Primer año de gobierno de AMLO: el gasto en publicidad oficial a la baja, pero persisten las malas prácticas

Ciudad de México a 2 de julio de 2020.- Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc), que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5,212 millones de pesos para publicidad oficial. Sin embargo, de acuerdo con las cifras definitivas del Comsoc[1] el gobierno federal gastó durante 2019 un total de 3,245 millones de pesos, dejando de ejercer cerca de dos mil millones de pesos. Si bien, el monto ejercido en 2019 representa alrededor de una tercera parte del gasto ejercido durante el primer año de Peña Nieto (9,632 mdp) y poco más de la mitad de Calderón (7,381 mdp), preocupa que se mantenga las malas prácticas al momento de ejercer este gasto.[2]

La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social[3] presentada el 17 de abril del 2019, persisten[4] los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.

El gasto en publicidad oficial sigue altamente concentrado. Del total del monto erogado en 2019, cinco[5] de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir poco más de 1,253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose, La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos.[6]  Asimismo, de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres[7] de ellas concentraron el 67%, es decir, poco más de 2,170 mdp.

Beneficiarios de Publicidad Oficial durante el primer año de AMLO

Si bien el presidente López Obrador se comprometió a través de su política de austeridad y combate a la corrupción a disminuir en un 50% el gasto de publicidad oficial, lo cierto es que las malas prácticas no han cambiado. Al contrario, han originado desigualdad y brechas entre los medios de comunicación que aspiran a beneficiarse a través de la publicidad oficial. De igual forma preocupa la falta de planeación del gasto ya que puede derivar en la ineficiencia y también, aleja los contenidos publicitarios de aquellos de interés general. De acuerdo con la información que emite la SFP, de los 3,246 millones ejercidos 2,720 millones se gastaron únicamente en diciembre, es decir, el 83%; y 306 millones, el 9% en noviembre. Más del 90% del gasto se encuentra concentrado en los últimos dos meses de 2019.

ARTICLE 19 y FUNDAR recuerdan que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, en donde la salud y la economía de las personas se encuentra en desbalance, es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo. En este sentido, es importante que el gobierno planee de manera estratégica el gasto de publicidad oficial a fin de que la comunicación social logre acompañar a los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para su bienestar y desarrollo.

El gobierno federal y el titular del ejecutivo deben tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de la población a estar debida y oportunamente informada, recordando que la correcta regulación de la publicidad oficial es hoy más que nunca necesaria. Desde ARTICLE 19 y FUNDAR hemos insistido en la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social[8] y dar pie a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas, principalmente a través de la definición de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta; así como de mecanismos de planeación, control y evaluación del gasto.[9]


[1] Disponible en: https://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-comunicacion-social

[2] Todas las cifras en pesos de 2020.

[3] Disponible en:  https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558048&fecha=17/04/2019

[4]  Disponible en: https://publicidadoficial.com.mx/la-nueva-politica-de-comunicacion-social-es-un-paso-importante-pero-insuficiente/

[5] Los medios de comunicación más beneficiados en 2019 por publicidad oficial fueron: Televisa, TV Azteca, La Jornada, Medios Masivos Mexicanos, Grupo Fórmula.

[6] Para más información revisar “El gasto navideño en publicidad oficial”, disponible en: https://publicidadoficial.com.mx/el-gasto-navideno-en-publicidad-oficial/

[7] Las secretarías con mayor concentración del gasto: Secretaría de Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social, Pronósticos para la asistencia pública.

[8] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

[9] En 2018 el Colectivo #MediosLibres elaboró una iniciativa de ley, disponible en: https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/10/LGPO-VF-24102018.pdf

El decreto que planea firmar el presidente Andrés Manuel López Obrador para devolver los tiempos fiscales del Ejecutivo en radio y televisión representa un retroceso al derecho a la información de la sociedad.

Ciudad de México a 3 de abril de 2020.- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mismo día firmará un decreto para devolver a los concesionarios los tiempos fiscales que usa el Poder Ejecutivo, pues considera que no requiere de propaganda alguna para ejercer su gobierno. Justifica lo anterior a partir de la reducción al gasto en publicidad oficial que ha realizado desde su llegada a la presidencia (la reducción ha sido de más de 500%) y de los efectos que esta reducción ha generado en los ingresos de la radio y televisión dijo:

hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo no necesita de propaganda, la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria.”.

Eliminar los tiempos fiscales sería un retroceso y generaría una afectación directa al derecho a la información de la sociedad más aún en momentos de emergencia como el que vivimos actualmente. 

Es de suma relevancia tener en cuenta que el papel del Estado ante contextos como el de la pandemia de Covid-19, los tiempos fiscales (18 minutos en TV y 35 minutos en radio) y del Estado (30 minutos) son más necesarios e importantes que nunca. Los esfuerzos del Estado deberían encaminarse a informar debidamente y por todos lo medios necesarios a la sociedad sobre el actual contexto que se está viviendo. Más aún cuando los canales de radio y televisión son precisamente aquellos que llegan a las comunidades más apartadas y vulnerables donde no existe el acceso a Internet. 

Por otro parte, es importante tomar en cuenta que los tiempos fiscales no son del presidente, si no que se dividen en distintas instituciones del Estado que también tienen el deber de informar a la ciudadanía y que los mismos NO deberían ser espacios propagandísticos, como infiere López Obrador, si no informativos. Así estos espacios pertenecen al Estado en su conjunto, no al Ejecutivo, y por lo tanto no puede disponer libremente de ellos.

Por su parte, el presidente anunció que se recortará el gasto en publicidad oficial una vez más, y será durante este año sin señalar de cuánto sería la reducción ni cuándo se haría. Cabe señalar que el presupuesto para 2020 es de alrededor de 2,600 millones de pesos, monto que se redujo en casi la mitad del presupuesto para 2019 (5,200 mdp). Esta reducción podría poner en aprietos a los medios de comunicación, hasta llegar a la desaparición de varios de ellos, sobre todo por las deficiencias del marco legal existente, ya que no existen criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación y distribución de la pauta. 

SI bien, la reducción puede realizarse vía adecuaciones presupuestarias, es necesario conocer los criterios bajo los cuales se reducirá el presupuesto y hacia a dónde se redirigirá. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su capítulo III, señala que las modificaciones presupuestarias pueden llevarse a cabo siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto. El gobierno debe dar claridad sobre el movimiento de estos recursos ya presupuestados en caso de que los utilicen para mitigar algunas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria y económica. 

Al respecto, es importante tomar en cuenta que la medida anunciada lejos de ser una que pueda venir aparejada de la reducción del gasto en publicidad oficial, es enteramente contradictoria, pues el Estado deberá seguir informando a través de campañas sobre el ejercicio de derechos y obligaciones (cumplimiento de obligaciones fiscales, campañas de vacunación, campañas para la prevención de la violencia, etc.)  y con esta medida tendrá que recurrir a la compra de espacios publicitarios para lograr su difusión. Es importante recordar que una medida similar a la hoy impuesta por el gobierno de Vicente Fox detonó, en su momento, el incremento desmesurado del gasto en publicidad oficial.

Finalmente, la medida anunciada por el Presidente pone en relieve la existente relación perversa, arbitraria y opaca entre medios de comunicación, principalmente de radio y televisión, y el gobierno. 

En este sentido, Article 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación hacemos un llamado a la Presidencia de la República a revisar la pertinencia, oportunidad y efectividad de la medida a la luz del derecho a la información de las y los mexicanos.


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ARTICLE 19 y FUNDAR presentan escrito de amicus curiae sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la Ley General de Comunicación Social.

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá las acciones de inconstitucionalidad  52/2018, 53/2018 y 55/2018 presentadas por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el partido político Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las violaciones que se generaron en el proceso legislativo, como también violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. Desde ARTICLE 19 y FUNDAR reconocemos la importancia de esta facultad contenida en el artículo 105 fracción II de nuestra constitución para impugnar leyes contrarias al contenido de nuestra carta magna.

Es importante recordar que la Ley General de Comunicación Social resultó de la resolución de la Primera Sala del amparo en revisión 1359/2015 del 17 de noviembre del 2017, en la cual se requirió al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Dicha resolución derivó en un polémico proceso legislativo, en el cual, el 11 de mayo de 2018 el entonces Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social, misma que entró en vigor el 1 de enero del 2019. En junio del mismo año se interpusieron las acciones de inconstitucionalidad en cuestión.

La Ley General de Comunicación Social no permite una correcta y debida regulación de la publicidad oficial, lo cual significa que persisten las violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión y a la información al no propiciar las condiciones óptimas para un correcto y debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y periodistas que fomente la pluralidad informativa mediante la equitativa, objetiva, transparente, eficiente y efectiva distribución de los recursos en este rubro.  Las prácticas establecidas en materia de publicidad oficial también impiden que la sociedad pueda ejercer su derecho a la información a través de la comunicación social con fines informativos, educativos o de orientación social, o a partir de la información difundida por medios de comunicación y periodistas. Actualmente no existen criterios claros para la asignación de la pauta publicitaria, lo que permite la discrecionalidad en la asignación y los sobreejercicios exorbitantes.

Por estas razones, el día 20 de febrero del 2020 presentamos escrito de amicus curiae para reforzar los argumentos vertidos en las acciones de inconstitucionalidad y demostrar que la actual Ley General de Comunicación Social tuvo un viciado proceso legislativo, y que su contenido carece de los más altos estándares internacionales en la materia (criterios de distribución de la pauta estatal, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación publicitaria y pluralismo informativo); de igual forma se evidencia que no se apega a los principios establecidos por mandato constitucional (tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social), ni por la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mencionaba la importancia de asegurar que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas.

La importancia de que nuevamente sea el Poder Judicial quien reconozca la ausencia de una legítima y correcta regulación en la materia, abre una nueva ventana de oportunidad para contar con un marco regulatorio que efectivamente garantice el derecho a la información, la libertad de expresión y fomente la pluralidad mediática.

Es así, que solicitamos al máximo Tribunal Constitucional del país, que considere, analice y se allegue de todos los argumentos vertidos tanto en las acciones de inconstitucionalidad, como del escrito de amicus curiae, para resolver conforme a derecho, declarando la clara ilegalidad de la norma que es contraria al contenido de nuestra carta magna.

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El gasto navideño en publicidad oficial


David Jáuregui & Joseph Brandim Howson

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), los medios estuvieron, saturados con promocionales del gobierno federal de manera recurrente. Quién no recuerda, por ejemplo, la emblemática frase “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, que resonó durante varios meses por dondequiera.

Hasta comienzos de este año, no era posible analizar con suficiente precisión cómo se comportó el gasto en publicidad durante toda la administración pasada. Las cifras publicadas por la Secretaría de la Función Pública eran todavía preliminares, o bien, estaban en formatos completamente inmanejables para su estudio. Gracias a Fundar y Artículo 19 es que ahora las cifras finales del gasto en publicidad oficial del sexenio de EPN están disponibles y, sobre todo, trabajadas para poderse analizar.

Así pues, nos dimos a la tarea de analizar la dimensión temporal del gasto en comunicación social de la Administración Pública Federal (APF) durante el sexenio de EPN. Es decir, analizamos cómo se gastó en publicidad oficial de 2013 a 2018.

Hallazgos principales:

  • El gasto del gobierno federal en publicidad oficial presenta un patrón recurrente: en los últimos meses del año, particularmente en diciembre, el gasto es regularmente más alto que en el resto de los meses del año. En promedio, durante el sexenio de Peña Nieto, uno de cada tres pesos del presupuesto federal de publicidad oficial se gastó solamente en diciembre.
  • Entre 2013 y 2018, de las 182 entidades y dependencias de la APF, 36 han gastado en diciembre todo su presupuesto anual para publicidad oficial. Además, 10 de estas dependencias repitieron este patrón más de una vez.
  • 72 dependencias gastaron, cuando menos en una ocasión, 90% o más de su presupuesto en el último mes del año. Si bajamos el requisito al 80% o más, más de la mitad de las dependencias 97 muestran este patrón.

En suma, encontramos un patrón evidente y marcado en cómo fue el gasto de publicidad oficial durante el último sexenio. Este patrón apunta a una mala planeación, programación y ejecución de los recursos; a una distribución arbitraria de la publicidad oficial; y, sobre todo, a deficiencias en la Ley General de Comunicación Social, la cual carece de criterios claros de asignación de publicidad oficial.

Asimismo, resulta preocupante la posibilidad de que este patrón indique también un mecanismo de presión a los medios, en el que el Estado deliberadamente postergue parte sustancial de su gasto de publicidad, para presionar o tratar de influir las coberturas de los medios a lo largo del año.

El sexenio de EPN, además de estar marcado por una deficiente administración y falta de transparencia en cuanto a la publicidad oficial, desaprovechó la oportunidad que tuvo de regular correctamente en este ámbito.

Entrada en vigor el 1 de enero de 2019, la Ley General de Comunicación Social es, en teoría, la encargada de regular el gasto gubernamental en publicidad oficial. Sin embargo, carece de criterios claros de asignación de la publicidad y de sanciones explícitas para su mal uso, además de que todavía permite la discrecionalidad del gasto en comunicación social.

La actual administración, entonces, tiene la oportunidad de abrogar la Ley actual y emitir una nueva, que tenga como base, por ejemplo, los estándares internacionales de regulación de la publicidad oficial emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gasto navideño en publicidad oficial

Es un secreto a voces que, en la administración pública, se gasta apresurada y ampliamente durante los últimos meses del año. Este gasto “a las carreras” se debe, en primera instancia, a que los recursos no ejercidos en un año fiscal normalmente se recortan al siguiente. Sin duda, sería irrealista esperar que se gaste exactamente la doceava parte del presupuesto anual (~8.33%) en cada mes. Por ejemplo, pueden surgir crisis que requieran comunicación cuantiosa e inmediata por parte de una dependencia.

Así pues, con estas ideas en mente, nos dimos a la tarea de analizar cómo se modificó mensualmente el gasto en publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nuestros resultados apuntan a que, en realidad, el gasto federal en publicidad oficial sigue de manera desmesurada el comportamiento del tipo “gástalo o piérdelo”.

  • Metodología

Desde 2012, la Secretaría de la Función Pública se comprometió a publicar los gastos en materia de la publicidad oficial en el Sistema de Comunicación Social (ComSoc). En esta base de datos, se encuentran todas las compras de publicidad oficial, detalladas por dependencia contratante, montos totales, proveedores contratados, producto comprado, fechas de liberación de los pagos y campaña relacionada a la contratación. Los datos están disponibles desde principios de 2012, hasta la fecha. Con el fin de considerar años completos y las cifras finales de las compras, nuestro periodo de estudio comprende de 2013 a 2018.

Ahora bien, la versión original de la base ComSoc tiene numerosos problemas relacionados con el registro y presentación de los datos. Es por ello que utilizamos la versión de ComSoc inicialmente limpiada por Fundar y Artículo 19, disponible aquí. En ésta eliminaron información incomprensible o irrelevante y filas en blanco; unificaron el formato de las fechas registradas; y homologaron los nombres de dependencias y entidades de la APF, de los beneficiarios del gasto y de los tipos de productos comprados. Incluso después de este gran esfuerzo, la base de datos queda lejos de estar completamente refinada. Pero eso también es de esperarse dado el tamaño de la base (con 97 mil filas de datos).

Cuando hablamos de “gasto”, nos referimos a la variable (columna) “importe” de la base ComSoc, la cual registra el monto bruto pagado por producto. A esta variable le sumamos el IVA correspondiente, con la intención de considerar la cifra total pagada en cada compra. Asimismo, deflactamos todos los montos finales (importe más IVA), utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor como proxy para medir la inflación mensual (base segunda quincena de julio 2018). Por lo tanto, aquí se considera el gasto real en publicidad oficial (es decir, ajustado por la inflación).

Hablar del tiempo, sin embargo, es un tanto más complicado. La base ComSoc incluye tres variables referentes al tiempo: “mes”, “fecha de contrato” y “fecha de gasto”. Las dos primeras tienen deficiencias importantes en su registro ―como excesivos valores faltantes o registros metodológicamente oscuros que distorsionan las cifras―, por lo que decidimos utilizar como referencia temporal la variable “fecha de gasto”.

Esta variable, fecha de gasto, es la que refleja mejor cómo fueron las compras a lo largo del tiempo, puesto que indica el momento en que se paga el recurso y se entrega a los medios. Así, puede reflejar más claramente la calidad del gasto federal en publicidad oficial.

Vale mencionar que la variable “fecha de gasto” tiene un número marcado de registros de fechas mal escritas o sin registrar que eliminamos. Aun así, la subestimación debida a los registros eliminados es de proporciones mínimas que, en el agregado, no cambian los resultados ni interpretaciones (a saber, los montos de las compras eliminadas son solo el 0.0004% del total).

  • Hallazgos

En la vida cotidiana, nos preocupa llegar a fin de mes porque se nos acaba el dinero y faltan días para la siguiente quincena. En el caso de la publicidad oficial, según los datos, parece que la APF tiene el problema opuesto: les sobra dinero y les queda poco tiempo para gastarlo.

Al utilizar la variable “fecha de gasto” para reagrupar todas las compras por mes, el gasto en publicidad oficial de la Administración Pública Federal se ve de la siguiente manera:

Gráfica 1. Gasto mensual en publicidad oficial, todas las dependencias

Fuente: Elaboración propia. Montos deflactados, base segunda quincena julio 2018.

Los porcentajes indican la proporción gastada en el mes, con respecto a ese mismo año, por lo que picos de montos similares (por ejemplo, 2013 y 2015) pueden representar porcentajes diferentes.

Esta gráfica tiene mucho por contarnos. Vamos punto por punto:

El comportamiento mensual del gasto federal en publicidad oficial presenta una evidente estacionalidad. En los últimos meses del año, particularmente en diciembre (línea punteada roja), se gasta mucho más que en todos los anteriores.

El gasto promedio decembrino de 2013 a 2018 fue, a saber, del 34.02%. Es decir, uno de cada tres pesos del gasto en publicidad oficial se gastó en diciembre.

En contraparte, los primeros meses del año muestran una caída dramática: en enero, se gastó en promedio 12.40% del presupuesto para publicidad y, en febrero, 4.86%.

Aunque van reduciendo su altura conforme avanza el sexenio, los picos decembrinos se observan en todos los años de la gestión de Enrique Peña Nieto.

La cúspide más alta es la de 2013, año en cuyo diciembre se ejerció 61.5% del gasto en publicidad oficial federal. Como contraste, el gasto promedio mensual del resto del año fue del 3.5%.

Luego, de 2014 a 2016, el gasto decembrino disminuyó casi en un cuarenta por ciento, para rondar casi el tercio del gasto anual (37.47% promedio).

A pesar de esta reducción, el gasto se siguió concentrando en los últimos meses del año. Normalmente, a partir de octubre, el gasto comenzó a incrementarse, hasta llegar a los grandes picos de diciembre.

Los años finales de EPN mostraron cimas similares (24.44% y 25.07%, respectivamente), pero con una diferencia sustancial: la de 2017 fue en diciembre y la de 2018, en noviembre.

En 2018 el gasto navideño se adelantó un mes, muy probablemente, por el cambio de gobierno de diciembre. Resalta que, en diciembre de ese año, las dependencias realizaron solamente 5.62% de su gasto en publicidad.

De hecho, en los meses en que se celebraron elecciones (área gris de la gráfica) y sus dos anteriores (mayo-julio 2015, abril-junio 2017 y mayo-julio 2018), se observan también incrementos considerables en el gasto. Sin embargo, estos aumentos no son tan marcados como podría esperarse, lo cual apunta hacia una conclusión positiva en este ámbito: las dependencias no necesariamente realizaron proselitismo electoral.

Cabe mencionar que, durante el sexenio de EPN, de las 182 entidades y dependencias de la APF disponibles en ComSoc, 36 gastaron cuando menos una vez todo su presupuesto anual en diciembre (19%). Además, 10 de estas dependencias repitieron este comportamiento más de una ocasión.

Si abrimos los parámetros un poco, bajando de 100% al 90% del gasto anual en diciembre, observamos que 72 dependencias gastaron así cuando menos en una ocasión. Si bajamos el requisito al 80% o más, más de la mitad de las dependencias (91) muestran este comportamiento.

Ahora bien, otra pregunta que plantearles a los datos es cómo se comporta el “gasto navideño” en publicidad oficial distinguiendo por dependencias.

El siguiente mapa de calor presenta una muestra de dependencias y entidades (eje vertical), con su respectivo gasto mensual en publicidad oficial (eje horizontal), para todo el sexenio de Peña Nieto. Tomamos 30 dependencias y entidades, bajo el criterio de representar lo mejor posible su variación en cuanto a funciones y tamaños.

Mientras más oscuro sea el tono de azul, es mayor el porcentaje del año gastado en el mes.

Fuente: Elaboración propia.

En consonancia con la Gráfica 1, en este mapa de calor puede observarse cómo el gasto se acumula regularmente al final del año. Las columnas de diciembre, en general, se oscurecen mucho más que el resto de los meses, rondando entre el 40% y hasta el 100% del gasto. Además, este mapa permite mostrar tres patrones relevantes sobre las diferencias entre dependencias de la APF.

En primer lugar, las grandes secretarías ―aquellas cuyo presupuesto y actividades son sustancialmente mayores― no presentan tan claramente la estacionalidad del “gasto navideño”.

El comportamiento del gasto mensual en estos casos no presenta ningún patrón evidente, sino que parece responder a las necesidades naturales de cada mes. Así, el color de estas filas se distribuye a lo largo del año en tonos de azul más claros. Ejemplos de estos casos son las Secretarías más importantes (Turismo, Salud, Relaciones Exteriores, Marina, Defensa, Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Energía, Educación Pública, Desarrollo Social); así como otras dependencias de gran tamaño (Pemex, Procuraduría General de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

En contraparte y, en segundo lugar, las dependencias y entidades de menor envergadura son las que incurren más claramente en el “gasto navideño”.

A lo largo de las filas de estas dependencias, el color azul es muy claro durante los primeros meses del año y se va oscureciendo hasta llegar a diciembre. Pueden llegar hasta el azul más oscuro, el cual indica un gasto del 100% del año. Algunos casos ilustrativos son los siguientes: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Lotería Nacional, Liconsa, Instituto Nacional de Migración (INAMI), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Debemos reconocer que es un aspecto positivo que, dentro de la estacionalidad general de diciembre, por lo menos las grandes secretarías no incurran en ella tan marcadamente. No obstante, el hecho de que las entidades pequeñas en general sean las que presentan en su gasto el comportamiento “navideño” puede ser más preocupante, en vista de que estas entidades y dependencias son las que, normalmente, requieren difusión más constante. Además, en general son las que en general se encargan de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), por lo que su descuido también podría dificultar el acceso a estos derechos humanos.

El tercer punto observable en el mapa de calor son los casos atípicos en que se gasta todo o gran parte del presupuesto de publicidad oficial en un mes, pero que no es diciembre. Estas dependencias o entidades suelen ser las que sus responsabilidades pueden requerir amplia difusión en un momento particular, para atender alguna emergencia o campaña coyuntural. Por ejemplo, tras desastres naturales o urgencias de salud (como los sismos de 2017 o el brote de influenza en 2009), suelen ser necesarios gastos de urgencia en comunicación social para transmitir mensajes de alerta, prevención o instrucción a la población. Instituciones así son, por ejemplo, los Centros Nacionales para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y de Enfermedades (CENAPRECE), la Oficina de la Presidencia de la República y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Los casos por el estilo clarifican que gastar todo en un mes no es necesariamente un error de administración de recursos, si la situación lo amerita. El problema es cuando esto se vuelve un patrón tan marcado como el “gasto navideño” en publicidad oficial.

Un último punto que vale la pena abordar es la dinámica de las contrataciones y los pagos de las compras de publicidad. Para ello, el contraste entre las referencias temporales de “fecha de gasto” y “fecha de contrato” puede ser una aproximación útil.

Observar cuánto se tardan en pagar las compras después de la fecha de contratación permite ahondar en cómo es, con respecto al tiempo, el gasto federal en comunicación social. Esto es importante porque, si aceptamos conceder el beneficio de la duda, podría darse el caso de que las compras acumuladas en los últimos meses del año sean para comprar por adelantado para el siguiente. Sin embargo, las fechas de contratos y de pagos parecen indicar lo contrario.

En primera instancia, según los datos del ComSoc, las compras de publicidad oficial tardan, en promedio, 66 días hábiles (tres meses naturales) en pagarse, después de la fecha de contratación. Alrededor de la mitad de las compras (55%) se pagaron en un lapso menor a tres meses y la gran mayoría de ellas (90%) fueron liquidadas en menos de seis meses.

Luego, la posibilidad de que el gasto decembrino en realidad sea algo positivo queda mermada en vista de que las compras contratadas en diciembre se pagaron, en promedio, 20.67 días hábiles más tarde. En el mismo sentido, el 74% de esos contratos fueron liquidados en un lapso menor a tres meses. Así pues, las compras contratadas en diciembre terminan en lapsos cortos, los cuales generalmente no alcanzan a cubrir más que unos días a futuro. De esta manera, el gasto decembrino no está conformado por compras con una debida planeación para el mediano, ni mucho menos el largo plazo.

Por el otro lado, las compras pagadas en diciembre fueron contratadas, en promedio, 71.89 días laborales antes. Cerca de la mitad de estas compras fueron contratadas hasta tres meses antes (46%); y la gran mayoría, hasta seis meses antes (86%). Esto quiere decir que el gobierno federal “detiene” gran parte de los recursos (voluntariamente o no) hasta diciembre.

A su vez, esta lentitud en los pagos puede servir como mecanismo de presión a los medios: que el recurso llegue o no en diciembre, podría depender del comportamiento de los medios a lo largo del año. En consecuencia, los medios pueden estar presionados durante el año, coartándose así la libertad de expresión.

Conclusiones

El gasto en publicidad oficial, como detallamos aquí, muestra una estacionalidad claramente marcada. En los últimos meses del año, en especial en diciembre, el gasto se incrementa sustancialmente. Este patrón se repite a lo largo de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este “gasto navideño”, argumentamos, es parte de un comportamiento generalizado en la APF. Dado que los recursos no gastados en un año normalmente se recortan al siguiente, las dependencias suelen gastar “a las carreras” antes de que cierre el ejercicio fiscal.

Los resultados apuntan a tres conclusiones. En primer lugar, una de corte metodológico.

Identificamos deficiencias importantes en el registro de los datos en ComSoc, específicamente en las referencias temporales incluidas en la base. Como mencionamos, la variable “mes” ―que, según el manual para uso interno de ComSoc, representa el “mes al que corresponde la erogación”― distorsiona el comportamiento mensual del gasto. Al utilizar esta variable para el mismo análisis, los picos de final de año se elevan sobremanera (casi el doble). Posiblemente se deba a que la prisa de fin de año no solo presione para ejercer todo el dinero, sino también para publicar toda la información. De hecho, parece como si todos los contratos que no se hubieran pagado en diciembre, se registraran en ese mes para poder liberar la información.

Asimismo, las tres variables del tiempo tienen valores faltantes o mal registrados. El caso de “fecha de contrato” es el más evidente, pues casi un sexto de sus entradas está en blanco.

Entonces, como primera conclusión, remarcamos la importancia de la información. Sin datos confiables, oportunos y, sobre todo, trabajables, se vuelve más complejo, si no es que imposible, el estudio de la Administración Pública dirigido a su mejora. Es necesario, pues, que la Secretaría de la Función Pública perfeccione el registro de la información relativa al gasto en publicidad oficial. En este afán de transparencia, también urge un manual o glosario ciudadano que permita dar claridad sobre los datos del gasto en publicidad oficial registrado en ComSoc.

La segunda conclusión es relativa a la calidad de la administración pública.

Puesto en perspectiva frente a otros países del mundo, gastar más en el último mes del año fiscal es común. En Estados Unidos, el gasto promedio al final de su ciclo fiscal es alrededor del 16%; en Reino Unido, del 9.5%.1 El problema, sin embargo, es que en el caso mexicano estos incrementos al final del ejercicio fiscal son desmesuradamente grandes. Estos incrementos apuntan a una serie de malas prácticas de gestión pública. Los picos al final del año podrían significar que el gasto no se realiza de acuerdo con los planes anuales entregados en diciembre del año anterior. Tal gasto generalmente se llevaría a cabo, paulatinamente, durante el año.

La firma de contratos y el gasto de fondos al final del año sugiere que no se han seguido los objetivos anuales, pues en general las dependencias llegan a diciembre con un superávit presupuestario considerable.

El gasto decembrino que identificamos también señala la posibilidad de pagos acelerados o compras que no siguen procesos formales de adquisición. Si hay una oleada grande de contratos o gastos al final del año, esto significa que es probable que los departamentos legales y financieros de las dependencias se vean abrumados por la súbita y excesiva cantidad de trabajo. Esto crea condiciones para malas prácticas en el gasto público. Cabría la posibilidad de que los contratos no se revisen adecuadamente o no se sigan las rutas formales para realizar pagos.

En esencia, es poco probable que las compras de publicidad oficial se puedan realizar con la debida diligencia si se acumulan de esta manera al final del año.

Finalmente, nuestra tercera conclusión es relativa a la libertad de expresión.

Esperar hasta fin de año para pagar los contratos realizados durante el año significa que los proveedores tienen que esperar el pago. Además de causar problemas financieros a los proveedores, también significa que los proveedores están en deuda con el contratista hasta que se realice el pago.

En el contexto de publicidad oficial, esto significa que los medios podrían estar bajo la presión de dependencias, potencialmente influyendo en la cobertura y las comunicaciones entregadas por los medios. El Estado, disfrazado de Santa Claus, podría condicionar el regalo navideño de los medios a cambio de que “se porten bien” a lo largo del año.

Otras investigaciones han mostrado que la publicidad oficial, de hecho, sí ha sido utilizada como medio de presión o incluso de “censura indirecta” para con los medios.2 En México, lo que menos necesitan los medios (y en particular la prensa) es otra amenaza para que puedan cumplir su trabajo y, sobre todo, para que no se coarte la libertad de expresión. Nuestros hallazgos, sin embargo, apuntan a que podría estar ocurriendo.

La administración de Andrés Manuel López Obrador debe evitar el patrón del sexenio anterior, a fin de salir de las malas prácticas de gestión pública que se dieron en materia de publicidad oficial.

La Ley General de Comunicación Social ha permitido la discrecionalidad y la gestión cuestionable de los presupuestos asignados a publicidad oficial. Entonces, López Obrador tiene la oportunidad de cambiar la situación si se expide una nueva ley que regule, con reglas y criterios de asignación claros, cómo se asignan las compras de comunicación social.

Así pues, nuestro punto final es simple: si el gobierno actual busca realizar cambios de fondo en la Administración Pública, debe recordar que no solamente es cuestión de gastar menos (o más, en cualquier caso), sino también de gastar mejor.

1 Fichtner, J. and Greene, R. (2014) Curbing the Surge in Year-End Federal Government Spending: Reforming ‘Use It or Lose It’ Rules. Virginia. Disponible en: https://www.mercatus.org/system/files/Fichtner-Year-End-Spending.pdf; Schweich, T. (2012) Statewide Year End Spending Practices. Jefferson City. Disponible: https://app.auditor.mo.gov/repository/press/2012-44.pdf.

2 Por ejemplo, World Association of Newspapers and New Publishers y Center for International Media Assistance (2014). Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México. Ciudad de México: Proceso editores.

Carta abierta a AMLO

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019.

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE

 

Señor Presidente:

Durante la campaña presidencial, una de sus promesas fue la reducción a la mitad del gasto en publicidad oficial, un rubro cuyo presupuesto fue sobreejercido en más del 50 por ciento respecto de lo aprobado inicialmente durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora, bajo su mandato como Presidente de México, esta promesa se materializó en un compromiso que, sin duda, es una muestra significativa de no volver al dispendio discrecional de los recursos públicos, pero que creemos resulta aún insuficiente para hacer frente a los problemas alrededor de la distribución de la publicidad oficial.

Desde que asumió la presidencia, usted ha manifestado que terminará con los sobornos a medios de comunicación y periodistas, transparentará y rendirá cuentas sobre la distribución de la publicidad oficial; y, sobre todo, que garantizará la independencia de los medios. No obstante, para que esto sea posible, esta reducción y la adecuada distribución de recursos deben ir acompañadas de reglas claras para su asignación.

El 23 de mayo de este año, el periódico Reforma difundió una lista con los nombres de 36 periodistas y sus empresas, que recibieron 1,081 millones de pesos en publicidad oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta información generó mucha controversia, cuestionamientos y dudas. La rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, deben garantizarse a través de una correcta y amplia justificación de la publicación de esta lista y del gasto ejercido. Los debates de estas últimas semanas visibilizan la necesidad de avanzar hacia la regulación de la publicidad oficial y que el gobierno cuente con reglas claras y transparentes para la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación.

Señor Presidente, el Colectivo #MediosLibres le solicita que pida al Congreso priorizar la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la elaboración de una iniciativa de ley preferente propia del Ejecutivo, y la apertura de un debate amplio con un proceso de parlamento abierto para aprobar una nueva ley. Recordarle que, el 25 de octubre de 2018, este colectivo presentó una iniciativa ciudadana de Ley General de Publicidad Oficial[1], la cual es una base para la discusión colectiva. Nuestra iniciativa de ley contempla los criterios claros, objetivos y transparentes para la distribución de la publicidad oficial de acuerdo con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales en la materia. Sólo de esta manera se podrá solventar el problema de la transparencia y la discrecionalidad del ejercicio de estos gastos.

Reconocemos que la nueva política de comunicación social es un avance importante pero también resulta insuficiente, ya que su contenido no acabó con los grandes males de la publicidad oficial. Incluso, usted ha señalado que esperará al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley General de Comunicación Social. Sin embargo, esto puede tomar un tiempo considerable, mientras que los problemas de la publicidad oficial continúan, como lo vimos en las últimas semanas. Su gobierno puede marcar un cambio positivo en la relación entre los medios de comunicación y el gobierno, así como una oportunidad para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

 

Atentamente:

Colectivo #MediosLibres, integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación, periodistas, académicos y académicas.

 

[1] https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/10/LGPO-VF-24102018.pdf

 

 

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La nueva política de comunicación social es un paso importante pero insuficiente

Ciudad de México, a 18 de abril de 2019. La política de comunicación social publicada el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, significa algunos avances importantes en la materia pero que no son suficientes para garantizar un mejor uso del gasto en publicidad oficial. Impulsar un cambio real en la relación entre medios y gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales.

 

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El Proyecto de Presupuesto 2019 no reduce el monto asignado a comunicación social: con la #LeyChayote existe un riesgo de sobreejercicios y mal uso de la publicidad oficial

  • El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 2019) proyecta 4 mil 258 millones de pesos a comunicación social.
  • El Colectivo #MediosLibres exige la abrogación de la #LeyChayote, la cual no garantiza el buen ejercicio de los recursos públicos, misma que entrará en vigor el 1 de enero.

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018. El sábado pasado el nuevo gobierno presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la11 Federación 2019 (PPEF 2019), el cual, contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos. El gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esta cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó, lo cual, bajo un ejercicio de rendición de cuentas es necesario. Asimismo, es de suma importancia que los ejercicios sobre publicidad oficial sean transparentes y públicos.

 

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#MediosLibres presenta iniciativa ciudadana para expedir Ley General de Publicidad Oficial

  • El Colectivo #MediosLibres exige al Legislativo abrogar la #LeyChayote e invita a los diversos grupos parlamentarios a apoyar y respaldar la iniciativa ciudadana de ley general para regular la publicidad oficial.
  • Es necesario que el Legislativo dé paso a un proceso plural de parlamento abierto que lleve a una ley que reconozca los más altos estándares internacionales en la materia.
  • Para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad se requieren criterios claros, objetivos y transparentes sobre el uso y asignación de la publicidad oficial.

 

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018. El Colectivo #MediosLibres presenta una iniciativa ciudadana para abrogar la #LeyChayote y expedir la Ley General de Publicidad Oficial que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Desde la publicación de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como #LeyChayote, el pasado 11 de mayo, el colectivo #MediosLibres -integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos-, ha trabajado esta iniciativa ciudadana retomando los más altos estándares en materia de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión, incluidas las bases mínimas emitidas por este Colectivo y presentadas en febrero de este año al Congreso de la Unión y los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa tiene como objetivos eliminar el uso proselitista de la publicidad oficial, impulsar la democratización de los medios, fomentar el pluralismo y garantizar la libertad de expresión e información en nuestro país.

Luego entonces, la iniciativa:

  1. Promueve la regulación de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades gubernamentales.
  2. Obliga a autoridades, pero también a medios de comunicación y otras formas de difusión y promoción a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos de publicidad oficial.
  3. Prohíbe y sanciona el uso propagandístico de la publicidad oficial.
  4. Prohíbe y sanciona el uso de la publicidad oficial para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.
  5. Establece criterios de asignación de la Publicidad Oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
  6. Establece topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10% de lo aprobado).
  7. Establece mecanismos e instrumentos de planeación y evaluación de las estrategias de comunicación social.
  8. Elimina el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración y otorga al INEGI la facultad de llevar a cabo dichas mediciones.
  9. Otorga facultades al INAI como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial.
  10. Crea un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
  11. Fortalece la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.

 

Esta ley es un punto de partida para abrir un debate plural y transparente.  Por esto, hacemos un llamado respetuoso a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para abrogar la Ley General de Comunicación Social y respaldar esta iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial. De esta manera, será necesario conformar, a la brevedad, un espacio de discusión plural, de mesas de trabajo en un proceso de parlamento abierto para aterrizar los puntos más apremiantes de esta propuesta de ley.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha señalado que reducirá en 50% del presupuesto aprobado el gasto en publicidad oficial, sin embargo, la reducción es insuficiente si no existen reglas claras para su asignación. En este sentido, es encomiable que el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada durante el presente periodo de sesiones.

En noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de publicidad oficial genera un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión y limita el derecho a la información de la sociedad. En este sentido, ordenó al Congreso de la Unión a regular el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política a más tardar el 30 de abril de los corrientes. Sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo perdieron una oportunidad histórica para regular la publicidad oficial legalizando las malas prácticas. Por esto, el Colectivo #MediosLibres espera que en este periodo legislativo el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada que garantice el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y abone a una verdadera democracia.

 

CONTACTOS:

Fundar                                                                                                               Article 19

Diana Amador                                                                                                  Juan Vásquez

04455 23297059                                                                                             10546500 ext. 110

dianaa@fundar.org.mx                                                                                    jvazquez@article19.org

Sí a la reducción del gasto en publicidad oficial, pero con criterios claros de asignación

  • El plan de austeridad de López Obrador contempla la reducción del 50% de la publicidad oficial, pero se requiere acompañarla con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
  • La centralización del gasto en la Secretaría de Gobernación (Segob) es un riesgo para el control de la información, se necesita una instancia autónoma que no afecte la libertad de expresión.
  • La LXIV Legislatura debe considerar la abrogación de la #LeyChayote y la emisión de una nueva.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto

Sin embargo, esta reducción no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación.En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo[1].

A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.

El Colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.

Es por lo anterior que instamos a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.

La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.

Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y  una sociedad realmente informada.

[1]   Por ejemplo, el numeral i) del inciso a) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

Senadores de oposición presentan acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social

  • Senadores presentan una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyChayote porque contraviene la libertad de expresión y otros principios constitucionales.
  • Se abre nuevamente la posibilidad para que la SCJN reitere la inconstitucionalidad y las violaciones a derechos humamos que formaliza la #LeyChayote.

Ciudad de México, 7 de junio de 2018.  En el día de la libertad de expresión en México, 52 senadores del PAN, PT, PRD y Morena  presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social (#LeyChayote), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018 por considerar que esta vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, además de vulnerar las reglas del  procedimiento legislativo.

El Colectivo #MediosLibres saluda esta iniciativa de las y los senadores, reconociendo la labor de oposición y de control constitucional.  Asimismo, lamenta que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos garantes de los derechos violados por esta norma hayan seguido, hasta el momento, el ejemplo de las y los legisladores.

La acción de inconstitucionalidad establece que la #LeyChayote:

  1. Vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión al violar los principios internacionales en materia de publicidad oficial y los señalados en el artículo 134 constitucional.
  2. Incumple los criterios derivados de la exhortación de la SCJN.
  3. Vulnera el derecho fundamental de la libertad de imprenta.
  4. Viola el derecho de las audiencias.
  5. Documenta violaciones al proceso legislativo que afectan la validez de la Ley.

 

Desde el Colectivo #MediosLibres hemos señalado en diversas ocasiones que la Ley General de Comunicación Social promueve y mantiene las malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta. Asimismo, que el proceso legislativo de la #LeyChayote más que atender de manera integral las inconstitucionalidades que señaló la SCJN, fue una simulación para cumplir en tiempo la sentencia y que los legisladores no incurrieran en desacato.

Incluso, el Congreso hizo caso omiso a las recomendaciones y señalamientos  sobre los estándares necesarios en publicidad oficial para garantizar diversos derechos, de actores internacionales como la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Es por lo anterior que, el Senado presenta este recurso -de conformidad con su facultad consagrada en el artículo 105, fracción II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos-, y se logre determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones que afectan los derechos humanos y que están formalizadas en esta #LeyChayote.

En el día en que se celebra la libertad de expresión en México, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia volverá a hacer prevalecer el orden constitucional de respeto a los derechos humanos a fin de avanzar hacia un Estado donde existan #MediosLibres.