el 30 de abril de los corrientes. Sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo perdieron una oportunidad histórica para regular la publicidad oficial legalizando las malas prácticas. Por esto, el Colectivo #MediosLibres espera que en este periodo legislativo el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada que garantice el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y abone a una verdadera democracia.

CONTACTOS:

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Diana Amador                                                                                                  Juan Vásquez

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• Senadores presentan una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyChayote porque contraviene la libertad de expresión y otros principios constitucionales.
• Se abre nuevamente la posibilidad para que la SCJN reitere la inconstitucionalidad y las violaciones a derechos humamos que formaliza la #LeyChayote.

Ciudad de México, 7 de junio de 2018.  En el día de la libertad de expresión en México, 52 senadores del PAN, PT, PRD y Morena  presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social (#LeyChayote), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018 por considerar que esta vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, además de vulnerar las reglas del  procedimiento legislativo.

El Colectivo #MediosLibres saluda esta iniciativa de las y los senadores, reconociendo la labor de oposición y de control constitucional.  Asimismo, lamenta que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos garantes de los derechos violados por esta norma hayan seguido, hasta el momento, el ejemplo de las y los legisladores.

La acción de inconstitucionalidad establece que la #LeyChayote:

1. Vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión al violar los principios internacionales en materia de publicidad oficial y los señalados en el artículo 134 constitucional.
2. Incumple los criterios derivados de la exhortación de la SCJN.
3. Vulnera el derecho fundamental de la libertad de imprenta.
4. Viola el derecho de las audiencias.
5. Documenta violaciones al proceso legislativo que afectan la validez de la Ley.

Desde el Colectivo #MediosLibres hemos señalado en diversas ocasiones que la Ley General de Comunicación Social promueve y mantiene las malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta. Asimismo, que el proceso legislativo de la #LeyChayote más que atender de manera integral las inconstitucionalidades que señaló la SCJN, fue una simulación para cumplir en tiempo la sentencia y que los legisladores no incurrieran en desacato.

Incluso, el Congreso hizo caso omiso a las recomendaciones y señalamientos  sobre los estándares necesarios en publicidad oficial para garantizar diversos derechos, de actores internacionales como la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Es por lo anterior que, el Senado presenta este recurso -de conformidad con su facultad consagrada en el artículo 105, fracción II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos-, y se logre determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones que afectan los derechos humanos y que están formalizadas en esta #LeyChayote.

En el día en que se celebra la libertad de expresión en México, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia volverá a hacer prevalecer el orden constitucional de respeto a los derechos humanos a fin de avanzar hacia un Estado donde existan #MediosLibres.

• Sin atender las recomendaciones y observaciones de la sociedad civil, Enrique Peña Nieto aprobó la #LeyChayote que atenta contra la libertad de expresión.
• Se perdió la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con #MediosLibres.
• El Juzgado de primera instancia no notificó sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudad de México, 11 de mayo de 2018.- A seis años del surgimiento del movimiento #YoSoy132, y a seis años de su promesa de regular la publicidad oficial, el presidente Enrique Peña Nieto expidió la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, que no atiende los problemas centrales de la publicidad oficial y, por el contrario, legaliza las malas prácticas. La ley publicada el día de hoy por el Presidente de la República, invita a la censura, el gasto desmedido de los recursos públicos, la información falsa, la uniformidad de medios, la corrupción y otras malas prácticas.

Sin atender las peticiones, señalamientos y recomendaciones emitidas por la sociedad civil, los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos internacionales de Derechos Humanos, el poder Ejecutivo y el Legislativo perdieron la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con medios libres. La falta de voluntad política y compromiso por parte de los legisladores en todo el proceso de elaboración de la ley resultó en la emisión de una ley que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y que obedece a intereses particulares y no a los de la sociedad.

A la par, es importante recalcar que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que conoció el asunto en primera instancia, no ha resuelto sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo promovido por ARTICLE 19 para regular la publicidad oficial, la cual fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 15 de noviembre de 2017.

En una apresurada publicación el Ejecutivo Federal se ha manifestado sin esperar el pronunciamiento sobre el debido cumplimiento de una ley que no cumple los estándares mínimos de la materia.

El Colectivo #MediosLibres rechaza la #LeyChayote, que no fue elaborada dentro de un proceso de Parlamento Abierto y de articulación con la sociedad civil. Esta ley es una simulación para cumplir el mandato establecido por la Corte y no entrar en desacato.

A través de esta aventurada publicación, se refleja el poco compromiso político y social que esta administración ha tenido en estos casi seis años de gobierno, y más grave aún, deja pendiente el compromiso asumido al entrar en funciones de regular la publicidad oficial.

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.

• Sin escuchar las criticas ni advertencias, el Senado pasa en fuerza la Ley General de Comunicación Social y la aprueba sin ningún cambio,
• La ley no cumple con lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Legaliza las malas prácticas en torno a la publicidad oficial, mantiene el estatus quo.

La noche del miércoles 25 de abril el pleno del Senado de la República con 60 votos favor, 46 en contra y una abstenciónde aprobó la Ley General de Comunicación Social en un proceso legislativo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades que desde el Colectivo #MediosLibres denunciamos en más de una ocasión.

La minuta votada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre del 2017 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial, y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por los diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión.

A través de esta simulación legislativa en la que se buscó emitir la ley antes del 30 de abril, fecha límite establecida por la Corte para no entrar en desacato, no se cumple con lo establecido en la sentencia ya que persiste «la vulneración a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión». Asimismo, la libertad de expresión se sigue viendo afectada al no establecer reglas claras en el tipo de gasto de la publicidad oficial. En palabras de la sentencia esta ley aprobada en el pleno del Senado «viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.»

El proceso que se siguió en ambas Cámaras no respetó los lineamientos legislativos ni el diálogo con la sociedad civil, lo cual se traduce en que esta ley, es una ley sin consenso. A pesar de las reuniones en Comisiones Unidas (Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos Primera) los días 19 y 24 de abril, en las cuales llegaron a un empate, la minuta no tuvo ningún cambio en su contenido y se aprobó en el pleno de la Cámara de Senadores, lo cual incumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Sin importar los diversos llamados no sólo del colectivo #MediosLibres sino de organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de diversos actores de oposición dentro de ambas cámaras, esta ley fue aprobada sin considerar las preocupaciones que se denunciaron a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia.

Esto claramente muestra una total falta de voluntad política, una falta de compromiso por parte de las y los legisladores, que se vio reflejado en un supuesto cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte dejando una gran deuda que el Congreso tiene para con la sociedad, así como para sus derechos y libertades. No puede existir una sociedad democrática sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresión como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia. Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas, lo que implica que los medios de comunicación “sirvan para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad”.

La falta de diálogo con la sociedad civil y su integración en el proceso tuvieron como consecuencia que esta ley obedezca a intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere. Por tales motivos y razones, es que desde el colectivo reprobamos la forma en la que se condujo este proceso legislativo y rechazamos contundentemente el resultado en la que esta ley derivó, que deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información de esta sociedad.

Este no es un cumplimiento integral, y finalmente con esta aprobación de la minuta persistirán las violaciones a los derechos humanos que la Suprema Corte intentó proteger en su sentencia. No bastaron cinco meses para que el Congreso hiciera lo que se le ordenó y decidieron hacer su trabajo legislativo en escasos dos meses a través de un proceso lleno de irregularidades.