Ciudad de México, a 8 de agosto de 2023.- En 2022, el gobierno federal mantuvo tres tendencias en el presupuesto
de publicidad oficial: 1) subejercicio del gasto y reducción del presupuesto; 2) (hiper)concentración
del gasto en unos cuantos medios; y 3) falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación
de recursos. A lo largo del texto se abordará cada una de ellas.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2023-08-08 18:31:582023-08-08 18:34:48La publicidad oficial en 2022: menos gasto, misma opacidad
En la primera mitad del gobierno de AMLO se han ejercido 8 mil 648 millones de pesos, una cuarta parte de lo ejercido en la primera mitad del gobierno de EPN.
Persisten las malas prácticas en la asignación de la publicidad oficial, casi la mitad de los recursos los concentran 10 medios de comunicación.
Exigimos al Congreso de la Unión que regule la publicidad oficial apegándose a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México, 16 de agosto de 2022. En los tres primeros años de este sexenio se han gastado 8 mil 648 millones de pesos en publicidad oficial, 26 mil millones de pesos menos que lo ejercido en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto de acuerdo con el Sistema de Comunicación Social (COMSOC), de la Secretaría de la Función Pública. Si bien, el gasto realizado por la actual administración es un monto considerablemente menor a la anterior, persisten las malas prácticas de asignación y distribución de la pauta como se señalará más adelante.
En el 2021 el gobierno federal ejerció 2 mil 459 millones de pesos en publicidad oficial, de un total de 3 mil 50 millones de pesos que se aprobaron, es decir, dejaron de gastar el 19% de los recursos autorizados por el Congreso. Lo anterior no necesariamente es positivo, pues son recursos que se destinaron para comunicar cuestiones relevantes a la población, y que posiblemente debido a la falta de una adecuada planeación, dejaron de ejercerse.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2022-08-16 14:52:332022-08-16 14:54:02En la primera mitad del sexenio persisten las malas prácticas en publicidad oficial; urge que el Congreso legisle
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2021-08-20 19:12:192021-08-20 19:12:42Análisis de las cifras de publicidad oficial 2020
• En el segundo año de gobierno de AMLO se ejercieron 2 mil 248 millones de pesos, una quinta parte de lo ejercido por Peña Nieto (EPN) en su segundo año de gobierno.
• Se continúa ejerciendo la publicidad oficial bajo prácticas discrecionales y sin la debida transparencia.
• Persiste la concentración del gasto en publicidad oficial, en donde más de la mitad de los recursos se concentran en 10 medios de comunicación.
Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. El análisis del gasto definitivo en publicidad oficial para el año 2020, obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (COMSOC) perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, señala que se ejercieron 2 mil 248 millones de pesos, de un total de 2 mil 452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal. Esto significa que el gobierno federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de EPN. Así, se sostiene la tendencia a la baja en el gasto de publicidad oficial.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2021-08-17 00:34:412021-08-17 00:34:41Las tendencias de la Publicidad Oficial en el segundo año de AMLO: disminución del gasto, concentración y “gasto decembrino”
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2021-03-02 17:24:522021-03-02 17:25:55Carta dirigida a la Primera Sala de la SCJN sobre la discusión del amparo en revisión 308/2020 sobre la constitucionalidad de la LGCS
Ciudad de México a 2 de julio de 2020.- Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc), que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5,212 millones de pesos para publicidad oficial. Sin embargo, de acuerdo con las cifras definitivas del Comsoc[1] el gobierno federal gastó durante 2019 un total de 3,245 millones de pesos, dejando de ejercer cerca de dos mil millones de pesos. Si bien, el monto ejercido en 2019 representa alrededor de una tercera parte del gasto ejercido durante el primer año de Peña Nieto (9,632 mdp) y poco más de la mitad de Calderón (7,381 mdp), preocupa que se mantenga las malas prácticas al momento de ejercer este gasto.[2]
La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social[3] presentada el 17 de abril del 2019, persisten[4] los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.
El gasto en publicidad oficial sigue altamente concentrado. Del total del monto erogado en 2019, cinco[5] de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir poco más de 1,253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose, La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos.[6] Asimismo, de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres[7] de ellas concentraron el 67%, es decir, poco más de 2,170 mdp.
Si bien el presidente López Obrador se comprometió a través de su política de austeridad y combate a la corrupción a disminuir en un 50% el gasto de publicidad oficial, lo cierto es que las malas prácticas no han cambiado. Al contrario, han originado desigualdad y brechas entre los medios de comunicación que aspiran a beneficiarse a través de la publicidad oficial. De igual forma preocupa la falta de planeación del gasto ya que puede derivar en la ineficiencia y también, aleja los contenidos publicitarios de aquellos de interés general. De acuerdo con la información que emite la SFP, de los 3,246 millones ejercidos 2,720 millones se gastaron únicamente en diciembre, es decir, el 83%; y 306 millones, el 9% en noviembre. Más del 90% del gasto se encuentra concentrado en los últimos dos meses de 2019.
ARTICLE 19 y FUNDAR recuerdan que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, en donde la salud y la economía de las personas se encuentra en desbalance, es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo. En este sentido, es importante que el gobierno planee de manera estratégica el gasto de publicidad oficial a fin de que la comunicación social logre acompañar a los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para su bienestar y desarrollo.
El gobierno federal y el titular del ejecutivo deben tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de la población a estar debida y oportunamente informada, recordando que la correcta regulación de la publicidad oficial es hoy más que nunca necesaria. Desde ARTICLE 19 y FUNDAR hemos insistido en la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social[8] y dar pie a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas, principalmente a través de la definición de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta; así como de mecanismos de planeación, control y evaluación del gasto.[9]
[5] Los medios de comunicación más beneficiados en 2019 por publicidad oficial fueron: Televisa, TV Azteca, La Jornada, Medios Masivos Mexicanos, Grupo Fórmula.
[7] Las secretarías con mayor concentración del gasto: Secretaría de Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social, Pronósticos para la asistencia pública.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2020-07-02 15:58:572020-07-02 15:58:58Primer año de gobierno de AMLO: el gasto en publicidad oficial a la baja, pero persisten las malas prácticas
Ciudad de México a 3 de abril de 2020.- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mismo día firmará un decreto para devolver a los concesionarios los tiempos fiscales que usa el Poder Ejecutivo, pues considera que no requiere de propaganda alguna para ejercer su gobierno. Justifica lo anterior a partir de la reducción al gasto en publicidad oficial que ha realizado desde su llegada a la presidencia (la reducción ha sido de más de 500%) y de los efectos que esta reducción ha generado en los ingresos de la radio y televisión dijo:
“hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo no necesita de propaganda,la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria.”.
Eliminar los tiempos fiscales sería un retroceso y generaría una afectación directa al derecho a la información de la sociedad más aún en momentos de emergencia como el que vivimos actualmente.
Es de suma relevancia tener en cuenta que el papel del Estado ante contextos como el de la pandemia de Covid-19, los tiempos fiscales (18 minutos en TV y 35 minutos en radio) y del Estado (30 minutos) son más necesarios e importantes que nunca. Los esfuerzos del Estado deberían encaminarse a informar debidamente y por todos lo medios necesarios a la sociedad sobre el actual contexto que se está viviendo. Más aún cuando los canales de radio y televisión son precisamente aquellos que llegan a las comunidades más apartadas y vulnerables donde no existe el acceso a Internet.
Por otro parte, es importante tomar en cuenta que los tiempos fiscales no son del presidente, si no que se dividen en distintas instituciones del Estado que también tienen el deber de informar a la ciudadanía y que los mismos NO deberían ser espacios propagandísticos, como infiere López Obrador, si no informativos. Así estos espacios pertenecen al Estado en su conjunto, no al Ejecutivo, y por lo tanto no puede disponer libremente de ellos.
Por su parte, el presidente anunció que se recortará el gasto en publicidad oficial una vez más, y será durante este año sin señalar de cuánto sería la reducción ni cuándo se haría. Cabe señalar que el presupuesto para 2020 es de alrededor de 2,600 millones de pesos, monto que se redujo en casi la mitad del presupuesto para 2019 (5,200 mdp). Esta reducción podría poner en aprietos a los medios de comunicación, hasta llegar a la desaparición de varios de ellos, sobre todo por las deficiencias del marco legal existente, ya que no existen criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación y distribución de la pauta.
SI bien, la reducción puede realizarse vía adecuaciones presupuestarias, es necesario conocer los criterios bajo los cuales se reducirá el presupuesto y hacia a dónde se redirigirá. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su capítulo III, señala que las modificaciones presupuestarias pueden llevarse a cabo siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto. El gobierno debe dar claridad sobre el movimiento de estos recursos ya presupuestados en caso de que los utilicen para mitigar algunas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria y económica.
Al respecto, es importante tomar en cuenta que la medida anunciada lejos de ser una que pueda venir aparejada de la reducción del gasto en publicidad oficial, es enteramente contradictoria, pues el Estado deberá seguir informando a través de campañas sobre el ejercicio de derechos y obligaciones (cumplimiento de obligaciones fiscales, campañas de vacunación, campañas para la prevención de la violencia, etc.) y con esta medida tendrá que recurrir a la compra de espacios publicitarios para lograr su difusión. Es importante recordar que una medida similar a la hoy impuesta por el gobierno de Vicente Fox detonó, en su momento, el incremento desmesurado del gasto en publicidad oficial.
Finalmente, la medida anunciada por el Presidente pone en relieve la existente relación perversa, arbitraria y opaca entre medios de comunicación, principalmente de radio y televisión, y el gobierno.
En este sentido, Article 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación hacemos un llamado a la Presidencia de la República a revisar la pertinencia, oportunidad y efectividad de la medida a la luz del derecho a la información de las y los mexicanos.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2020-04-03 22:16:452020-04-03 22:37:10El decreto que planea firmar el presidente Andrés Manuel López Obrador para devolver los tiempos fiscales del Ejecutivo en radio y televisión representa un retroceso al derecho a la información de la sociedad.
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación discutirá las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018 presentadas
por diversos
integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el partido
político Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
por las violaciones que se generaron en el proceso legislativo, como también
violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. Desde
ARTICLE 19 y FUNDAR reconocemos la importancia de esta facultad contenida en el
artículo 105 fracción II de nuestra constitución para impugnar leyes contrarias
al contenido de nuestra carta magna.
Es importante recordar que la Ley General de
Comunicación Social resultó de la resolución de la Primera Sala del amparo en
revisión 1359/2015 del 17 de noviembre del 2017, en la cual se requirió al
Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del
artículo 134 constitucional. Dicha resolución derivó en un polémico proceso
legislativo, en el cual, el 11 de mayo de 2018 el entonces Presidente Enrique
Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Comunicación Social, misma que entró en vigor el 1 de enero del 2019. En junio
del mismo año se interpusieron las acciones de inconstitucionalidad en
cuestión.
La Ley General de Comunicación Social no permite
una correcta y debida regulación de la publicidad oficial, lo cual significa
que persisten las violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión
y a la información al no propiciar las condiciones óptimas para un correcto y
debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y
periodistas que fomente la pluralidad informativa mediante la equitativa,
objetiva, transparente, eficiente y efectiva distribución de los recursos en
este rubro. Las prácticas establecidas
en materia de publicidad oficial también impiden que la sociedad pueda ejercer
su derecho a la información a través de la comunicación social con fines
informativos, educativos o de orientación social, o a partir de la información
difundida por medios de comunicación y periodistas. Actualmente no existen
criterios claros para la asignación de la pauta publicitaria, lo que permite la
discrecionalidad en la asignación y los sobreejercicios exorbitantes.
Por estas razones, el día 20 de febrero del 2020 presentamos escrito de amicus curiae para reforzar los argumentos vertidos en las acciones de inconstitucionalidad y demostrar que la actual Ley General de Comunicación Social tuvo un viciado proceso legislativo, y que su contenido carece de los más altos estándares internacionales en la materia (criterios de distribución de la pauta estatal, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación publicitaria y pluralismo informativo); de igual forma se evidencia que no se apega a los principios establecidos por mandato constitucional (tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social), ni por la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mencionaba la importancia de asegurar que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas.
La importancia de que
nuevamente sea el Poder Judicial quien reconozca la ausencia de una legítima y
correcta regulación en la materia, abre una nueva ventana de oportunidad para
contar con un marco regulatorio que efectivamente garantice el derecho a la
información, la libertad de expresión y fomente la pluralidad mediática.
Es así, que solicitamos al
máximo Tribunal Constitucional del país, que considere, analice y se allegue de
todos los argumentos vertidos tanto en las acciones de inconstitucionalidad,
como del escrito de amicus curiae, para resolver conforme a derecho, declarando
la clara ilegalidad de la norma que es contraria al contenido de nuestra carta
magna.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2020-02-21 17:16:472020-02-21 17:18:24ARTICLE 19 y FUNDAR presentan escrito de amicus curiae sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la Ley General de Comunicación Social.
Durante
el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), los medios estuvieron,
saturados con promocionales del gobierno federal
de manera recurrente. Quién no
recuerda, por ejemplo, la emblemática frase “lo bueno casi no se
cuenta, pero cuenta mucho”, que resonó durante varios meses por
dondequiera.
Hasta
comienzos de este año, no era posible analizar con suficiente
precisión cómo se comportó
el gasto en publicidad durante toda la administración pasada. Las
cifras publicadas por la Secretaría de la Función Pública eran
todavía preliminares, o bien, estaban en formatos completamente
inmanejables para su estudio. Gracias a Fundar y Artículo 19 es que
ahora las cifras finales del gasto en publicidad oficial del sexenio
de EPN están disponibles y, sobre todo, trabajadas para poderse
analizar.
Así
pues, nos dimos a la tarea de analizar la dimensión temporal del
gasto en comunicación social de la Administración Pública Federal
(APF) durante el sexenio de EPN. Es decir, analizamos cómo se gastó
en publicidad oficial de 2013 a 2018.
Hallazgos
principales:
El
gasto del gobierno federal en publicidad oficial presenta un patrón
recurrente: en los últimos meses del año, particularmente en
diciembre, el gasto es regularmente más alto que en el resto de los
meses del año. En promedio,
durante el sexenio de Peña
Nieto, uno de cada tres pesos
del presupuesto federal de
publicidad oficial se gastó solamente en diciembre.
Entre
2013 y
2018, de las 182 entidades y dependencias de la APF, 36
han gastado en diciembre todo su presupuesto anual para publicidad
oficial. Además, 10 de estas
dependencias repitieron este patrón más de una vez.
72
dependencias gastaron, cuando menos en una ocasión, 90% o más de
su presupuesto en el último mes del año. Si bajamos el requisito
al 80% o más, más de la mitad de las dependencias 97 muestran este
patrón.
En
suma, encontramos un patrón evidente y marcado en cómo fue el gasto
de publicidad oficial durante el último sexenio. Este patrón apunta
a una mala planeación, programación y ejecución de los recursos; a
una distribución arbitraria de la publicidad oficial; y, sobre todo,
a deficiencias en la Ley General de Comunicación Social, la cual
carece de criterios claros de asignación de publicidad oficial.
Asimismo,
resulta preocupante la posibilidad de que este patrón indique
también un mecanismo de presión a los medios, en el que el Estado
deliberadamente postergue parte sustancial de su gasto de publicidad,
para presionar o tratar de influir las coberturas de los medios a lo
largo del año.
El
sexenio de EPN, además de estar marcado por una deficiente
administración y falta de transparencia en cuanto a la publicidad
oficial, desaprovechó la oportunidad que tuvo de regular
correctamente en este ámbito.
Entrada
en vigor el 1 de enero de 2019, la Ley
General de Comunicación Social
es, en teoría, la encargada de regular el gasto gubernamental en
publicidad oficial. Sin embargo, carece de criterios claros de
asignación de la publicidad y de sanciones explícitas para su mal
uso, además de que todavía permite la discrecionalidad del gasto en
comunicación social.
La
actual administración, entonces, tiene la oportunidad de abrogar la
Ley actual y emitir una nueva, que tenga como base, por ejemplo, los
estándares internacionales de regulación de la publicidad oficial
emitidos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El
gasto navideño en publicidad oficial
Es un secreto a voces que, en la
administración pública, se gasta apresurada y ampliamente durante
los últimos meses del año. Este gasto “a las carreras” se debe,
en primera instancia, a que los recursos no ejercidos en un año
fiscal normalmente se recortan al siguiente. Sin duda, sería
irrealista esperar que se gaste exactamente la doceava parte del
presupuesto anual (~8.33%) en cada mes. Por ejemplo, pueden surgir
crisis que requieran comunicación cuantiosa e inmediata por parte de
una dependencia.
Así
pues, con estas ideas en mente, nos dimos a la tarea de analizar cómo
se modificó mensualmente el gasto en publicidad oficial durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto. Nuestros resultados apuntan a que, en
realidad, el gasto federal en publicidad oficial sigue de manera
desmesurada el comportamiento del tipo “gástalo o piérdelo”.
Metodología
Desde
2012, la Secretaría de la Función Pública se comprometió a
publicar los gastos en materia de la publicidad oficial en el Sistema
de Comunicación Social
(ComSoc). En esta base de datos, se encuentran todas las compras de
publicidad oficial, detalladas por dependencia contratante, montos
totales, proveedores contratados, producto comprado, fechas de
liberación de los pagos y campaña relacionada a la contratación.
Los datos están disponibles desde principios de 2012, hasta la
fecha. Con el fin de considerar años completos y las cifras finales
de las compras, nuestro periodo de estudio comprende de 2013 a 2018.
Ahora
bien, la versión original de la base ComSoc tiene numerosos
problemas relacionados con el registro y presentación de los datos.
Es por ello que utilizamos la versión de ComSoc inicialmente
limpiada por Fundar y Artículo 19, disponible
aquí. En ésta
eliminaron información incomprensible o irrelevante y filas en
blanco; unificaron el formato de las fechas registradas; y
homologaron los nombres de dependencias y entidades de la APF, de los
beneficiarios del gasto y de los tipos de productos comprados.
Incluso después de este gran esfuerzo, la base de datos queda lejos
de estar completamente refinada. Pero eso también es de esperarse
dado el tamaño de la base (con 97 mil filas de datos).
Cuando
hablamos de “gasto”, nos referimos a la variable (columna)
“importe” de la base ComSoc, la cual registra el monto bruto
pagado por producto. A esta variable le sumamos el IVA
correspondiente, con la intención de considerar la cifra total
pagada en cada compra. Asimismo, deflactamos todos los montos finales
(importe más IVA), utilizando el Índice Nacional de Precios al
Consumidor como proxy para medir la inflación mensual (base segunda
quincena de julio 2018). Por lo tanto, aquí se considera el gasto
real en publicidad oficial (es
decir, ajustado por la inflación).
Hablar
del tiempo, sin embargo, es un tanto más complicado. La base ComSoc
incluye tres variables referentes al tiempo: “mes”, “fecha de
contrato” y “fecha de gasto”. Las dos primeras tienen
deficiencias importantes en su registro ―como excesivos valores
faltantes o registros metodológicamente oscuros que distorsionan las
cifras―, por lo que decidimos utilizar como referencia temporal la
variable “fecha de gasto”.
Esta
variable, fecha de gasto, es la que refleja mejor cómo fueron las
compras a lo largo del tiempo, puesto que indica el momento en que se
paga el recurso y se entrega a los medios. Así, puede reflejar más
claramente la calidad del gasto federal en publicidad oficial.
Vale
mencionar que la variable “fecha de gasto” tiene un número
marcado de registros de fechas mal escritas o sin registrar que
eliminamos. Aun así, la subestimación debida a los registros
eliminados es de proporciones mínimas que, en el agregado, no
cambian los resultados ni interpretaciones (a saber, los montos de
las compras eliminadas son solo el 0.0004% del total).
Hallazgos
En
la vida cotidiana, nos preocupa llegar a fin de mes porque se nos
acaba el dinero y faltan días para la siguiente quincena. En el caso
de la publicidad oficial, según los datos, parece que la APF tiene
el problema opuesto: les sobra dinero y les queda poco tiempo para
gastarlo.
Al
utilizar la variable “fecha de gasto” para reagrupar todas las
compras por mes, el gasto en publicidad oficial de la Administración
Pública Federal se ve de la siguiente manera:
Gráfica
1. Gasto mensual en publicidad oficial, todas las dependencias
Fuente: Elaboración propia. Montos deflactados, base segunda quincena julio 2018.
Los
porcentajes indican la proporción gastada en el mes, con respecto a
ese mismo año, por lo que picos de montos similares (por ejemplo,
2013 y 2015) pueden representar porcentajes diferentes.
Esta
gráfica tiene mucho por contarnos. Vamos punto por punto:
El
comportamiento mensual del gasto federal en publicidad oficial
presenta una evidente estacionalidad. En los últimos meses del año,
particularmente en diciembre (línea punteada roja), se gasta mucho
más que en todos los anteriores.
El
gasto promedio decembrino de 2013 a 2018 fue, a saber, del 34.02%. Es
decir, uno de cada tres pesos
del gasto en publicidad oficial se gastó en diciembre.
En
contraparte, los primeros meses del año muestran una caída
dramática: en enero, se gastó en promedio 12.40% del presupuesto
para publicidad y, en febrero, 4.86%.
Aunque
van reduciendo su altura conforme avanza el sexenio, los picos
decembrinos se observan en todos los años de la gestión de Enrique
Peña Nieto.
La
cúspide más alta es la de 2013, año en cuyo diciembre se ejerció
61.5% del gasto en publicidad oficial federal. Como contraste, el
gasto promedio mensual del resto del año fue del 3.5%.
Luego,
de 2014 a 2016, el gasto decembrino disminuyó casi en un cuarenta
por ciento, para rondar casi el tercio del gasto anual (37.47%
promedio).
A
pesar de esta reducción, el gasto se siguió concentrando en los
últimos meses del año. Normalmente, a partir de octubre, el gasto
comenzó a incrementarse, hasta llegar a los grandes picos de
diciembre.
Los
años finales de EPN mostraron cimas similares (24.44% y 25.07%,
respectivamente), pero con una diferencia sustancial: la de 2017 fue
en diciembre y la de 2018, en noviembre.
En
2018 el gasto navideño se adelantó un mes, muy probablemente, por
el cambio de gobierno de diciembre. Resalta que, en diciembre de ese
año, las dependencias realizaron solamente 5.62% de su gasto en
publicidad.
De
hecho, en los meses en que se celebraron elecciones (área gris de la
gráfica) y sus dos anteriores (mayo-julio 2015, abril-junio 2017 y
mayo-julio 2018), se observan también incrementos considerables en
el gasto. Sin embargo, estos aumentos no son tan marcados como podría
esperarse, lo cual apunta hacia una conclusión positiva en este
ámbito: las dependencias no necesariamente realizaron proselitismo
electoral.
Cabe
mencionar que, durante el sexenio de EPN, de las 182 entidades y
dependencias de la APF disponibles en ComSoc, 36 gastaron cuando
menos una vez todo su presupuesto anual en diciembre (19%). Además,
10 de estas dependencias repitieron este comportamiento más de una
ocasión.
Si
abrimos los parámetros un poco, bajando de 100% al 90% del gasto
anual en diciembre, observamos que 72 dependencias gastaron así
cuando menos en una ocasión. Si bajamos el requisito al 80% o más,
más de la mitad de las dependencias (91) muestran este
comportamiento.
Ahora
bien, otra pregunta que plantearles a los datos es cómo se comporta
el “gasto navideño” en publicidad oficial distinguiendo por
dependencias.
El
siguiente mapa de calor presenta una muestra de dependencias y
entidades (eje vertical), con su respectivo gasto mensual en
publicidad oficial (eje horizontal), para todo el sexenio de Peña
Nieto. Tomamos 30 dependencias y entidades, bajo el criterio de
representar lo mejor posible su variación en cuanto a funciones y
tamaños.
Mientras
más oscuro sea el tono de azul, es mayor el porcentaje del año
gastado en el mes.
Fuente: Elaboración propia.
En
consonancia con la Gráfica 1, en este mapa de calor puede observarse
cómo el gasto se acumula regularmente al final del año. Las
columnas de diciembre, en general, se oscurecen mucho más que el
resto de los meses, rondando entre el 40% y hasta el 100% del gasto.
Además, este mapa permite mostrar tres patrones relevantes sobre las
diferencias entre dependencias de la APF.
En
primer lugar, las grandes secretarías ―aquellas cuyo presupuesto y
actividades son sustancialmente mayores― no presentan tan
claramente la estacionalidad del “gasto navideño”.
El
comportamiento del gasto mensual en estos casos no presenta ningún
patrón evidente, sino que parece responder a las necesidades
naturales de cada mes. Así, el color de estas filas se distribuye a
lo largo del año en tonos de azul más claros. Ejemplos de estos
casos son las Secretarías más importantes (Turismo, Salud,
Relaciones Exteriores, Marina, Defensa, Hacienda y Crédito Público,
Gobernación, Energía, Educación Pública, Desarrollo Social); así
como otras dependencias de gran tamaño (Pemex, Procuraduría General
de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología).
En
contraparte y, en segundo lugar, las dependencias y entidades de
menor envergadura son las que incurren más claramente en el “gasto
navideño”.
A
lo largo de las filas de estas dependencias, el color azul es muy
claro durante los primeros meses del año y se va oscureciendo hasta
llegar a diciembre. Pueden llegar hasta el azul más oscuro, el cual
indica un gasto del 100% del año. Algunos casos ilustrativos son
los siguientes: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), Lotería Nacional, Liconsa, Instituto Nacional de
Migración (INAMI), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Debemos reconocer que es un aspecto
positivo que, dentro de la estacionalidad general de diciembre, por
lo menos las grandes secretarías no incurran en ella tan
marcadamente. No obstante, el hecho de que las entidades pequeñas en
general sean las que presentan en su gasto el comportamiento
“navideño” puede ser más preocupante, en vista de que estas
entidades y dependencias son las que, normalmente, requieren difusión
más constante. Además, en general son las que en general se
encargan de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA), por lo que su descuido también podría
dificultar el acceso a estos derechos humanos.
El
tercer punto observable en el mapa de calor son los casos atípicos
en que se gasta todo o gran parte del presupuesto de publicidad
oficial en un mes, pero que no es diciembre. Estas dependencias o
entidades suelen ser las que sus responsabilidades pueden requerir
amplia difusión en un momento particular, para atender alguna
emergencia o campaña coyuntural. Por ejemplo, tras desastres
naturales o urgencias de salud (como los sismos de 2017 o el brote de
influenza en 2009), suelen ser necesarios gastos de urgencia en
comunicación social para transmitir mensajes de alerta, prevención
o instrucción a la población. Instituciones así son, por ejemplo,
los Centros Nacionales para la Prevención y Control del VIH/SIDA
(CENSIDA) y de Enfermedades (CENAPRECE), la Oficina de la Presidencia
de la República y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
Los
casos por el estilo clarifican que gastar todo en un mes no es
necesariamente un error de administración de recursos, si la
situación lo amerita. El problema es cuando esto se vuelve un patrón
tan marcado como el “gasto navideño” en publicidad oficial.
Un
último punto que vale la pena abordar es la dinámica de las
contrataciones y los pagos de las compras de publicidad. Para ello,
el contraste entre las referencias temporales de “fecha de gasto”
y “fecha de contrato” puede ser una aproximación útil.
Observar
cuánto se tardan en pagar las compras después de la fecha de
contratación permite ahondar en cómo es, con respecto al tiempo, el
gasto federal en comunicación social. Esto es importante porque, si
aceptamos conceder el beneficio de la duda, podría darse el caso de
que las compras acumuladas en los últimos meses del año sean para
comprar por adelantado para el siguiente. Sin embargo, las fechas de
contratos y de pagos parecen indicar lo contrario.
En
primera instancia, según los datos del ComSoc, las compras de
publicidad oficial tardan, en promedio, 66 días hábiles (tres meses
naturales) en pagarse, después de la fecha de contratación.
Alrededor de la mitad de las compras (55%) se pagaron en un lapso
menor a tres meses y la gran mayoría de ellas (90%) fueron
liquidadas en menos de seis meses.
Luego,
la posibilidad de que el gasto decembrino en realidad sea algo
positivo queda mermada en vista de que las compras contratadas
en diciembre se pagaron, en
promedio, 20.67 días hábiles más tarde. En el mismo sentido, el
74% de esos contratos fueron liquidados en un lapso menor a tres
meses. Así pues, las compras contratadas
en diciembre terminan en
lapsos cortos, los cuales generalmente no alcanzan a cubrir más que
unos días a futuro. De esta manera, el gasto decembrino no está
conformado por compras con una debida planeación para el mediano, ni
mucho menos el largo plazo.
Por
el otro lado, las compras pagadas
en diciembre fueron contratadas, en promedio, 71.89 días laborales
antes. Cerca de la mitad de estas compras fueron contratadas hasta
tres meses antes (46%); y la gran mayoría, hasta seis meses antes
(86%). Esto quiere decir que el gobierno federal “detiene” gran
parte de los recursos (voluntariamente o no) hasta diciembre.
A
su vez, esta lentitud en los pagos puede servir como mecanismo de
presión a los medios: que el recurso llegue o no en diciembre,
podría depender del comportamiento de los medios a lo largo del año.
En consecuencia, los medios pueden estar presionados durante el año,
coartándose así la libertad de expresión.
Conclusiones
El
gasto en publicidad oficial, como detallamos aquí, muestra una
estacionalidad claramente marcada. En los últimos meses del año, en
especial en diciembre, el gasto se incrementa sustancialmente. Este
patrón se repite a lo largo de todo el sexenio de Enrique Peña
Nieto. Este “gasto navideño”, argumentamos, es parte de un
comportamiento generalizado en la APF. Dado que los recursos no
gastados en un año normalmente se recortan al siguiente, las
dependencias suelen gastar “a las carreras” antes de que cierre
el ejercicio fiscal.
Los
resultados apuntan a tres conclusiones. En primer lugar, una
de corte metodológico.
Identificamos
deficiencias importantes en el registro de los datos en ComSoc,
específicamente en las referencias temporales incluidas en la base.
Como mencionamos, la variable “mes” ―que, según el manual
para uso interno de ComSoc,
representa el “mes al que corresponde la erogación”―
distorsiona el comportamiento mensual del gasto. Al utilizar esta
variable para el mismo análisis, los picos de final de año se
elevan sobremanera (casi el doble). Posiblemente se deba a que la
prisa de fin de año no solo presione para ejercer todo el dinero,
sino también para publicar toda la información. De hecho, parece
como si todos los contratos que no se hubieran pagado en diciembre,
se registraran en ese mes para poder liberar la información.
Asimismo,
las tres variables del tiempo tienen valores faltantes o mal
registrados. El caso de “fecha de contrato” es el más evidente,
pues casi un sexto de sus entradas está en blanco.
Entonces,
como primera conclusión, remarcamos la importancia de la
información. Sin datos confiables, oportunos y, sobre todo,
trabajables, se vuelve más complejo, si no es que imposible, el
estudio de la Administración Pública dirigido a su mejora. Es
necesario, pues, que la Secretaría de la Función Pública
perfeccione el registro de la información relativa al gasto en
publicidad oficial. En este afán de transparencia, también urge un
manual o glosario ciudadano que permita dar claridad sobre los datos
del gasto en publicidad oficial registrado en ComSoc.
La
segunda conclusión es relativa a la calidad de la administración
pública.
Puesto
en perspectiva frente a otros países del mundo, gastar más en el
último mes del año fiscal es común. En Estados Unidos, el gasto
promedio al final de su ciclo fiscal es alrededor del 16%; en Reino
Unido, del 9.5%.1
El problema, sin embargo, es que en el caso mexicano estos
incrementos al final del ejercicio fiscal son desmesuradamente
grandes. Estos incrementos apuntan a una serie de malas prácticas de
gestión pública. Los picos al final del año podrían significar
que el gasto no se realiza de acuerdo con los planes anuales
entregados en diciembre del año anterior. Tal gasto generalmente se
llevaría a cabo, paulatinamente, durante el año.
La firma de contratos y el gasto de
fondos al final del año sugiere que no se han seguido los objetivos
anuales, pues en general las dependencias llegan a diciembre con un
superávit presupuestario considerable.
El gasto decembrino que identificamos
también señala la posibilidad de pagos acelerados o compras que no
siguen procesos formales de adquisición. Si hay una oleada grande de
contratos o gastos al final del año, esto significa que es probable
que los departamentos legales y financieros de las dependencias se
vean abrumados por la súbita y excesiva cantidad de trabajo. Esto
crea condiciones para malas prácticas en el gasto público. Cabría
la posibilidad de que los contratos no se revisen adecuadamente o no
se sigan las rutas formales para realizar pagos.
En esencia, es
poco probable que las compras de publicidad oficial se puedan
realizar con la debida diligencia si se acumulan de esta manera al
final del año.
Finalmente, nuestra tercera conclusión
es relativa a la libertad de expresión.
Esperar hasta fin de año para pagar los
contratos realizados durante el año significa que los proveedores
tienen que esperar el pago. Además de causar problemas financieros a
los proveedores, también significa que los proveedores están en
deuda con el contratista hasta que se realice el pago.
En
el contexto de publicidad oficial, esto significa que los medios
podrían estar bajo la presión de dependencias, potencialmente
influyendo en la cobertura y las comunicaciones entregadas por los
medios. El Estado, disfrazado de Santa Claus, podría condicionar el
regalo navideño de los medios a cambio de que “se porten bien” a
lo largo del año.
Otras
investigaciones han mostrado que la publicidad oficial, de hecho, sí
ha sido utilizada como medio de presión o incluso de “censura
indirecta” para con los medios.2
En México, lo que menos necesitan los medios (y en particular la
prensa) es otra amenaza para que puedan cumplir su trabajo y, sobre
todo, para que no se coarte la libertad de expresión. Nuestros
hallazgos, sin embargo, apuntan a que podría estar ocurriendo.
La administración de Andrés Manuel
López Obrador debe evitar el patrón del sexenio anterior, a fin de
salir de las malas prácticas de gestión pública que se dieron en
materia de publicidad oficial.
La Ley General de Comunicación Social ha
permitido la discrecionalidad y la gestión cuestionable de los
presupuestos asignados a publicidad oficial. Entonces, López Obrador
tiene la oportunidad de cambiar la situación si se expide una nueva
ley que regule, con reglas y criterios de asignación claros, cómo
se asignan las compras de comunicación social.
Así pues, nuestro punto final es simple:
si el gobierno actual busca realizar cambios de fondo en la
Administración Pública, debe recordar que no solamente es cuestión
de gastar menos (o más, en cualquier caso), sino también de gastar
mejor.
1Fichtner,
J. and Greene, R. (2014) Curbing
the Surge in Year-End Federal Government Spending: Reforming ‘Use
It or Lose It’ Rules.
Virginia. Disponible en:
https://www.mercatus.org/system/files/Fichtner-Year-End-Spending.pdf;
Schweich, T. (2012) Statewide
Year End Spending Practices.
Jefferson City. Disponible:
https://app.auditor.mo.gov/repository/press/2012-44.pdf.
2Por
ejemplo, World Association of Newspapers and New Publishers y Center
for International Media Assistance (2014). Comprando
complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México.
Ciudad
de México: Proceso editores.
https://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.png00adminhttps://publicidadoficial.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/logo-po-h.pngadmin2019-12-17 02:59:572019-12-17 03:36:28El gasto navideño en publicidad oficial
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE
Señor Presidente:
Durante la campaña presidencial, una de sus promesas fue la reducción a la mitad del gasto en publicidad oficial, un rubro cuyo presupuesto fue sobreejercido en más del 50 por ciento respecto de lo aprobado inicialmente durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora, bajo su mandato como Presidente de México, esta promesa se materializó en un compromiso que, sin duda, es una muestra significativa de no volver al dispendio discrecional de los recursos públicos, pero que creemos resulta aún insuficiente para hacer frente a los problemas alrededor de la distribución de la publicidad oficial.
Desde que asumió la presidencia, usted ha manifestado que terminará con los sobornos a medios de comunicación y periodistas, transparentará y rendirá cuentas sobre la distribución de la publicidad oficial; y, sobre todo, que garantizará la independencia de los medios. No obstante, para que esto sea posible, esta reducción y la adecuada distribución de recursos deben ir acompañadas de reglas claras para su asignación.
El 23 de mayo de este año, el periódico Reforma difundió una lista con los nombres de 36 periodistas y sus empresas, que recibieron 1,081 millones de pesos en publicidad oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta información generó mucha controversia, cuestionamientos y dudas. La rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, deben garantizarse a través de una correcta y amplia justificación de la publicación de esta lista y del gasto ejercido. Los debates de estas últimas semanas visibilizan la necesidad de avanzar hacia la regulación de la publicidad oficial y que el gobierno cuente con reglas claras y transparentes para la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación.
Señor Presidente, el Colectivo #MediosLibres le solicita que pida al Congreso priorizar la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la elaboración de una iniciativa de ley preferente propia del Ejecutivo, y la apertura de un debate amplio con un proceso de parlamento abierto para aprobar una nueva ley. Recordarle que, el 25 de octubre de 2018, este colectivo presentó una iniciativa ciudadana de Ley General de Publicidad Oficial[1], la cual es una base para la discusión colectiva. Nuestra iniciativa de ley contempla los criterios claros, objetivos y transparentes para la distribución de la publicidad oficial de acuerdo con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales en la materia. Sólo de esta manera se podrá solventar el problema de la transparencia y la discrecionalidad del ejercicio de estos gastos.
Reconocemos que la nueva política de comunicación social es un avance importante pero también resulta insuficiente, ya que su contenido no acabó con los grandes males de la publicidad oficial. Incluso, usted ha señalado que esperará al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley General de Comunicación Social. Sin embargo, esto puede tomar un tiempo considerable, mientras que los problemas de la publicidad oficial continúan, como lo vimos en las últimas semanas. Su gobierno puede marcar un cambio positivo en la relación entre los medios de comunicación y el gobierno, así como una oportunidad para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Atentamente:
Colectivo #MediosLibres, integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación, periodistas, académicos y académicas.