Análisis de Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2017
Lanzamos el nuevo documento 2017
Anteproyecto de Ley sobre Asignación de Publicidad Oficial – Uruguay
Legisladores dispuestos a avanzar en regulación legal de la publicidad oficial en Uruguay
CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) presentó un anteproyecto de ley para regular la asignación de publicidad oficial en Uruguay. El texto fue elaborado y presentado por Gustavo Gómez –ex Director de Telecomunicaciones y asesor del gobierno de José Mujica, y actualmente consultor de CAinfo- en un Foro público realizado el pasado 8 de junio ante diputados y representantes empresariales y de la sociedad civil.
El texto recoge los estándares interamericanos en la materia e incluye, entre otros, aspectos claves como la definición y los objetivos de la publicidad oficial, las prohibiciones que el Estado tiene para evitar su uso abusivo, así como los criterios y procedimientos que deben seguirse para una asignación transparente, justa y eficiente de la pauta estatal, en todos los organismos públicos y en cualquier soporte de información y comunicación.
El anteproyecto de ley tiene como base una propuesta de 2009 que había sido redactada por Gómez y Edison Lanza, actual Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
La respuesta de los legisladores de los partidos políticos fue muy positiva, expresando su compromiso de avanzar en el tratamiento de este tema. Todos coincidieron en la necesidad de regular la publicidad oficial, en la oportunidad de hacerlo al comienzo de la legislatura y en que el texto presentado es una buena base para abordar el tema. En este sentido hubo un compromiso de los cuatro principales partidos políticos de considerar dar estado parlamentario a la iniciativa ciudadana presentada por CAinfo.
Link de la nota: http://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/AnteProyecto-de-ley-Publicidad-Oficial-CAinfo.pdf
Link de la respuesta: http://www.cainfo.org.uy/2015/06/legisladores-dispuestos-a-avanzar-en-regulacion-legal-de-la-publicidad-oficial/
Nuevo León, gasta al día 3.5 mdp en spots
Gasta NL, al día, 3.5 mdp en spots
VOTO 2015. Sube cantidad reportada para publicidad. Recortan gasto a dependencias, pero crece en rubro de comunicación
Mirna Ramos
MONTERREY.- El Gobernador electo de Nuevo León Jaime Rodríguez prometió eliminar el multimillonario gasto del Estado en imagen, destinado principalmente a las televisoras, y, a juzgar por las cifras oficiales del Gobierno de Rodrigo Medina, tendrá mucha tela de dónde cortar.
Aunque a partir del 2013 el Gobierno estatal reportó haber recortado su gasto en publicidad, lo cierto es que, de acuerdo con información que tuvo que clarificar por las nuevas normas de contabilidad, durante el 2014 el dinero que se destina a rubro llegó a los 3.5 millones de pesos diarios.
Esto cuando, según informes del 2012, en ese año se dedicaban 3.3 millones de pesos al día a comunicación, sin contar con el gasto en organismos descentralizados, pues éstos y los fideicomisos mantenían ocultas sus cifras.
Y el nuevo récord de gasto en spots es sólo lo que la Administración reporta oficialmente en sus cuentas públicas, pero habría pagos que no figuran en los informes.
Tampoco están incluidas las facturas de lo que va del 2015, que por ser año electoral registraría un desembolso aún mayor a otros años.
De acuerdo con las cuentas públicas del Gobierno Central de Nuevo León y con las correspondientes a cada organismo descentralizado, durante el 2014 la Administración de Medina destinó mil 291.7 millones de pesos a gasto en comunicación.
La cantidad casi quintuplica los 273.5 millones que fueron presupuestados en la Ley de Egresos 2014, aprobada a finales de diciembre del 2013.
Ésta es la primera vez que los organismos descentralizados desglosan en sus cuentas públicas cuánto gastan en imagen, pues anteriormente escondían las cifras en el rubro de servicios generales.
En las cuentas 2014, difundidas a partir de mayo, todos los entes, centrales o no, reportaron sus erogaciones en imagen, dejando al descubierto que se superó el récord informado oficialmente en el 2012.
Según los datos, la Coordinación General de Comunicación Social desembolsó a promoción oficial 374.9 millones de pesos, que fueron superados por los 386 millones erogados por la Corporación para el Desarrollo Turístico.
Esta dependencia ha sido responsable, por ejemplo, de las campañas de promoción turísticas contratadas con TV Azteca.
La otras dependencias que más gastaron en publicidad fueron Secretaría de Seguridad Pública, con 129.3 millones de pesos; la de Desarrollo Social, 56.5 millones; la Procuraduría de Justicia, 41 millones; Agua y Drenaje de Monterrey, 56.7 millones, y el Fideicomiso Turismo Nuevo León, con 39.7 millones de pesos.
Aunque hubo dependencias cuyos presupuestos generales aprobados originalmente se vieron afectados por recortes, la parte correspondiente a comunicación no sólo no sufrió cortes, sino que tuvo incrementos exponenciales.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
Ciudadanos presentan iniciativa en Baja California para regular la publicidad oficial
México D.F. a 8 de marzo de 2014.- Ciudadanos de Baja California, presentaron el 5 de marzo una iniciativa que -de aprobarse- obligará a los tres poderes del estado a transparentar la asignación de recursos, los contratos, el número de anuncios publicitarios y otros temas fundamentales en materia de publicidad oficial.
Esta ley general versa sobre la “Transparencia en la Publicidad Institucional”, y suscribe un proyecto ciudadano impulsado por el gremio periodístico, que cuenta con un amplio respaldo social de aproximadamente 700 firmas. La importancia de esta Ley se enmarca no sólo por la relevancia del vacío legal que existe en numerosos estados sobre los recursos y la visión de la propaganda personalizada de los servidores públicos, sino porque es la primera iniciativa ciudadana que se presenta para la regulación de la publicidad oficial a nivel local.
Es importante destacar que a la par de esta propuesta se presentó otra iniciativa suscrita por doce diputados de la XXI Legislatura. Ambas iniciativas abordan cuestiones relevantes como: la obligación de los tres poderes del estado de trasparentar de forma proactiva información sobre el ejercicio del presupuesto; detalle sobre a quiénes les asignó el gasto; contratos; número de anuncios publicitarios contratados en los medios de comunicación y los conceptos o campañas.
En el marco del proyecto de investigación sobre Publicidad Oficial, ARTICLE 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, han evidenciado que la ausencia de una regulación integral sobre el tema ha creado un vacío legal que permite abusos tanto en la asignación y ejercicio del gasto como en el uso para la promoción personalizada de servidores públicos.
ARTICLE 19 evoca la importancia de tomar en cuenta este tipo de ejercicios de gobernanza y respalda a la ciudadanía para fomentar la co-creación y los contrapesos en cualquier congreso local.
Baja California se opone a regulación de publicidad oficial
• El Gobierno de Baja California se opuso a la regulación de la publicidad oficial argumentando equívocamente que no era competencia de los estados.
• En 2013, el gobierno de Baja California gastó más de 121 millones de pesos en este rubro. Este gasto aumentó 67% entre 2005 y 2012.
• Urge que las entidades federativas transparenten sus gastos en comunicación social como les obliga la nueva Ley General de Transparencia.
México, D.F. a 22 de junio de 2015.- El gobierno de Baja California, por medio de su Secretaría General, se opone a la aprobación de la Ley General de Comunicación Social Institucional, que busca establecer bases generales para la asignación, contratación y transparencia en el gasto público en materia de publicidad oficial que realicen las instituciones públicas del Estado, a través de cualquier medio de comunicación. Esta ley es producto del análisis conjunto de dos iniciativas: una ciudadana respaldada con 690 firmas (Iniciativa Ciudadana de Ley General de Transparencia en la Publicidad Institucional para el Estado de Baja California, presentada el 06 de marzo) y una presentada por diputados locales de diversas fuerzas políticas.
ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación conocieron la opinión del ejecutivo, emitida a través de un breve dictamen, en el cual la Secretaría General de Gobierno alega que el estado carece de competencias para regular la materia, toda vez que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Asimismo, el gobierno concluye equívocamente que legislar bases para que el gasto en publicidad oficial se realice equitativamente viola los principios de imparcialidad en la erogación de recursos públicos y de división de poderes.
Además de ser incorrectos los argumentos, son preocupantes en tanto el ejecutivo podría esgrimirlos nuevamente para un eventual veto a la misma.
Al respecto, el gobierno del estado ha perdido de vista que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo octavo, establece el deber para los estados como para la Federación de sujetar a un carácter institucional y a fines informativos, educativos o de orientación social, cualquier forma de propaganda que difundan los entes de los tres órdenes de gobierno. Es más, el párrafo noveno del citado artículo, reconoce la facultad de los estados para legislar y garantizar lo anterior, cuando instruye que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, aseguraran el estricto cumplimiento de las formas de erogación en publicidad oficial. En adición, el artículo 73 de la Constitución no considera esta materia como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Así, con base en una interpretación lógica de las competencias delegadas a los estados, se entiende que están facultados para legislar la asignación y regulación en los gastos de su presupuesto, sin necesidad de sujetarse a una ley federal.
Ahora bien, resulta aún más engañoso detener una legítima iniciativa de ley estatal escudándose en que es facultad del Congreso de la Unión, toda vez que la Cámara de Diputados y el Senado de la República han sido y son omisos en cumplir con un mandato derivado de la propia Constitución. En efecto, hace más de un año se venció el plazo señalado por la Constitución, y una ley de publicidad oficial sigue sin discutirse ni aprobarse.
Por otra parte, no debe olvidar el gobierno del estado que la única obligación constitucional de no utilizar recursos públicos para influir “en la equidad de la competencia” es en relación con la que surge entre partidos políticos (Artículo 134, párrafo séptimo). En relación con esto, de hecho, las autoridades están llamadas a promover con su gasto en propaganda y publicidad oficial la participación de todos los medios de comunicación a través de procedimientos con criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de su asignación y contratación. Una ley que asegure esto no implica violación alguna a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la contratación pública ni supone vulnerar la autonomía e independencia de los poderes públicos en Baja California.
La publicidad oficial, lejos de informar a los ciudadanos, ha servido como una herramienta de censura indirecta que favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, la información que transmiten, y las opiniones que estos construyen y difunden. En este sentido, la censura indirecta que se ejerce sobre medios de comunicación afecta de forma clara y directa los derechos humanos a la libertad de expresión, libre circulación de ideas y acceso a la información; además de lesionar seriamente la construcción y consolidación de una sociedad democrática, crítica y plural, procesos en los que está inmersa la sociedad mexicana.
En el caso concreto de Baja California, en marzo de este año, ARTICLE 19 alertó sobre las acciones del gobernador y cinco alcaldes de la entidad, en relación con la cancelación de sus relaciones comerciales con el consorcio periodístico Grupo Healy (Frontera, Frontera Ensenada y La Crónica de Baja California), que ha publicado una serie de reportajes y notas donde informan sobre excesos e irregularidades en las finanzas públicas, presuntamente cometidas por el gobernador, los alcaldes y las administraciones que encabezan. Entonces denunciamos cómo este acto de intimidación buscaba influenciar, a través de presiones económicas, el sentido editorial del medio.
De 2005 a 2012, Baja California presentó un aumento de más de 67% en el gasto ejercido en materia de publicidad oficial. En las tres ediciones publicadas del “Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas”, elaborado por Fundar y ARTICLE 19, el Estado ha presentado inconsistencias entre el total de dinero ejercido y la suma de los montos erogados por proveedores, siendo superior o inferior al total, pero nunca coincidente. En 2013, la información aportada por el Estado no se encontraba en poder de una sola dependencia y ante la descentralización de la información, se dificultó conocer el gasto en publicidad oficial total de la entidad.
Desde 2010, ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación han aportado evidencia suficiente sobre la necesidad de regular –a nivel federal y estatal– el uso del gasto en publicidad oficial. Hasta la fecha, éste sigue regido por la arbitrariedad y la opacidad, y su uso indiscriminado continúa impactando directamente en la libertad de expresión y de información, garantías necesarias en una sociedad democrática.
Es importante que el gobierno de Baja California promueva la rendición de cuentas en publicidad oficial. Por lo tanto, ARTICLE 19 y Fundar llaman al poder ejecutivo de Baja California a facilitar el debate sobre la regulación de la publicidad oficial y promover estándares garantistas en la materia para terminar con el uso discrecional de recursos públicos que pueden debilitar la libertad de expresión en el estado.
http://fundar.org.mx/baja-california-se-opone-a-regulacion-de-publicidad-oficial-promueve-opacidad-en-gasto-publico/#.VdtyKiV_Oko
El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014
Sin reglas claras, gobierno federal realiza gasto histórico en publicidad oficial
- A tres años de que EPN hiciera pública su promesa de regular la publicidad oficial, no se registra ningún avance.
- En 2013, la administración federal ejerció 48% más de los recursos previstos para publicidad oficial, gastó 7,119 millones de pesos (mdp).
- En 2014, la cifra preliminar de gasto alcanza 3,495 mdp pero puede incrementar de manera importante, pues aún no se conoce la información definitiva.
- En 2014, TV Azteca y Televisa recibieron una cuarta parte del gasto en publicidad oficial, es decir más de 929 mdp.
Ciudad de México, 12 de julio de 2015.- Durante los dos primeros años de administración, el gobierno federal ha derrochado más de 10 mil 800 mdp en publicidad oficial (en pesos de 2014). Este ejercicio de recursos públicos se caracteriza por sobre-ejercicios continuos y una ausencia de reglas claras.
El análisis presente en el informe El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014, que ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. publican, prevé que si la administración actual continúa la tendencia en el aumento de sus gastos es factible que al final del sexenio alcance niveles históricos.
En 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración ejerció 7 mil 119 millones de pesos en publicidad oficial; que equivale al 94% del presupuesto total programado para el Programa de la Reforma Educativa en 2015. Estos recursos ejercidos superan en más de 2 mil 333 mdp el presupuesto aprobado para ese año –de 4 mil 785 mdp. En total, en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ejerció 48% más de los recursos originalmente aprobados para este rubro.
Para el año siguiente, la ausencia de información oportuna y las diferencias de los datos entre las diferentes fuentes disponibles, imposibilitan conocer con certeza los recursos ejercidos. A más de seis meses de que terminó 2014 no contamos con cifras definitivas. Aun así, de acuerdo con las preliminares del sistema de Comunicación Social (COMSOC) –en las cuales se basa este informe–, el gobierno federal ejerció 3 mil 439 mdp en espacios de publicidad en medios de comunicación, es decir 111% el presupuesto total previsto para la Secretaría de Energía para el 2015. Sin embargo, es muy probable que las cifras definitivas sean mucho más altas de lo reportado.
En 2014, la televisión fue el medio que absorbió la mayor cantidad de recursos erogados. En total, 34% del gasto anual se destinó a este tipo de medio; los medios radiales e impresos le siguieron con el 16% y el 15%, respectivamente; el internet sumó un poco más de 5% y el cine 2%; el restante se dirigió a otro tipo de proveedores, que incluyen material impreso, material promocional en mobiliario urbano, y producción, preproducción y postproducción en otros medios, lo que representó el 26%.
Es cuando menos preocupante la alta concentración de recursos en los proveedores contratados por el gobierno federal para difundir sus políticas y programas, sus logros y su imagen. Dos proveedores, Televisa, S.A. de C.V. y Estudios Azteca, S.A. de C.V. concentran el 27% de todo el dinero erogado, sumando en conjunto cerca de 930 mdp. Estas empresas se beneficiaron con más de una cuarta parte del total de los recursos ejercidos en publicidad oficial.
Por otra parte, la dependencia que más gastó en publicidad es Pronósticos para la Asistencia Pública (Pronósticos), con el 18% (633 mdp) del total erogado. Los primeros cinco puestos en cuando a gasto los completan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 14% (482 mdp); la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), con el 7% (248 mdp); Petróleos Mexicanos (Pemex), con el 6% (228 mdp); y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 3% (120 mdp).
Este comportamiento entra en completa disonancia con la promesa de cambio hecha por el presidente Enrique Peña Nieto. El tema de la publicidad oficial es letra muerta y el gasto multimillonario y concentrado que se ejecuta sin reglas claras continúa favoreciendo el uso discrecional de la publicidad oficial, que impacta sobre la libertad de expresión en el país. Cerca de la mitad del sexenio, el gobierno federal no ha impulsado ningún cambio ni ha dado señales de un uso más racional y controlado de la publicidad oficial, en comparación con gobiernos anteriores.
Ahora bien, el Poder Legislativo también ha desperdiciado oportunidades importantes para avanzar en la regulación de este tema. El año pasado, los legisladores tenían la obligación de regular el uso de la publicidad oficial antes de mayo, según lo ordenado en el marco de la reforma político-electoral. A pesar de que las fuerzas políticas han presentado diversas iniciativas, hasta la fecha ninguna ha sido discutida aprobada.
En numerosas ocasiones, ARTICLE 19 y FUNDAR han evidenciado cómo el vacío legal existente y la falta de voluntad política para cambiar las prácticas, permiten la permanencia de abusos que violentan el derecho a la información en el país, la libertad de expresión y la calidad de la democracia. Por esto, hacemos un llamado urgente:
- al Poder Ejecutivo para que impulse cambios en el uso de la publicidad oficial conforme a las promesas presidenciales. El país vive una situación económica delicada que obliga al gobierno a recortes presupuestarios. En este contexto, nunca ha sido tan necesario como ahora un uso racional, controlado, transparente y limitado de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.
- al Poder Legislativo para que dote el país de un marco normativo en publicidad oficial que limite el dispendio de recursos públicos y regule su planeación, contratación, ejecución y evaluación.
Para mayor información, favor de contactar a:
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
comunicacion@article19.org
+52 55 1054 6500 ext. 110
Twitter @article19mex
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Itzi Vaseli Salgado
itzi@fundar.org.mx
+52 55 5554 3001 ext. 151<
Twitter @FundarMexico
Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México
Carmen Aristegui habla sobre el Informe Comprando complacencia
SCJN recuerda al legislativo que tiene pendiente regular la publicidad oficial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la importancia de regular la publicidad oficial para limitar la propaganda en torno a los informes de gobierno.
La SCJN establece que el 242.5 es constitucional pero solo estará en vigor hasta la regulación del artículo 134 Constitucional.
El Congreso de la Unión lleva siete años incurriendo en omisión al no regular la publicidad oficial.
El 1º de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) que establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año, esté geográficamente limitada y no exceda siete días antes y hasta cinco días después de la entrega del informe de labores del funcionario público. Sin embargo, la SCJN recordó que el uso en la propaganda gubernamental de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” es inconstitucional como lo establece el párrafo 8 del artículo 134 de la Carta Magna.
La resolución de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, presentadas por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en contra de varios artículos de la LEGIPE, sienta un precedente preocupante. La vaguedad del artículo 242.5 ha permitido que los actores políticos publiciten sus informes de labores de forma contraria a lo establecido en la Constitución. Esta resolución permitirá que los funcionarios sigan usando los recursos públicos para promocionar su imagen en el marco de la publicidad oficial.
Sin embargo la resolución evidencia también la urgencia de una regulación que propicie la certeza jurídica y limite las prácticas violatorias al 134 constitucional en relación al uso de propaganda. A siete años de omisión por parte de los legisladores, el Pleno enfatizó la obligación del Congreso por crear una ley secundaria del artículo 134 constitucional para regular “todas estas situaciones”.
El debate al interior del máximo órgano judicial permitió conocer la opinión de algunos Ministros respecto al alcance del artículo 242.5. El Ministro Fernando Franco, por ejemplo, mencionó que si bien los informes de labores son actos que favorecen la rendición de cuentas, los contenidos de los promocionales de los informes de gobierno deben apegarse a la prohibición expresada en el artículo 134, mientras que el Ministro José Ramón Cossío se pronunció por la inconstitucionalidad de la norma debido a que los promocionales deben ser considerados como propaganda gubernamental a pesar de lo establecido en el artículo 242.5 de la LEGIPE.
En múltiples ocasiones, en el marco del proyecto de investigación sobre Publicidad Oficial, hemos evidenciado que la ausencia de una regulación integral del tema ha creado un vacío legal que permite abusos tanto en la asignación y ejercicio del gasto como en su utilización para la promoción personalizada. En México, se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios. Estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país, la libertad de expresión y sobre la calidad de la democracia.
Por esto, Fundar y ARTICLE 19 urgen al Congreso avanzar hacia un marco normativo que limite los abusos y proteja nuestro derecho a la información. Invitamos a los legisladores a co-organizar un foro en el Congreso para avanzar en las discusiones sobre este tema. Desde Noviembre 2007 que se publicó el párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución, los legisladores tenían treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor de este reforma electoral para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales. Siete años después el Congreso sigue omiso en el cumplimiento de dicha obligación.
Información adicional:
Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la SCJN del 1ero de septiembre: https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/01092014PO.pdf
Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria de la SCJN del 2 de septiembre: https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/02092014PO.pdf
Sobre la omisión del Congreso: ARTICLE 19 interpuso dos demandas de amparo contra la omisión del Congreso de Unión de cumplir con la obligación de regular la publicidad oficial de conformidad con el artículo tercero transitorio de la reforma político electoral del 2014. El Juez Décimo de Distrito en materia Administrativa (AI 940/2014) ordenó al Senado de la República informar sobre los avances en el proceso legislativo y este entregó las iniciativas presentadas en el último período de sesiones sin elementos suficientes que acrediten la discusión de dichas iniciativas o la intención de aprobación.
En los últimos dos meses, Fundar ha promovido varios amparos en contra de la ley electoral y de su aplicación: http://fundar.org.mx/amparosencontradelapropaganda/#.VA5QpmOV6td
Para más información, ponerse en contacto con:
– Itzi Salgado, responsable de difusión en Fundar: +52 (55) 5554-3001, ext. 151 y/o al correo electrónico itzi@fundar.org.mx.
– Lucía Vergara, Comunicación y contenidos digitales / Communications and digital content officer de ARTICLE 19: +52 (55) 1054-6500, ext. 110 y/o al correo electrónico lucia@article19.org.
Amparos en contra de la propaganda
Ampárate: Desde este lunes 25 de agosto, los spots y anuncios donde aparece el Presidente de la República alabando los éxitos de su gestión gubernamental se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución. Desde Fundar, te invitamos a ampararte en contra de esta práctica: los 4 pasos para ampararte
Amparo Colectivo:
El miércoles 27 de agosto, Fundar y un grupo de 11 ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada del Presidente en el marco de su informe. Más información aquí
Llamado a firmar carta compromiso:
Fundar hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica. Descarga la carta compromiso aquí
Antecedentes:
El pasado 21 de julio de 2014, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal admitió un primer amparo indirecto promovido por Fundar en contra del párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). Este primer amparo considera que la entrada en vigor de la norma secundaria viola el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial y oportuna, fomenta la tergiversación del debate público y transforma la publicidad de los informes en momentos de promoción de la imagen de los funcionarios a cargo del erario público. Más información aquí
Documentos relacionados:
SCJN recuerda al legislativo que tiene pendiente regular la publicidad oficial el 10/09/2014
Ficha informativa del amparo indirecto presentado el 14/07/2014
Ficha informativa del amparo colectivo presentado el 27/08/2014
(26 de agosto de 2014)
El informe de gobierno: cúspide de la propaganda de Estado
(19 de agosto de 2014)
Consulta la ficha informativa “Amparo Publicidad Oficial”
Salidas en medios:
(7 de septiembre de 2014)
Publicidad oficial y transparencia
(28 de agosto de 2014)
Denuncian promoción personalizada de EPN
Tiempos de informar
(27 de agosto de 2014)
El Presidente promueve su imagen, dicen Fundar y 12 ciudadanos; van al amparo contra campaña del Informe
Spots de Peña Nieto ‘solo enaltecen su figura’ (video)
Presentan amparo contra publicidad de Peña Nieto
Propaganda de Peña viola derecho a recibir información útil y oportuna: Fundar
Se amparan contra “tormenta de spots y anuncios” de EPN
Pide ‘Fundar’ a gobernadores no promover su imagen en informes
(26 de agosto de 2014)
Pretenden frenar propaganda oficial
(25 de agosto de 2014)
La entrevista al presidente y los medios públicos
(19 de agosto de 2014)
Poder Judicial admite amparo contra propaganda oficial en informes de gobierno
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Justine Dupuy
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Piden a Poder Judicial suspender actos de propaganda presidencial en el marco de segundo informe
Fundar y un grupo de 12 ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada del Presidente en el marco de su informe.
La promoción personalizada está prohibida por la Constitución en el artículo 134, pero la ausencia de regulación permite abusos.
Fundar hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica.
Este miércoles, un grupo de trece ciudadanos interpusieron un amparo para pedir la suspensión de la publicidad con promoción personalizada del Presidente Enrique Peña Nieto violatoria del derecho a la información, además de ser una práctica que vulnera la calidad del debate democrático. Los firmantes que acompañan la iniciativa de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. son Sergio Aguayo, Carlos Brito, Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Jesús Cantú, Virgilio Caballero, Omar Rábago,Margarita Torres, Darío Ramírez, Beatriz Solis y Clara Jusidman.
Desde este lunes 25 de agosto, los spots y anuncios donde aparece el Presidente de la República alabando los éxitos de su gestión gubernamental se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución. En el marco de la presentación de los informes de gobierno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe. Esto es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Esta excepción ha transformado el informe de gobierno en uno de los momentos de mayor propaganda en el país a cargo del erario público. En teoría, el informe de gobierno se define como un ejercicio de rendición de cuentas, pero en la práctica poco tiene que ver con una democrática relación entre poderes, mucho menos con un ejercicio de pesos y contrapesos, ni con un acto de someterse al escrutinio público.
El informe de gobierno y su publicidad se han vuelto un simulacro de diálogo entre gobernantes y gobernados y una máquina de promoción personalizada. Para el mes de septiembre, además del Presidente, seis Gobernadores presentarán su informe anual con la posibilidad de hacer promoción personalizada, entre los cuales se encuentran Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal y Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México. Fundar hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica.
Según las cifras publicadas por la Secretaría de la Función Pública, en 2014, durante el segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración federal centralizada y paraestatal prevén ejercer 4,964,869,671.34 pesos en publicidad oficial (partidas 3600 y 33605). Estos recursos equivalen a cinco veces el gasto ejercido en 2013 para el programa de abasto social de leche que se eleva a 1,086,750, 000.00 pesos, el cual permitió distribuir leche diariamente a seis millones y medio de niños. ¿Y cuánto costará la publicidad del segundo informe de gobierno? El año pasado, no se pudo llegar a información detallada sobre el gasto del primer informe de gobierno según investigaciones periodísticas.
En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios y mucha opacidad. Según el último índice de acceso al gasto en publicidad oficial, la mitad de los estados no informan con suficiente detalle sobre el ejercicio de estos recursos. En México, la publicidad oficial se ejerce sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. Y estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país.
A pesar de las promesas presidenciales y las obligaciones legislativas de regular y reformar las prácticas de abuso de la publicidad oficial, no existe ninguna señal de cambio. Hoy, está en mano del Poder Judicial propiciar el debate sobre este asunto y resolver el amparo tomando en cuenta los más altos estándares en la materia así como nuestra Constitución.
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