La nueva política de comunicación social es un paso importante pero insuficiente

Ciudad de México, a 18 de abril de 2019. La política de comunicación social publicada el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, significa algunos avances importantes en la materia pero que no son suficientes para garantizar un mejor uso del gasto en publicidad oficial. Impulsar un cambio real en la relación entre medios y gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales.

 

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El Proyecto de Presupuesto 2019 no reduce el monto asignado a comunicación social: con la #LeyChayote existe un riesgo de sobreejercicios y mal uso de la publicidad oficial

  • El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 2019) proyecta 4 mil 258 millones de pesos a comunicación social.
  • El Colectivo #MediosLibres exige la abrogación de la #LeyChayote, la cual no garantiza el buen ejercicio de los recursos públicos, misma que entrará en vigor el 1 de enero.

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018. El sábado pasado el nuevo gobierno presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la11 Federación 2019 (PPEF 2019), el cual, contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos. El gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esta cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó, lo cual, bajo un ejercicio de rendición de cuentas es necesario. Asimismo, es de suma importancia que los ejercicios sobre publicidad oficial sean transparentes y públicos.

 

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#MediosLibres presenta iniciativa ciudadana para expedir Ley General de Publicidad Oficial

  • El Colectivo #MediosLibres exige al Legislativo abrogar la #LeyChayote e invita a los diversos grupos parlamentarios a apoyar y respaldar la iniciativa ciudadana de ley general para regular la publicidad oficial.
  • Es necesario que el Legislativo dé paso a un proceso plural de parlamento abierto que lleve a una ley que reconozca los más altos estándares internacionales en la materia.
  • Para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad se requieren criterios claros, objetivos y transparentes sobre el uso y asignación de la publicidad oficial.

 

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018. El Colectivo #MediosLibres presenta una iniciativa ciudadana para abrogar la #LeyChayote y expedir la Ley General de Publicidad Oficial que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Desde la publicación de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como #LeyChayote, el pasado 11 de mayo, el colectivo #MediosLibres -integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos-, ha trabajado esta iniciativa ciudadana retomando los más altos estándares en materia de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión, incluidas las bases mínimas emitidas por este Colectivo y presentadas en febrero de este año al Congreso de la Unión y los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa tiene como objetivos eliminar el uso proselitista de la publicidad oficial, impulsar la democratización de los medios, fomentar el pluralismo y garantizar la libertad de expresión e información en nuestro país.

Luego entonces, la iniciativa:

  1. Promueve la regulación de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades gubernamentales.
  2. Obliga a autoridades, pero también a medios de comunicación y otras formas de difusión y promoción a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos de publicidad oficial.
  3. Prohíbe y sanciona el uso propagandístico de la publicidad oficial.
  4. Prohíbe y sanciona el uso de la publicidad oficial para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.
  5. Establece criterios de asignación de la Publicidad Oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
  6. Establece topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10% de lo aprobado).
  7. Establece mecanismos e instrumentos de planeación y evaluación de las estrategias de comunicación social.
  8. Elimina el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración y otorga al INEGI la facultad de llevar a cabo dichas mediciones.
  9. Otorga facultades al INAI como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial.
  10. Crea un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
  11. Fortalece la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.

 

Esta ley es un punto de partida para abrir un debate plural y transparente.  Por esto, hacemos un llamado respetuoso a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para abrogar la Ley General de Comunicación Social y respaldar esta iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial. De esta manera, será necesario conformar, a la brevedad, un espacio de discusión plural, de mesas de trabajo en un proceso de parlamento abierto para aterrizar los puntos más apremiantes de esta propuesta de ley.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha señalado que reducirá en 50% del presupuesto aprobado el gasto en publicidad oficial, sin embargo, la reducción es insuficiente si no existen reglas claras para su asignación. En este sentido, es encomiable que el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada durante el presente periodo de sesiones.

En noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de publicidad oficial genera un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión y limita el derecho a la información de la sociedad. En este sentido, ordenó al Congreso de la Unión a regular el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política a más tardar el 30 de abril de los corrientes. Sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo perdieron una oportunidad histórica para regular la publicidad oficial legalizando las malas prácticas. Por esto, el Colectivo #MediosLibres espera que en este periodo legislativo el Congreso de la Unión apruebe una ley de avanzada que garantice el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y abone a una verdadera democracia.

 

CONTACTOS:

Fundar                                                                                                               Article 19

Diana Amador                                                                                                  Juan Vásquez

04455 23297059                                                                                             10546500 ext. 110

dianaa@fundar.org.mx                                                                                    jvazquez@article19.org

Sí a la reducción del gasto en publicidad oficial, pero con criterios claros de asignación

  • El plan de austeridad de López Obrador contempla la reducción del 50% de la publicidad oficial, pero se requiere acompañarla con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
  • La centralización del gasto en la Secretaría de Gobernación (Segob) es un riesgo para el control de la información, se necesita una instancia autónoma que no afecte la libertad de expresión.
  • La LXIV Legislatura debe considerar la abrogación de la #LeyChayote y la emisión de una nueva.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto

Sin embargo, esta reducción no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación.En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo[1].

A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.

El Colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.

Es por lo anterior que instamos a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.

La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.

Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y  una sociedad realmente informada.

[1]   Por ejemplo, el numeral i) del inciso a) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

Senadores de oposición presentan acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social

  • Senadores presentan una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyChayote porque contraviene la libertad de expresión y otros principios constitucionales.
  • Se abre nuevamente la posibilidad para que la SCJN reitere la inconstitucionalidad y las violaciones a derechos humamos que formaliza la #LeyChayote.

Ciudad de México, 7 de junio de 2018.  En el día de la libertad de expresión en México, 52 senadores del PAN, PT, PRD y Morena  presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social (#LeyChayote), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018 por considerar que esta vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, además de vulnerar las reglas del  procedimiento legislativo.

El Colectivo #MediosLibres saluda esta iniciativa de las y los senadores, reconociendo la labor de oposición y de control constitucional.  Asimismo, lamenta que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos garantes de los derechos violados por esta norma hayan seguido, hasta el momento, el ejemplo de las y los legisladores.

La acción de inconstitucionalidad establece que la #LeyChayote:

  1. Vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión al violar los principios internacionales en materia de publicidad oficial y los señalados en el artículo 134 constitucional.
  2. Incumple los criterios derivados de la exhortación de la SCJN.
  3. Vulnera el derecho fundamental de la libertad de imprenta.
  4. Viola el derecho de las audiencias.
  5. Documenta violaciones al proceso legislativo que afectan la validez de la Ley.

 

Desde el Colectivo #MediosLibres hemos señalado en diversas ocasiones que la Ley General de Comunicación Social promueve y mantiene las malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta. Asimismo, que el proceso legislativo de la #LeyChayote más que atender de manera integral las inconstitucionalidades que señaló la SCJN, fue una simulación para cumplir en tiempo la sentencia y que los legisladores no incurrieran en desacato.

Incluso, el Congreso hizo caso omiso a las recomendaciones y señalamientos  sobre los estándares necesarios en publicidad oficial para garantizar diversos derechos, de actores internacionales como la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Es por lo anterior que, el Senado presenta este recurso -de conformidad con su facultad consagrada en el artículo 105, fracción II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos-, y se logre determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones que afectan los derechos humanos y que están formalizadas en esta #LeyChayote.

En el día en que se celebra la libertad de expresión en México, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia volverá a hacer prevalecer el orden constitucional de respeto a los derechos humanos a fin de avanzar hacia un Estado donde existan #MediosLibres.

Leyes de publicidad oficial estatales deben trascender la Ley Chayote

Leyes de publicidad oficial estatales deben trascender la Ley Chayote

  • El Colectivo #MediosLibres reconoce los  elementos progresivos en la  iniciativa de ley presentada  en el estado de Chihuahua.
  • La iniciativa presentada por legisladores del Estado de Jalisco, replica las disposiciones de la #LeyChayote.
  • Es necesario que la integralidad de las disposiciones previstas en cada una de las iniciativas garanticen la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias.

Ciudad de México a 5 de junio de 2018.- La semana pasada el Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado y un grupo de diputados del Estado de Jalisco, pusieron a consideración de sus respectivos Congresos estatales iniciativas para regular el artículo 134, octavo párrafo constitucional, respecto al uso y asignación de la publicidad oficial.

Desde el Colectivo Medios Libres reconocemos que la iniciativa presentada en el Estado de Chihuahua reúne elementos progresivos respecto a la Ley General de Comunicación Social publicada el 11 de mayo de 2018. No obstante, vemos con preocupación la iniciativa de ley presentada por el Gobierno de Jalisco, ya que replica la actual #LeyChayote.

Sin embargo, ambas iniciativas dejan de lado consideraciones indispensables para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso del Estado de Chihuahua y al Congreso del Estado de Jalisco a tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

Ley para la asignación de publicidad oficial del Estado de Chihuahua

La iniciativa presentada cuenta con una serie de elementos importantes que atienden los más altos estándares internacionales y que deben de mantenerse al momento de su aprobación:

  1. Define claramente los contenidos de la publicidad oficial y es explícita sobre las prohibiciones de acuerdo a los parámetros constitucionales. Prohíbe expresamente la publicidad engañosa y aquella que difunda imágenes, voces, símbolos, etcétera, de funcionarios públicos o partidos.
  2. Reconoce que las publicad oficial siempre debe ser identificable.
  3. Prevé un mecanismo de planeación de las Campañas, de construcción de los mensajes y de identificación de los medios que serán responsables de su difusión.
  4. Establece criterios de asignación de la pauta que no solamente están relacionados con el raiting o el nivel de audiencia.
  5. Fija controles al ejercicio presupuestario.
  6. Crea un consejo consultivo y determina mecanismos control y revisión de la asignación de la pauta.
  7. Obliga a los entes públicos a transparentar toda la información relacionada con la asignación de la pauta y a publicar en un espacio determina los contratos.
  8. Fija una serie de sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con las disposiciones ahí establecidas.

 

No obstante, durante el proceso legislativo se tiene que considerar que:

  1. La publicidad de los informes anuales de labores no debe ser una excepción para la promoción personalizada de los funcionarios públicos.
  2. Debe haber mecanismos de control y transparencia de las audiencias.
  3. Los contenidos, opiniones e información promocionada/pagada en las cuentas personales de redes sociales de funcionarios públicos deben estar sujetos a los parámetros del artículo 134, octavo párrafo constitucional y lo dispuesto en esta ley.
  4. No se debe condicionar la línea editorial de los medios de comunicación a efecto de recibir la pauta oficial. En este sentido, los artículos 25 y 26 deben ser eliminados ya que los mismos pueden generar un efecto inhibidor al ejercicio de libertad de expresión de los medios de comunicación.
  5. La asignación de la publicidad oficial no debe ser discriminatoria, por lo que se debe considerar condiciones especiales para los medios comunitarios y alternativos que les permitan acceder a ella y, así, permitir a las audiencias recibir la comunicación del Estado.

 

Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco.

Lamentablemente, la iniciativa presentada por los diputados del PRI en el estado de Jalisco, no solo replica las malas prácticas previstas en la #LeyChayote, sino que elimina los mecanismos de transparencia previstos en la Ley General y los procesos sancionadores que la violación a las disposiciones de la ley podrían generar.

 

Desde el Colectivo #MediosLibres fuimos claros al señalar que la aprobación de la #LeyChayote daba pauta a los Congresos estatales a regular fuera de los parámetros constitucionales y podría provocar no solamente la regularización de las malas prácticas sino la generalización de las mismas en todo el territorio nacional.  Esta iniciativa confirma lo anterior.

 

El Colectivo #MediosLibres hace un llamado a los Congresos estatales para analizar cada una de las iniciativas a la luz de las bases mínimas de regulación de publicidad oficial presentando al Senado de la República, así como de Los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la CIDH.

 

Peña Nieto legaliza las malas prácticas con la #LeyChayote

  • Sin atender las recomendaciones y observaciones de la sociedad civil, Enrique Peña Nieto aprobó la #LeyChayote que atenta contra la libertad de expresión.
  • Se perdió la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con #MediosLibres.
  • El Juzgado de primera instancia no notificó sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Ciudad de México, 11 de mayo de 2018.- A seis años del surgimiento del movimiento #YoSoy132, y a seis años de su promesa de regular la publicidad oficial, el presidente Enrique Peña Nieto expidió la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, que no atiende los problemas centrales de la publicidad oficial y, por el contrario, legaliza las malas prácticas. La ley publicada el día de hoy por el Presidente de la República, invita a la censura, el gasto desmedido de los recursos públicos, la información falsa, la uniformidad de medios, la corrupción y otras malas prácticas.

Sin atender las peticiones, señalamientos y recomendaciones emitidas por la sociedad civil, los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos internacionales de Derechos Humanos, el poder Ejecutivo y el Legislativo perdieron la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con medios libres. La falta de voluntad política y compromiso por parte de los legisladores en todo el proceso de elaboración de la ley resultó en la emisión de una ley que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y que obedece a intereses particulares y no a los de la sociedad.

A la par, es importante recalcar que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que conoció el asunto en primera instancia, no ha resuelto sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo promovido por ARTICLE 19 para regular la publicidad oficial, la cual fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 15 de noviembre de 2017.

En una apresurada publicación el Ejecutivo Federal se ha manifestado sin esperar el pronunciamiento sobre el debido cumplimiento de una ley que no cumple los estándares mínimos de la materia.

El Colectivo #MediosLibres rechaza la #LeyChayote, que no fue elaborada dentro de un proceso de Parlamento Abierto y de articulación con la sociedad civil. Esta ley es una simulación para cumplir el mandato establecido por la Corte y no entrar en desacato.

A través de esta aventurada publicación, se refleja el poco compromiso político y social que esta administración ha tenido en estos casi seis años de gobierno, y más grave aún, deja pendiente el compromiso asumido al entrar en funciones de regular la publicidad oficial.

Carta abierta a Enrique Peña Nieto

Ciudad de México, 3 de mayo de 2018.

 

 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE

 

Señor Presidente:

En 2012, su elección fue marcada por el movimiento estudiantil #YoSoy132 que surgió de la necesidad de contar con medios libres y objetivos para poder tener información veraz y oportuna en momentos tan relevantes como las campañas electorales. Para responder a esta demanda de la juventud mexicana, usted prometió la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. Esta promesa fue plasmada en el compromiso 95 del pacto por México.

Seis años después, su sexenio se está terminando y la promesa de la creación de esta institución independiente y la regulación de la publicidad oficial se está desvaneciendo. Esta posibilidad de cambio tomó la forma de una Ley General de Comunicación Social aprobada por el Poder Legislativo, el pasado miércoles 25 de abril. Es esta ley, tan criticada que ha sido bautizada como la #LeyChayote, que usted mismo, señor Presidente, está a punto de promulgar.

Este 3 de mayo, el día mundial de la libertad de prensa, nos recuerda más que nunca que México sigue teniendo el triste y doloroso título del país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. En este día, quienes suscribimos esta carta le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil.

Como lo prevé el artículo 72 fracción A de la Constitución mexicana, usted, señor Presidente, como titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de no promulgar esta ley regresiva y hacer las observaciones  necesarias a esta norma para que regrese a su Cámara de origen.

Los y las legisladoras pasaron por la fuerza esta ley sin integrar ni escuchar las propuestas, críticas y comentarios de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y periodistas. No incluyeron tampoco ninguna de las sugerencias realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), o Organismos internacionales de Derechos Humanos como el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y de los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de derechos humanos, para citar algunos actores que alzaron su voz en contra de este texto legislativo y a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos que trastoca el propio tema.

Con base en estas diversas propuestas[1] compartidas en los últimos meses, solicitamos se integren los siguientes puntos a la ley:

  1. La ley debe prever criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial para terminar con la arbitrariedad y discreción en su distribución.
  2. La ley debe establecer controles presupuestarios, limitar y prohibir los sobre ejercicios y establecer un tope de gasto en este rubro.
  3. La ley debe prohibir la promoción personalizada en el marco de los informes anuales.
  4. Se debe desaparecer la existencia de los mensajes extraordinarios que solo abonan a la discrecionalidad del manejo de la publicidad oficial
  5. Como usted lo prometió en 2012, se deben crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización de la publicidad oficial en lugar de concentrar más poder en mano de la Secretaria de Gobernación.

Señor Presidente, en sus manos está la ultima oportunidad de escribir una historia a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por esto, le solicitamos atenta y sentidamente que haga las observaciones necesarias a la ley y que estas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas hemos hecho a lo largo de estos cinco meses desde que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 

Atentamente:

AMARC
Amedi
Amedi, Capítulo Jalisco
Amedi, Capítulo Nuevo León
Amedi, Capítulo Puebla
Artículo 19
Barra Mexicana  Colegio de Abogados SC
Borde Político
Cauce Ciudadano AC
Causa en Común
Cencos
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C
Ciudadan@s por la Transparencia
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comunicación Comunitaria A.C.
Con el apoyo  internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC
Cultural Survival, organización por la defensa de los derechos indígenas
Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana CDMX
Enjambre Digital
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar
Horizontal
IMCO
Instituto de Justicia Procesal Penal
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC
Instituto para la Seguridad y la Democracia
Lado B
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia AC
Noroeste
Observatel
Observatorio Con Los Ojos Abiertos
Organización Nacional Anticorrupción AC
Plan Estratégico de Juárez
Proceso
Red de Periodistas de a Pie
Red en Defensa de los Derechos Digitales
Red Libre Periodismo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Red Viral
Redes Quinto Poder
REDIM, Red por los derechos de la infancia en México
Renacer Lagunero
Reporteros Sin Fronteras
Sabuesos Guerreras AC
Servicios y Asesoría para la Paz AC
Sin Embargo
Tlachinollan
 
 
Adrián López Ortiz
Alberto Athie
Aleida Calleja
Alejandra Wade
Alejandro Cárdenas
Alejandro García Villasuso
Alejandro Páez Varela
Alfredo Lecona
Antonio Martínez Velázquez
Beatriz Solís Leree
Calos Cruz Santiago
Catalina Pérez Correa
Cuauhtémoc Cruz
Cynthia Dehesa
Daniel Lizárraga
Daniel Moreno
Denise Dresser
Elena García
Ernesto Aroche Aguilar
Eunice Rendón
Ignacio Rodríguez Reyna
Irina Vázquez Zurita
Jorge Carrasco Araizaga
Juan Martín Pérez García
Julián Mejía Berdeja
Julio Madrazo
Layda Negrete
Leonor Gómez
Lilia Vélez Iglesias
Liliana Ruiz Ortega
Luis F. Fernández
Mara Gómez Pérez
María Elena Morera
Mariana Campos
Pablo Girault
Rosalía Orozco Murillo
Sergio Meza de Anda

[1] El decálogo de las bases mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial y el posicionamiento del 02 abril difundido por el Colectivo #MediosLibres, el informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial de la CNDH, y la carta de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión del 24 de abril.

 

Legislativo incumple sentencia de la Suprema Corte sobre regulación de publicidad oficial

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.

 

  • Sin escuchar las criticas ni advertencias, el Senado pasa en fuerza la Ley General de Comunicación Social y la aprueba sin ningún cambio,
  • La ley no cumple con lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Legaliza las malas prácticas en torno a la publicidad oficial, mantiene el estatus quo.

 

La noche del miércoles 25 de abril el pleno del Senado de la República con 60 votos favor, 46 en contra y una abstenciónde aprobó la Ley General de Comunicación Social en un proceso legislativo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades que desde el Colectivo #MediosLibres denunciamos en más de una ocasión.

 

La minuta votada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre del 2017 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial, y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por los diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión.

 

A través de esta simulación legislativa en la que se buscó emitir la ley antes del 30 de abril, fecha límite establecida por la Corte para no entrar en desacato, no se cumple con lo establecido en la sentencia ya que persiste “la vulneración a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión”. Asimismo, la libertad de expresión se sigue viendo afectada al no establecer reglas claras en el tipo de gasto de la publicidad oficial. En palabras de la sentencia esta ley aprobada en el pleno del Senado “viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.”

 

El proceso que se siguió en ambas Cámaras no respetó los lineamientos legislativos ni el diálogo con la sociedad civil, lo cual se traduce en que esta ley, es una ley sin consenso. A pesar de las reuniones en Comisiones Unidas (Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos Primera) los días 19 y 24 de abril, en las cuales llegaron a un empate, la minuta no tuvo ningún cambio en su contenido y se aprobó en el pleno de la Cámara de Senadores, lo cual incumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

 

Sin importar los diversos llamados no sólo del colectivo #MediosLibres sino de organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), y de diversos actores de oposición dentro de ambas cámaras, esta ley fue aprobada sin considerar las preocupaciones que se denunciaron a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia.

 

Esto claramente muestra una total falta de voluntad política, una falta de compromiso por parte de las y los legisladores, que se vio reflejado en un supuesto cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte dejando una gran deuda que el Congreso tiene para con la sociedad, así como para sus derechos y libertades. No puede existir una sociedad democrática sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresión como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garantías para ejercer la libertad de expresión se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia. Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas, lo que implica que los medios de comunicación “sirvan para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad”.

 

La falta de diálogo con la sociedad civil y su integración en el proceso tuvieron como consecuencia que esta ley obedezca a intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere. Por tales motivos y razones, es que desde el colectivo reprobamos la forma en la que se condujo este proceso legislativo y rechazamos contundentemente el resultado en la que esta ley derivó, que deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información de esta sociedad.

 

Este no es un cumplimiento integral, y finalmente con esta aprobación de la minuta persistirán las violaciones a los derechos humanos que la Suprema Corte intentó proteger en su sentencia. No bastaron cinco meses para que el Congreso hiciera lo que se le ordenó y decidieron hacer su trabajo legislativo en escasos dos meses a través de un proceso lleno de irregularidades.

El Senado, ante la última oportunidad de hacer historia

  • Este martes, los senadores pueden corregir la deficiente regulación de la Ley General de Comunicación Social.
  • PRI y PVEM intentan aprobar sin discutir un dictamen elaborado sin consenso y ni participación ciudadana.
  • La propuesta oficializa lo peor de la relación entre medios de comunicación y el Estado.

 

Ciudad de México, 23 de abril de 2018.  Después de que la discusión de la Ley General de Comunicación Social dividiera a las comisiones legislativas, este martes las y los senadores se reunirán de nuevo y tendrán la última oportunidad de establecer una regulación histórica que cambie las relaciones viciadas entre los medios de comunicación y el poder.

A siete días de cumplirse el plazo establecido por la Suprema Corte para emitir la Ley que regule la publicidad oficial en el país, aún no se cuenta con un proyecto de ley efectivo ni de consenso en el propio Congreso de la Unión y con la sociedad civil.

El jueves pasado se discutió en Comisiones Unidas dentro del Senado de la República el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, la cual tuvo su origen en la Cámara de Diputados. La voluntad del PRI en coalición con el PVEM y PANAL de querer imponer un dictamen de ley regresivo y criticado por la sociedad civil, las instancias internacionales y la oposición, llevó a una situación inédita. En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Comisión de Gobernación, los votos a favor y en contra empataron; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos votó en contra del dictamen.

Esta suspensión en la votación no es más que el resultado del rechazo a un proyecto de ley que no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Ley General de Comunicación Social no es un producto que nace del consenso y de la participación ciudadana, es una mera formalización y simulación para que las y los legisladores no entren en desacato. Incluso, en días pasados, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, mencionó que “La Suprema Corte no pide la formalización del statu quo: exige un cambio”, además de que la propuesta de ley legaliza lo que la corte calificó como “restricción indirecta a la libre expresión”.

Desde la sociedad civil, nos hemos pronunciado en diversas ocasiones en contra de este dictamen de ley, que es una iniciativa que no contempla el decálogo elaborado por el Colectivo #MediosLibres, tampoco integra los criterios internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tampoco recoge las propuestas de las otras iniciativas de ley emanadas desde otros frentes en el Congreso, sino que es una copia de la iniciativa impulsada por el PRI.

Es lamentable que desde que se pronunció la SCJN no se haya escuchado ni dialogado con la sociedad civil para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas en el tema. Los partidos PRI, PVEM y PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores.

A efectos de cumplir cabalmente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso debe plantearse las alternativas necesarias para emitir una legislación que cumpla con las bases mínimas que ya fueron señaladas por los ministros. Por eso exhortamos a las y los Senadores reconsiderar el dictamen y no desperdiciar esta oportunidad histórica que ahora tienen en sus manos. Deben escuchar las voces en contra de esta Ley General de Comunicación Social y frenar su aprobación. Si esta ley pasa sin modificación representaría un retroceso para el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.