#MediosLibres presenta iniciativa ciudadana para expedir Ley General de Publicidad Oficial

  • El Colectivo #MediosLibres exige al Legislativo abrogar la #LeyChayote e invita a los diversos grupos parlamentarios a apoyar y respaldar la iniciativa ciudadana de ley general para regular la publicidad oficial.
  • Es necesario que el Legislativo dé paso a un proceso plural de parlamento abierto que lleve a una ley que reconozca los más altos estándares internacionales en la materia.
  • Para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad se requieren criterios claros, objetivos y transparentes sobre el uso y asignación de la publicidad oficial.

 

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018. El Colectivo #MediosLibres presenta una iniciativa ciudadana para abrogar la #LeyChayote y expedir la Ley General de Publicidad Oficial que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Desde la publicación de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como #LeyChayote, el pasado 11 de mayo, el colectivo #MediosLibres -integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos-, ha trabajado esta iniciativa ciudadana retomando los más altos estándares en materia de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión, incluidas las bases mínimas emitidas por este Colectivo y presentadas en febrero de este año al Congreso de la Unión y los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa tiene como objetivos eliminar el uso proselitista de la publicidad oficial, impulsar la democratización de los medios, fomentar el pluralismo y garantizar la libertad de expresión e información en nuestro país.

Luego entonces, la iniciativa:

  1. Promueve la regulación de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades gubernamentales.
  2. Obliga a autoridades, pero también a medios de comunicación y otras formas de difusión y promoción a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos de publicidad oficial.
  3. Prohíbe y sanciona el uso propagandístico de la publicidad oficial.
  4. Prohíbe y sanciona el uso de la publicidad oficial para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.
  5. Establece criterios de asignación de la Publicidad Oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
  6. Establece topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10% de lo aprobado).
  7. Establece mecanismos e instrumentos de planeación y evaluación de las estrategias de comunicación social.
  8. Elimina el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración y otorga al INEGI la facultad de llevar a cabo dichas mediciones.
  9. Otorga facultades al INAI como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial.
  10. Crea un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
  11. Fortalece la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.

 

Esta ley es un punto de partida para abrir un debate plural y transparente.  Por esto, hacemos un llamado respetuoso a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para abrogar la Ley General de Comunicación Social y respaldar esta iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial. De esta manera, será necesario conformar, a la brevedad, un espacio de discusión plural, de mesas de trabajo en un proceso de parlamento abierto para aterrizar los puntos más apremiantes de esta propuesta de ley.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha señalado que reducirá en 50% del presupuesto aprobado el gasto en publicidad oficial, sin embargo, la reducción es insuficiente si no existen reglas claras para su asignación. En este sentido, es encomiable que el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada durante el presente periodo de sesiones.

En noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de publicidad oficial genera un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión y limita el derecho a la información de la sociedad. En este sentido, ordenó al Congreso de la Unión a regular el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política a más tardar el 30 de abril de los corrientes. Sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo perdieron una oportunidad histórica para regular la publicidad oficial legalizando las malas prácticas. Por esto, el Colectivo #MediosLibres espera que en este periodo legislativo el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada que garantice el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y abone a una verdadera democracia.

 

CONTACTOS:

Fundar                                                                                                               Article 19

Diana Amador                                                                                                  Juan Vásquez

04455 23297059                                                                                             10546500 ext. 110

dianaa@fundar.org.mx                                                                                    jvazquez@article19.org

Sí a la reducción del gasto en publicidad oficial, pero con criterios claros de asignación

  • El plan de austeridad de López Obrador contempla la reducción del 50% de la publicidad oficial, pero se requiere acompañarla con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
  • La centralización del gasto en la Secretaría de Gobernación (Segob) es un riesgo para el control de la información, se necesita una instancia autónoma que no afecte la libertad de expresión.
  • La LXIV Legislatura debe considerar la abrogación de la #LeyChayote y la emisión de una nueva.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto

Sin embargo, esta reducción no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación.En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo[1].

A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.

El Colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.

Es por lo anterior que instamos a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.

La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.

Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y  una sociedad realmente informada.

[1]   Por ejemplo, el numeral i) del inciso a) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

Senadores de oposición presentan acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social

  • Senadores presentan una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyChayote porque contraviene la libertad de expresión y otros principios constitucionales.
  • Se abre nuevamente la posibilidad para que la SCJN reitere la inconstitucionalidad y las violaciones a derechos humamos que formaliza la #LeyChayote.

Ciudad de México, 7 de junio de 2018.  En el día de la libertad de expresión en México, 52 senadores del PAN, PT, PRD y Morena  presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social (#LeyChayote), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018 por considerar que esta vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, además de vulnerar las reglas del  procedimiento legislativo.

El Colectivo #MediosLibres saluda esta iniciativa de las y los senadores, reconociendo la labor de oposición y de control constitucional.  Asimismo, lamenta que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos garantes de los derechos violados por esta norma hayan seguido, hasta el momento, el ejemplo de las y los legisladores.

La acción de inconstitucionalidad establece que la #LeyChayote:

  1. Vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión al violar los principios internacionales en materia de publicidad oficial y los señalados en el artículo 134 constitucional.
  2. Incumple los criterios derivados de la exhortación de la SCJN.
  3. Vulnera el derecho fundamental de la libertad de imprenta.
  4. Viola el derecho de las audiencias.
  5. Documenta violaciones al proceso legislativo que afectan la validez de la Ley.

 

Desde el Colectivo #MediosLibres hemos señalado en diversas ocasiones que la Ley General de Comunicación Social promueve y mantiene las malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta. Asimismo, que el proceso legislativo de la #LeyChayote más que atender de manera integral las inconstitucionalidades que señaló la SCJN, fue una simulación para cumplir en tiempo la sentencia y que los legisladores no incurrieran en desacato.

Incluso, el Congreso hizo caso omiso a las recomendaciones y señalamientos  sobre los estándares necesarios en publicidad oficial para garantizar diversos derechos, de actores internacionales como la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Es por lo anterior que, el Senado presenta este recurso -de conformidad con su facultad consagrada en el artículo 105, fracción II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos-, y se logre determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones que afectan los derechos humanos y que están formalizadas en esta #LeyChayote.

En el día en que se celebra la libertad de expresión en México, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia volverá a hacer prevalecer el orden constitucional de respeto a los derechos humanos a fin de avanzar hacia un Estado donde existan #MediosLibres.

Leyes de publicidad oficial estatales deben trascender la Ley Chayote

Leyes de publicidad oficial estatales deben trascender la Ley Chayote

  • El Colectivo #MediosLibres reconoce los  elementos progresivos en la  iniciativa de ley presentada  en el estado de Chihuahua.
  • La iniciativa presentada por legisladores del Estado de Jalisco, replica las disposiciones de la #LeyChayote.
  • Es necesario que la integralidad de las disposiciones previstas en cada una de las iniciativas garanticen la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias.

Ciudad de México a 5 de junio de 2018.- La semana pasada el Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado y un grupo de diputados del Estado de Jalisco, pusieron a consideración de sus respectivos Congresos estatales iniciativas para regular el artículo 134, octavo párrafo constitucional, respecto al uso y asignación de la publicidad oficial.

Desde el Colectivo Medios Libres reconocemos que la iniciativa presentada en el Estado de Chihuahua reúne elementos progresivos respecto a la Ley General de Comunicación Social publicada el 11 de mayo de 2018. No obstante, vemos con preocupación la iniciativa de ley presentada por el Gobierno de Jalisco, ya que replica la actual #LeyChayote.

Sin embargo, ambas iniciativas dejan de lado consideraciones indispensables para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso del Estado de Chihuahua y al Congreso del Estado de Jalisco a tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

Ley para la asignación de publicidad oficial del Estado de Chihuahua

La iniciativa presentada cuenta con una serie de elementos importantes que atienden los más altos estándares internacionales y que deben de mantenerse al momento de su aprobación:

  1. Define claramente los contenidos de la publicidad oficial y es explícita sobre las prohibiciones de acuerdo a los parámetros constitucionales. Prohíbe expresamente la publicidad engañosa y aquella que difunda imágenes, voces, símbolos, etcétera, de funcionarios públicos o partidos.
  2. Reconoce que las publicad oficial siempre debe ser identificable.
  3. Prevé un mecanismo de planeación de las Campañas, de construcción de los mensajes y de identificación de los medios que serán responsables de su difusión.
  4. Establece criterios de asignación de la pauta que no solamente están relacionados con el raiting o el nivel de audiencia.
  5. Fija controles al ejercicio presupuestario.
  6. Crea un consejo consultivo y determina mecanismos control y revisión de la asignación de la pauta.
  7. Obliga a los entes públicos a transparentar toda la información relacionada con la asignación de la pauta y a publicar en un espacio determina los contratos.
  8. Fija una serie de sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con las disposiciones ahí establecidas.

 

No obstante, durante el proceso legislativo se tiene que considerar que:

  1. La publicidad de los informes anuales de labores no debe ser una excepción para la promoción personalizada de los funcionarios públicos.
  2. Debe haber mecanismos de control y transparencia de las audiencias.
  3. Los contenidos, opiniones e información promocionada/pagada en las cuentas personales de redes sociales de funcionarios públicos deben estar sujetos a los parámetros del artículo 134, octavo párrafo constitucional y lo dispuesto en esta ley.
  4. No se debe condicionar la línea editorial de los medios de comunicación a efecto de recibir la pauta oficial. En este sentido, los artículos 25 y 26 deben ser eliminados ya que los mismos pueden generar un efecto inhibidor al ejercicio de libertad de expresión de los medios de comunicación.
  5. La asignación de la publicidad oficial no debe ser discriminatoria, por lo que se debe considerar condiciones especiales para los medios comunitarios y alternativos que les permitan acceder a ella y, así, permitir a las audiencias recibir la comunicación del Estado.

 

Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco.

Lamentablemente, la iniciativa presentada por los diputados del PRI en el estado de Jalisco, no solo replica las malas prácticas previstas en la #LeyChayote, sino que elimina los mecanismos de transparencia previstos en la Ley General y los procesos sancionadores que la violación a las disposiciones de la ley podrían generar.

 

Desde el Colectivo #MediosLibres fuimos claros al señalar que la aprobación de la #LeyChayote daba pauta a los Congresos estatales a regular fuera de los parámetros constitucionales y podría provocar no solamente la regularización de las malas prácticas sino la generalización de las mismas en todo el territorio nacional.  Esta iniciativa confirma lo anterior.

 

El Colectivo #MediosLibres hace un llamado a los Congresos estatales para analizar cada una de las iniciativas a la luz de las bases mínimas de regulación de publicidad oficial presentando al Senado de la República, así como de Los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la CIDH.

 

Peña Nieto legaliza las malas prácticas con la #LeyChayote

  • Sin atender las recomendaciones y observaciones de la sociedad civil, Enrique Peña Nieto aprobó la #LeyChayote que atenta contra la libertad de expresión.
  • Se perdió la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con #MediosLibres.
  • El Juzgado de primera instancia no notificó sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Ciudad de México, 11 de mayo de 2018.- A seis años del surgimiento del movimiento #YoSoy132, y a seis años de su promesa de regular la publicidad oficial, el presidente Enrique Peña Nieto expidió la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, que no atiende los problemas centrales de la publicidad oficial y, por el contrario, legaliza las malas prácticas. La ley publicada el día de hoy por el Presidente de la República, invita a la censura, el gasto desmedido de los recursos públicos, la información falsa, la uniformidad de medios, la corrupción y otras malas prácticas.

Sin atender las peticiones, señalamientos y recomendaciones emitidas por la sociedad civil, los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos internacionales de Derechos Humanos, el poder Ejecutivo y el Legislativo perdieron la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con medios libres. La falta de voluntad política y compromiso por parte de los legisladores en todo el proceso de elaboración de la ley resultó en la emisión de una ley que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y que obedece a intereses particulares y no a los de la sociedad.

A la par, es importante recalcar que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que conoció el asunto en primera instancia, no ha resuelto sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo promovido por ARTICLE 19 para regular la publicidad oficial, la cual fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 15 de noviembre de 2017.

En una apresurada publicación el Ejecutivo Federal se ha manifestado sin esperar el pronunciamiento sobre el debido cumplimiento de una ley que no cumple los estándares mínimos de la materia.

El Colectivo #MediosLibres rechaza la #LeyChayote, que no fue elaborada dentro de un proceso de Parlamento Abierto y de articulación con la sociedad civil. Esta ley es una simulación para cumplir el mandato establecido por la Corte y no entrar en desacato.

A través de esta aventurada publicación, se refleja el poco compromiso político y social que esta administración ha tenido en estos casi seis años de gobierno, y más grave aún, deja pendiente el compromiso asumido al entrar en funciones de regular la publicidad oficial.

Carta abierta a Enrique Peña Nieto

Ciudad de México, 3 de mayo de 2018.

 

 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE

 

Señor Presidente:

En 2012, su elección fue marcada por el movimiento estudiantil #YoSoy132 que surgió de la necesidad de contar con medios libres y objetivos para poder tener información veraz y oportuna en momentos tan relevantes como las campañas electorales. Para responder a esta demanda de la juventud mexicana, usted prometió la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. Esta promesa fue plasmada en el compromiso 95 del pacto por México.

Seis años después, su sexenio se está terminando y la promesa de la creación de esta institución independiente y la regulación de la publicidad oficial se está desvaneciendo. Esta posibilidad de cambio tomó la forma de una Ley General de Comunicación Social aprobada por el Poder Legislativo, el pasado miércoles 25 de abril. Es esta ley, tan criticada que ha sido bautizada como la #LeyChayote, que usted mismo, señor Presidente, está a punto de promulgar.

Este 3 de mayo, el día mundial de la libertad de prensa, nos recuerda más que nunca que México sigue teniendo el triste y doloroso título del país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. En este día, quienes suscribimos esta carta le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil.

Como lo prevé el artículo 72 fracción A de la Constitución mexicana, usted, señor Presidente, como titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de no promulgar esta ley regresiva y hacer las observaciones  necesarias a esta norma para que regrese a su Cámara de origen.

Los y las legisladoras pasaron por la fuerza esta ley sin integrar ni escuchar las propuestas, críticas y comentarios de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y periodistas. No incluyeron tampoco ninguna de las sugerencias realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), o Organismos internacionales de Derechos Humanos como el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y de los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de derechos humanos, para citar algunos actores que alzaron su voz en contra de este texto legislativo y a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos que trastoca el propio tema.

Con base en estas diversas propuestas[1] compartidas en los últimos meses, solicitamos se integren los siguientes puntos a la ley:

  1. La ley debe prever criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial para terminar con la arbitrariedad y discreción en su distribución.
  2. La ley debe establecer controles presupuestarios, limitar y prohibir los sobre ejercicios y establecer un tope de gasto en este rubro.
  3. La ley debe prohibir la promoción personalizada en el marco de los informes anuales.
  4. Se debe desaparecer la existencia de los mensajes extraordinarios que solo abonan a la discrecionalidad del manejo de la publicidad oficial
  5. Como usted lo prometió en 2012, se deben crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización de la publicidad oficial en lugar de concentrar más poder en mano de la Secretaria de Gobernación.

Señor Presidente, en sus manos está la ultima oportunidad de escribir una historia a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por esto, le solicitamos atenta y sentidamente que haga las observaciones necesarias a la ley y que estas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas hemos hecho a lo largo de estos cinco meses desde que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 

Atentamente:

AMARC
Amedi
Amedi, Capítulo Jalisco
Amedi, Capítulo Nuevo León
Amedi, Capítulo Puebla
Artículo 19
Barra Mexicana  Colegio de Abogados SC
Borde Político
Cauce Ciudadano AC
Causa en Común
Cencos
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C
Ciudadan@s por la Transparencia
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comunicación Comunitaria A.C.
Con el apoyo  internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC
Cultural Survival, organización por la defensa de los derechos indígenas
Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana CDMX
Enjambre Digital
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar
Horizontal
IMCO
Instituto de Justicia Procesal Penal
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC
Instituto para la Seguridad y la Democracia
Lado B
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia AC
Noroeste
Observatel
Observatorio Con Los Ojos Abiertos
Organización Nacional Anticorrupción AC
Plan Estratégico de Juárez
Proceso
Red de Periodistas de a Pie
Red en Defensa de los Derechos Digitales
Red Libre Periodismo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Red Viral
Redes Quinto Poder
REDIM, Red por los derechos de la infancia en México
Renacer Lagunero
Reporteros Sin Fronteras
Sabuesos Guerreras AC
Servicios y Asesoría para la Paz AC
Sin Embargo
Tlachinollan
 
 
Adrián López Ortiz
Alberto Athie
Aleida Calleja
Alejandra Wade
Alejandro Cárdenas
Alejandro García Villasuso
Alejandro Páez Varela
Alfredo Lecona
Antonio Martínez Velázquez
Beatriz Solís Leree
Calos Cruz Santiago
Catalina Pérez Correa
Cuauhtémoc Cruz
Cynthia Dehesa
Daniel Lizárraga
Daniel Moreno
Denise Dresser
Elena García
Ernesto Aroche Aguilar
Eunice Rendón
Ignacio Rodríguez Reyna
Irina Vázquez Zurita
Jorge Carrasco Araizaga
Juan Martín Pérez García
Julián Mejía Berdeja
Julio Madrazo
Layda Negrete
Leonor Gómez
Lilia Vélez Iglesias
Liliana Ruiz Ortega
Luis F. Fernández
Mara Gómez Pérez
María Elena Morera
Mariana Campos
Pablo Girault
Rosalía Orozco Murillo
Sergio Meza de Anda

[1] El decálogo de las bases mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial y el posicionamiento del 02 abril difundido por el Colectivo #MediosLibres, el informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial de la CNDH, y la carta de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión del 24 de abril.

 

Legislativo incumple sentencia de la Suprema Corte sobre regulación de publicidad oficial

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.

 

  • Sin escuchar las criticas ni advertencias, el Senado pasa en fuerza la Ley General de Comunicación Social y la aprueba sin ningún cambio,
  • La ley no cumple con lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Legaliza las malas prácticas en torno a la publicidad oficial, mantiene el estatus quo.

 

La noche del miércoles 25 de abril el pleno del Senado de la República con 60 votos favor, 46 en contra y una abstenciónde aprobó la Ley General de Comunicación Social en un proceso legislativo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades que desde el Colectivo #MediosLibres denunciamos en más de una ocasión.

 

La minuta votada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre del 2017 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial, y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por los diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión.

 

A través de esta simulación legislativa en la que se buscó emitir la ley antes del 30 de abril, fecha límite establecida por la Corte para no entrar en desacato, no se cumple con lo establecido en la sentencia ya que persiste “la vulneración a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión”. Asimismo, la libertad de expresión se sigue viendo afectada al no establecer reglas claras en el tipo de gasto de la publicidad oficial. En palabras de la sentencia esta ley aprobada en el pleno del Senado “viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.”

 

El proceso que se siguió en ambas Cámaras no respetó los lineamientos legislativos ni el diálogo con la sociedad civil, lo cual se traduce en que esta ley, es una ley sin consenso. A pesar de las reuniones en Comisiones Unidas (Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos Primera) los días 19 y 24 de abril, en las cuales llegaron a un empate, la minuta no tuvo ningún cambio en su contenido y se aprobó en el pleno de la Cámara de Senadores, lo cual incumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

 

Sin importar los diversos llamados no sólo del colectivo #MediosLibres sino de organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de diversos actores de oposición dentro de ambas cámaras, esta ley fue aprobada sin considerar las preocupaciones que se denunciaron a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia.

 

Esto claramente muestra una total falta de voluntad política, una falta de compromiso por parte de las y los legisladores, que se vio reflejado en un supuesto cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte dejando una gran deuda que el Congreso tiene para con la sociedad, así como para sus derechos y libertades. No puede existir una sociedad democrática sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresión como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia. Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas, lo que implica que los medios de comunicación “sirvan para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad”.

 

La falta de diálogo con la sociedad civil y su integración en el proceso tuvieron como consecuencia que esta ley obedezca a intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere. Por tales motivos y razones, es que desde el colectivo reprobamos la forma en la que se condujo este proceso legislativo y rechazamos contundentemente el resultado en la que esta ley derivó, que deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información de esta sociedad.

 

Este no es un cumplimiento integral, y finalmente con esta aprobación de la minuta persistirán las violaciones a los derechos humanos que la Suprema Corte intentó proteger en su sentencia. No bastaron cinco meses para que el Congreso hiciera lo que se le ordenó y decidieron hacer su trabajo legislativo en escasos dos meses a través de un proceso lleno de irregularidades.

El Senado, ante la última oportunidad de hacer historia

  • Este martes, los senadores pueden corregir la deficiente regulación de la Ley General de Comunicación Social.
  • PRI y PVEM intentan aprobar sin discutir un dictamen elaborado sin consenso y ni participación ciudadana.
  • La propuesta oficializa lo peor de la relación entre medios de comunicación y el Estado.

 

Ciudad de México, 23 de abril de 2018.  Después de que la discusión de la Ley General de Comunicación Social dividiera a las comisiones legislativas, este martes las y los senadores se reunirán de nuevo y tendrán la última oportunidad de establecer una regulación histórica que cambie las relaciones viciadas entre los medios de comunicación y el poder.

A siete días de cumplirse el plazo establecido por la Suprema Corte para emitir la Ley que regule la publicidad oficial en el país, aún no se cuenta con un proyecto de ley efectivo ni de consenso en el propio Congreso de la Unión y con la sociedad civil.

El jueves pasado se discutió en Comisiones Unidas dentro del Senado de la República el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, la cual tuvo su origen en la Cámara de Diputados. La voluntad del PRI en coalición con el PVEM y PANAL de querer imponer un dictamen de ley regresivo y criticado por la sociedad civil, las instancias internacionales y la oposición, llevó a una situación inédita. En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Comisión de Gobernación, los votos a favor y en contra empataron; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos votó en contra del dictamen.

Esta suspensión en la votación no es más que el resultado del rechazo a un proyecto de ley que no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Ley General de Comunicación Social no es un producto que nace del consenso y de la participación ciudadana, es una mera formalización y simulación para que las y los legisladores no entren en desacato. Incluso, en días pasados, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, mencionó que “La Suprema Corte no pide la formalización del statu quo: exige un cambio”, además de que la propuesta de ley legaliza lo que la corte calificó como “restricción indirecta a la libre expresión”.

Desde la sociedad civil, nos hemos pronunciado en diversas ocasiones en contra de este dictamen de ley, que es una iniciativa que no contempla el decálogo elaborado por el Colectivo #MediosLibres, tampoco integra los criterios internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tampoco recoge las propuestas de las otras iniciativas de ley emanadas desde otros frentes en el Congreso, sino que es una copia de la iniciativa impulsada por el PRI.

Es lamentable que desde que se pronunció la SCJN no se haya escuchado ni dialogado con la sociedad civil para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas en el tema. Los partidos PRI, PVEM y PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores.

A efectos de cumplir cabalmente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso debe plantearse las alternativas necesarias para emitir una legislación que cumpla con las bases mínimas que ya fueron señaladas por los ministros. Por eso exhortamos a las y los Senadores reconsiderar el dictamen y no desperdiciar esta oportunidad histórica que ahora tienen en sus manos. Deben escuchar las voces en contra de esta Ley General de Comunicación Social y frenar su aprobación. Si esta ley pasa sin modificación representaría un retroceso para el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.

 

Predictamen de Ley de Comunicación Social atenta contra #Medioslibres

 

  •      La Comisión de gobernación está simulando; solo busca cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la SCJN.
  •      El predictamen legaliza malas prácticas; retoma lineamientos ineficientes que existen a nivel federal desde hace tres sexenios.
  •      El predictamen recupera solo una iniciativa que reproduce al idéntico y no contempla las demás propuestas de las y los diputados ni el decálogo de sociedad civil.
  •      Los legisladores están desperdiciando una oportunidad única de cambiar la relación entre poder y medios en México y garantizar la libertad de expresión

México 2 de abril de 2018.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados está por discutir mañana un dictamen de Ley de Comunicación Social que de ser aprobado sería muestra de una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad.

En lugar de ser un esfuerzo de síntesis de todas las iniciativas presentadas, el predictamen retoma la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Este documento no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.

Los 133 abajo firmantes estamos preocupados frente a la ausencia de apertura de la Comisión de Gobernación al diálogo con la sociedad civil y expertos en la materia. Además, el predictamen que se votará mañana en Comisión de Gobernación no retoma ninguna de las iniciativas propuestas por los demás partidos ni toma en cuenta el decálogo que presentó el colectivo #MediosLibres el pasado siete de febrero.

El resultado de esta cerrazón es que el predictamen no cumple con los mínimos necesarios. La mayoría del contenido del dictamen retoma los lineamientos generales par las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existen desde hace más de quince años sin lograr revertir las malas prácticas del uso de la publicidad oficial. En pocas palabras, esta propuesta es una simulación.

Peor aún, el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones previstas en él violan directamente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. A continuación, compartimos algunos de los puntos críticos de este predictamen.

  1. El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial.

En primer término el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución prevé que “la propaganda … deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Asimismo, la CIDH a través de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión ha señalado que “en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado” y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios [1].

Sin embargo, el predictamen (art. 4, f.I)  considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobreexposición de los mismos a la sociedad mexicana y, por tanto, impactando directamente en la equidad de la contienda electoral.

En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el art. 14 respecto a la publicidad de los informes anuales de laborales los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios públicos y no para rendir cuentas a la ciudadanía.

Asimismo, se prevé la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarios a los originalmente planteados en el Programa Anual de Comunicación Social sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando directamente el principio de planeación adecuada del gasto [2]. Es importante recordar que existen en la misma ley disposiciones especiales plasmadas en el artículo 16 que prevén la difusión de campañas en casos de emergencia. Además existen graves incongruencias respecto al tipo de campañas de comunicación social que pueden ocurrir durante las campañas electorales (art. 21,f IV).

 

2.El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.

Ahora bien, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca subsanar la omisión de regular el artículo 134 señala claramente que la gravedad de la omisión deriva en la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, el predictamen no prevé nada al respecto, simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto.

Por su parte, el artículo 7 del predictamen prevé que se exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar “disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal”. Esta situación  abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.

Es importante advertir  que la falta de criterios de asignación de la publicidad oficial  representa una violación directa al artículo 7 de la Constitución y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente por esto es que desde el colectivo #Medioslibres hemos insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez es trascendental reconocer la idoneidad, el público objetivo -con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables- y la no discriminación.

El predictamen no formula una propuesta para un mejor control presupuestario. Las menciones realizadas en este sentido quedan muy ambiguas y no construyen certeza jurídica (art. 18) . En resumen, el dictamen no prevé ninguna disposición que busque revertir los sobre ejercicios del gasto en publicidad oficial ni poner un tope a los gastos en publicidad oficial.

 

  1. El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial.

De la misma manera que el punto anterior el principio 7 de la Relatoría Especial ha señalado la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. En este predictamen, salvo las referencias al rol -ya existente- de la Auditoría Superior de la federación (o contraloría estatal y equivalente), se omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. Al contrario, de aprobarse este dictamen, se le otorgarían facultades potenciadas a la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, en los artículos 35 y 37 se prevé que sea la Secretaría de Gobernación quien está a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación.

 

  1. Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad.

 

La iniciativa no prevé ninguna disposición que permita promocionar la diversidad y el pluralismo en el país. Como lo mencionamos desde el Colectivo #MediosLibres en el decálogo, “los Estados deberán establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial como lo prevé el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos.”

La regulación de la publicidad oficial debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.

 

La asignación de recursos por venta de publicidad oficial a los medios de Uso Social Comunitarios e Indígenas se ajustará a lo especificado por el artículo 89. Fr. VII  de la LFTR, de acuerdo a su carácter de medios sin fines de lucro.

  1. El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating

 

Como bien lo subrayamos en el decálogo presentado a inicio del mes de febrero, la medición de la circulación y del rating es un punto medular que debe contemplar la regulación. Actualmente, no existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Es primordial establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos.

Las organizaciones, medios de comunicación, periodistas y personas que suscriben este comunicado hacen un enérgico llamado a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a no aprobar este predictamen y a generar una discusión plural y abierta que genere una Ley de publicidad oficial que garantice la existencia de #MediosLibres.

 

AMARC

Amedi
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Horizontal.mx

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México Evalúa
Noroeste
Observatel
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Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
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Red de Periodistas de Ciudad Juárez

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Semanario Río Doce
Semanario Zeta
SinEmbargo

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Alfredo Valadez Rodríguez
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Claudia Marino García Zapata
Cristina Romo Diaz
Cuauhtémoc Cruz
Cynthia Dehesa
Daniela Pastrana
Daniela Rea
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Dulce María Olvera Martínez
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Ernesto Aroche
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Salvador Corro
Sanjuana Martínez
Sergio Meza de Anda
Silver Meza
Sugeyry Gándara
Vanessa Rivas
Verónica Espinosa

Viétnika Batres
Viridiana Lozano
Wilbert Torre

 

[1]CIDH, Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, Principio 2. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf

[2] Idem principio 4.

 

El colectivo #MediosLibres exige al Legislativo atender la regulación de la Publicidad Oficial en tiempo y forma

  • El Congreso de la Unión tiene 80 días para regular el uso de la publicidad oficial con un proceso abierto y participativo.
  • Se pide a las comisiones dictaminadoras un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo de las siguientes semanas
  • El Colectivo #MediosLibres compartimos un decálogo con los mínimos que debe incluir la Ley General de la Publicidad Oficial.

Ciudad de México, 7 de febrero de 2018.– Las 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas que suscribimos el Documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, exhortamos al Congreso de la República a cumplir en tiempo y forma con su obligación constitucional de regular la publicidad oficial señalada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 15 de noviembre de 2017.

Tras un amparo interpuesto por Artículo 19, el pasado 15 de noviembre de 2017, la SCJN ordenó al Congreso regular el uso de la Publicidad Oficial antes del 30 de abril de 2018. Es de conocimiento público que los grupos parlamentarios han incluido la publicidad oficial como un tema prioritario en sus agendas legislativas para este periodo de sesiones. Sin embargo, la aprobación de una legislación tan relevante para la vida democrática del país, no sólo debe cumplir con la fecha establecida, sino con los más altos estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil.

Por eso, los 85 firmantes lanzamos la campaña #MediosLibres que durará hasta obtener el cumplimiento de la sentencia de la SCJN. La ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y las autoridades y socava la libertad de expresión. A nivel federal, de enero 2013 a noviembre 2017, se han gastado 41,041 millones de pesos (mdp); mientras que a nivel estatal, en 2015, se ejercieron 11,895 mdp.

Por lo tanto, el colectivo #MediosLibres solicitamos a las juntas de coordinación política de ambas cámaras y a las comisiones dictaminadoras que consideren la firma de un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo de los próximos 80 días con base en los principios de transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.

Asimismo, es fundamental que la ley, que se aprobará en este periodo de sesiones, se construya con base en los más altos estándares en la materia. Por lo tanto, a continuación compartimos los puntos mínimos que tendría que contener la futura ley. Cualquier regulación que falte a estos principios y ejes será insuficiente.

  1. La publicidad oficial no debe desaparecer.
  2. Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
  3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
  4. Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
  5. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
  6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
  7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
  8. Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
  9. Mecanismos de control eficaces
  10. Uso racional de los recursos públicos.

Sin #MediosLibres, no hay combate a la corrupción, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se vulnera los derechos humanos y no se escucha las voces de todas y todos. Se necesita información objetiva y rendición de cuentas, evitando el uso discrecional, arbitrario y opaco de nuestros recursos. El tiempo apremia y la regulación de la publicidad oficial es aún pendiente del Congreso de la Unión. Sabemos que es un año complicado, no sólo por ser electoral, sino por el contexto de violencia que vive el gremio periodístico, por ello es necesario trabajar en conjunto para que se cumpla a cabalidad la sentencia de la Suprema Corte, a través de un proceso transparente, claro y abierto.