Piden a Poder Judicial suspender actos de propaganda presidencial en el marco de segundo informe

Fundar y un grupo de 12 ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada del Presidente en el marco de su informe.
La promoción personalizada está prohibida por la Constitución en el artículo 134, pero la ausencia de regulación permite abusos.
Fundar hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica.

Este miércoles, un grupo de trece ciudadanos interpusieron un amparo para pedir la suspensión de la publicidad con promoción personalizada del Presidente Enrique Peña Nieto violatoria del derecho a la información, además de ser una práctica que vulnera la calidad del debate democrático. Los firmantes que acompañan la iniciativa de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. son Sergio Aguayo, Carlos Brito, Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Jesús Cantú, Virgilio Caballero, Omar Rábago,Margarita Torres, Darío Ramírez, Beatriz Solis y Clara Jusidman.

Desde este lunes 25 de agosto, los spots y anuncios donde aparece el Presidente de la República alabando los éxitos de su gestión gubernamental se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución. En el marco de la presentación de los informes de gobierno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe.  Esto es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Esta excepción ha transformado el informe de gobierno en uno de los momentos de mayor propaganda en el país a cargo del erario público. En teoría, el informe de gobierno se define como un ejercicio de rendición de cuentas, pero en la práctica poco tiene que ver con una democrática relación entre poderes, mucho menos con un ejercicio de pesos y contrapesos, ni con un acto de someterse al escrutinio público.

El informe de gobierno y su publicidad se han vuelto un simulacro de diálogo entre gobernantes y gobernados y una máquina de promoción personalizada. Para el mes de septiembre, además del Presidente, seis Gobernadores presentarán su informe anual con la posibilidad de hacer promoción  personalizada, entre los cuales se encuentran Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal y Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México. Fundar hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica.

Según las cifras publicadas por la Secretaría de la Función Pública, en 2014, durante el segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración federal centralizada y paraestatal prevén ejercer 4,964,869,671.34 pesos en publicidad oficial (partidas 3600 y 33605). Estos recursos equivalen a  cinco veces el gasto ejercido en 2013 para el programa de abasto social de leche que se eleva a 1,086,750, 000.00 pesos, el cual permitió  distribuir leche diariamente a seis millones y medio de niños.  ¿Y cuánto costará la publicidad del segundo informe de gobierno? El año pasado, no se pudo llegar a información detallada sobre el gasto del primer informe de gobierno según investigaciones periodísticas.

En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios y mucha opacidad. Según el último índice de acceso al gasto en publicidad oficial, la mitad de los estados no informan con suficiente detalle sobre el ejercicio de estos recursos. En México, la publicidad oficial se ejerce sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. Y estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país.

A pesar de las promesas presidenciales y las obligaciones legislativas de regular y reformar las prácticas de abuso de la publicidad oficial, no existe ninguna señal de cambio. Hoy, está en mano del Poder Judicial propiciar el debate sobre este asunto y resolver el amparo tomando en cuenta los más altos estándares en la materia así como nuestra Constitución.

Te invitamos a formar parte de esta campaña en Twitter
#PublicidadOficial
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MesDeLaPropaganda

Para mayor información

Justine Dupuy
justine@fundar.org.mx
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Ana Isabel Fuentes
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Itzi Salgado
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